Una punta de la manta la levantó el agente de la Secretaría para la Impunidad del Estado (SIDE), Isaac Eduardo García, al confesar el pasado 21 de agosto en el juicio oral sobre el caso AMIA, su participación junto a varios otros empleados de esa secretaría, en sobornar con 400 mil dólares al reducidor de autos, Carlos Telleldin, con el objeto de que el 6 de julio de 1996 incriminara ante el juez Juan José Galeano a un grupo de policías bonaerenses, capitaneado por el ex-comisario Juan José Ribelli.

    A cambio de ese dinero Telleldin fingió que se lo extorsionó para que aparentemente entregara la camioneta Trafic que supuestamente estalló frente a la AMIA dos años antes. La real existencia de ese vehículo y su eventual explosión se desvanecen al ritmo que se descorren los velos que encubren la verdad, luego que el Presidente Néstor Kirchner decidiera erradicar la complicidad para con  terrorismo que anidara en el Estado durante los años de plomo de Carlos Menem.

    En el sumario del juez Galeano, a esa Trafic-Bomba afirmó haberla visto un solo testigo y a 200 metros de la AMIA. Lo dijo Nicolasa Romero, una enfermera del Hospital Churruca, establecimiento dependiente de la Policía Federal, aunque ella misma lo desmintió posteriormente, revelando que fue presionada para que lo dijera por un oficial de bomberos de la misma Policía Federal. En cuanto al chofer suicida que se habría inmolado al volante de esa Trafic, Ali o Hibrahim Hussein Berro, o Berru, el jefe del equipo de la SIDE que lo investigó, Patricio Finnen, descarta que haya actuado en esa operación, como viene de admitirlo en el juicio oral de la AMIA.

    Retomando las audiencias en ese estrado y volviendo a Isaac Eduardo García, cabe consignar que quizás consideró no disponer del contexto adecuado para asimismo recordar, que con el seudónimo de Ismael Garabar, también participó actuando para la SIDE, en el pago de otras coimas, las del Senado de la Nación, una manta de la que, en su momento, tirara el diario argentino “La Nación”. (1)

    En esta semana, los correligionarios de García en la aventura de corromper a un implicado en la causa AMIA –Patricio Finnen, Alejandro Brousson, Héctor Maiolo y Juan Carlos Legascue- confirmaron lo anticipado sobre el desembolso de los 400 mil dólares, precisando que todos obedecieron ordenes del entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, de quien se espera comparezca en la vista oral el martes próximo.

    Legascue comentó al pasar que se sirvió de su puesto en la SIDE para hacer negocios con Iran, favoreciendo a una empresa de su propiedad, “Canteras Brandsen”, una sociedad en realidad perteneciente a la SIDE, en cuya trama Legascue juega de testaferro. No era tal vez la ocasión de traer a la memoria que fue esa compañía a la que García, alias Garabar, “compró” los teléfonos celulares que utilizó para ponerse en contacto con los senadores nacionales y organizar el itinerario de postas y traspasarles los sobres con las quemantes divisas que mandó coimear el sucesor de Anzorregui al frente de la SIDE, el ex banquero Fernando de Santibañes, con el fin que se votara la Reforma Laboral durante la presidencia de Fernando De la Rúa.

   Como va a hacer Anzorreguy para zafar de esta encerrona judicial, es la gran incógnita en las vísperas de su obligada declaración ante el tribunal. Los pretextos y justificativos que previsiblemente esgrimirá para arropar el origen y el móvil de los 400 mil dólares podrían facilitarle no referirse a otros secretos que permanecen incrustados en los subsuelos de estos trágicos episodios, durante los diez años en que ejerciera la jefatura de la SIDE bajo mandato de Carlos Menem.

