Desafiando en muchos distritos las restricciones a la circulación dispuestas por las medidas preventivas en el contexto de la pandemia de Covid-19, miles de argentinos se expresaron en el Día de la Bandera en contra de un conjunto de cuestiones que involucran al presidente Alberto Fernández y que ponen de manifiesto un desgaste prematuro de su gestión y un cuestionamiento a muchas de sus políticas.

En especial, algunas muy controversiales como el caso Vicentín o el reconocimiento de que se pague una pensión vitalicia de 400 mil pesos mensuales al expresidente Amado Boudou, a pesar de tener una condena ratificada en segunda instancia y en un contexto en el que se viene postergando la aplicación de la fórmula de actualización a los haberes de millones de jubilados.

Sería un error leer lo ocurrido como una defensa de parte de la ciudadanía a una empresa privada, como planteó a modo de chicana algún funcionario. Lo que hubo fue una defensa de la propiedad privada como principio, lo cual pone en evidencia que hay un segmento importante del país que descree que se trate de un caso excepcional; por el contrario, interpreta esta expropiación como el inicio de una avanzada más amplia y peligrosa, y reacciona en consecuencia.

El gobierno puede argumentar que se está sobrerreaccionando, pero debería preguntarse por qué alguien puede leer esta coyuntura de ese modo. Hay un pasado reciente de un gobierno que propuso “vamos por todo”; hay declaraciones de importantes voceros del oficialismo en el mismo sentido; hay una clara política contraría al sector agroindustrial; y también proyectos de nuevos impuestos confiscatorios. ¿Es tan antojadiza la reacción de las decenas de miles de personas que se manifestaron el pasado sábado?

El presidente justificó su accionar como consecuencia de un pedido de ayuda de los propios accionistas, frente a un escenario cada vez más complicado para ellos por el avance del concurso de acreedores. ¿Por qué tienen los contribuyentes que asumir con su esfuerzo las consecuencias de los errores cometidos por empresas privadas? Sobre todo, en un contexto como el actual donde muchísimas otras empresas van a pasar por circunstancias parecidas o incluso aún más complejas como consecuencia de la crisis estructural que vive la Argentina, agravada por la pandemia y también por las medidas erróneas que está tomando el gobierno del Frente de Todos, por ejemplo, postergar el arreglo con los bonistas (que impide acceder a financiamiento). También, mantener la doble indemnización en caso de despidos, que impide adaptar el tamaño de las plantillas de trabajadores a los cambios de la demanda, generando mayores costos fijos. O bien medidas restrictivas en el acceso a las divisas que complica el pago de deuda e importaciones de insumos intermedios.

Todo esto, sumado a una altísima carga tributaria, genera un clima de inversión sumamente negativo, como pone de manifiesto la última edición del Índice de competitividad, realizado por el Centro de Competitividad Mundial del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD World Competitiveness Center), donde la Argentina es el segundo país menos competitivo, sólo superado por Venezuela, entre 61 países que incluye la muestra. Por eso, si al presidente y a muchos dirigentes del oficialismo no les gustan las comparaciones con Venezuela, entonces van a tener que esforzarse mucho para mejorar la competitividad, porque únicamente mirando esta dimensión y sin tener en cuenta términos conflictivos como expropiación, soberanía alimentaria o condena a la extranjerización que el propio presidente Fernández ha utilizado con frecuencia, la asociación con Venezuela es inevitable.

Sin embargo, en alguna medida lo ocurrido el sábado también fue una alerta para la oposición porque el “Banderazo nacional” fue una reacción espontánea de parte de un segmento amplio de la ciudadanía, coordinada y tal vez fogoneada a través de las redes sociales, pero sin liderazgos políticos partidarios organizando o capitalizando este descontento. Surge así una disyuntiva desde el punto de vista del tipo de oposición que demanda esa porción de la sociedad y que no será fácil de resolver. Porque si las fuerzas de la oposición se hacen eco de esta clase de reclamos consecuencia de lo cual se polarizan el debate y las posturas, se refuerza la grieta y esto genera una situación de pisos electorales significativos, pero con dificultades para alcanzar mayorías. De hecho, quien ofrece una solución, con críticas desde algunos sectores, pero que por lo menos evita la expropiación y respeta el concurso judicial es el gobernador santafesino Omar Perotti. Esta solución, que cuenta en principio con el beneplácito de otras figuras del oficialismo como el senador José Mayans, se puede interpretar como que ante situaciones de polarización es el peronismo moderado quien ofrece una alternativa.

Como primera conclusión, podemos mencionar que el presidente Fernández no fue capaz de contener a los sectores más radicalizados de su coalición. No frenó el avance contra Vicentín, tampoco el reconocimiento de la jubilación de privilegio al exvicepresidente Amado Boudou, ni a los sindicatos que le exigieron a Latam, en un contexto en que los vuelos estaban suspendidos, que continúe pagando los salarios en su totalidad cuando es sabido que en muchos otros sectores se aceptaron reducciones para justamente evitar asfixiar a las empresas y poner en riesgo las fuentes de trabajo. En este sentido, el presidente paga un costo político alto al desdibujarse en su rol de árbitro, licuando sus credenciales moderadas.

El segundo aprendizaje es que en la Argentina hay segmentos de alta relevancia en lo político y con un piso electoral significativo que viven en un anacronismo conceptual extraordinario y ponen en la agenda temas como la soberanía alimentaria o cuestionan la inversión extranjera, en un mundo en donde todos los países civilizados se desviven y compiten justamente por atraer inversores sin importar su procedencia.

El tercero, es la lamentable tendencia de un segmento relevante del capital nacional, de recurrir al Estado para que pague los costos de los errores privados. El salvataje de Vicentin es el resultado de importantes errores en el manejo de la empresa y cuando las empresas se equivocan hay procedimientos como los concursos de acreedores y eventualmente las quiebras que resuelven la situación. Que quiebre una empresa no es intrínsecamente malo, pues si una empresa se equivoca es importante tanto para sus dueños como para sus empleados y para el conjunto de la sociedad que comprueben que si se hacen las cosas mal hay que pagar las consecuencias. ¿Qué incentivo pueden tener las otras empresas para hacer las cosas bien y no repetir los errores cometidos por Vicentin si hay un Estado que salva a los que comenten serios errores? En el peor de los escenarios, si Vicentin deja un tendal de deudas el aprendizaje de esos agricultores o proveedores de servicios será que deben diversificar sus riesgos y no vender todo a una sola empresa.

En síntesis, debemos dejar que el capitalismo funcione, tanto en su lado expansivo y también cuando la situación no es tan buena. De lo contrario, nunca habrá un aprendizaje de las ventajas que tiene y de la capacidad del mismo sistema de reabsorber los activos, si se recomponen empresas por ejemplo luego y gracias a un concurso. Es decir, dejemos que funcionen los incentivos para orientar el comportamiento de los actores económicos y sociales.

Si no vamos a dejar que funcione el capitalismo, al menos permitamos que funcionen las instituciones de la República. Que funcione la Justicia con total independencia y también la democracia en el sentido de promover el diálogo