    En ese periodo, concretamente en marzo de 1992, pocos días después del atentado contra la Embajada de Israel, desapareció de los archivos de la SIDE el legajo de Monzer Al Kassar, que había comenzado a ser investigado por tres funcionarios de esa repartición, a raíz de su sospechosa presencia y reuniones en Buenos Aires y de sus inquietantes llamadas telefónicas a Tunez, Marbella y Siria. (2)

    En esa ficha se recogían los informes notificados por los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, Francia e Italia, cuyo contenido debió imposibilitar que el sirio Al Kassar, primo lejano de Menem, accediera legalmente a la ciudadanía argentina, gracias a los tramites espureos que conducen a estrechos colaboradores del ex-presidente; el ex-ministro del interior, José Luis Manzano, y el todavía Procurador General de la Nación Nicolás Becerra. Anzorreguy frenó la investigación de Al Kassar dentro de la SIDE, no dispuso reconstruir su expediente, y la perdida de la documentación jamás fue esclarecida.

    Cinco años después, el 24 de febrero de 1997, el responsable del Departamento de Antecedentes de la SIDE, Emilio Roberto Campana, apodado “Señor Cámara” entre los espías, señaló a la justicia que Monzer Al Kassar no existía en el banco de datos de ese organismo de seguridad del Estado. Olvidó agregar que en 1992, al volatilizarse la carpeta con los antecedentes criminales de Al Kassar proporcionada por tres organismos de seguridad extranjeros, eso ocurrió en la dependencia a su cargo.

    Entre tanto, a los indicios sobre la presunta implicación de Al Kassar en el atentado contra la Embajada de Israel, se añadieron los que confluyen en el atentado de la AMIA, el 18 de julio de 1994. Cabe destacar sus vínculos con Alejandro Tfeli, médico de Menem cuya firma autorizó el usufructo de un terreno municipal en Capital Federal, donde se cargó de nitrato de amonio y rellenó de chatarra como metralla el doble fondo de un volquete que se colocó delante de la AMIA antes de su voladura. Del camión, que conducía Alberto Lopez, era dueño la compañía “Santa Rita”, cuyo titular es Nassib Haddad, de origen libanes.

    En este capítulo conviene no dejar de lado la conexión de Al Kassar con Alberto Jacinto Kanoore Edul (h), amigo de Menem y vecino del terreno antes mencionado que evidentemente sirvió como puesto de mando a los terroristas. Kanoore Edul estuvo fugazmente detenido dos veces tras el atentado. Sin embargo, consiguió ser liberado por intervención de Munir Menem, hermano del otrora presidente.

    Entre las relaciones comerciales de Edul resalta “Anselmo Internacional”, por cuyo conducto se llega al dueño del volquete, Nassib Haddad, en cuya contabilidad se detectó un agujero de comprobantes por la compra, en octubre de 1992, de 300 kilos del mismo explosivo que deflagró en la AMIA. Detenido Haddad, vinieron en su auxilio para sacarlo del atolladero, Carlos Ruckauf, vicepresidente de Carlos Menem durante su primer mandato, y Carlos Franke, director de Producción de Fabricaciones Militares, actualmente procesado por contrabando de armas a Croacia, perpetrado con decretos presidenciales de contenido falso, firmados por Carlos Menem.

    Resulta evidente que los caminos conducen al circulo aúlico del gobierno de este último, pero no es de imaginar que Hugo Anzorreguy vaya a tirar de la manta, y quedar desnudo a la intemperie de la historia.

   Juan Gasparini

(1)  La acusación contra Eduardo García, alias Ismael Garabar, coordinando el pago de las coimas del Senado bajo ordenes del mayor (RE) Alejandro Brousson,  jefe de contrainteligencia de la SIDE, fue publicada en el foro de lectores del diario “La Nación”, y reproducida en “La Prueba”, libro periodistico de Norberto Bermúdez y Juan Gasparini (Javier Vergara, Argentina, 2001). En ese reportaje se publica además una radiografía de las empresas de utileria de la SIDE y se anticipa que “Canteras Brandsen” se haya denunciada como sociedad instrumental de la SIDE en la causa de las coimas del Senado, cuyos fiscales, Eduardo Freiler y Federico Delgado, mantienen a flote el sumario a pesar de la voluntad de los diferentes jueces de instrucción que se han sucedido de archivar las diligencias y no descubrir la verdad.

(2) El encubrimiento de Monzer Al Kassar por parte de la SIDE fue descripto en “La delgada línea blanca”, libro periodístico de Rodrigo de Castro y Juan Gasparini (Ediciones B, Argentina y Chile, 2000).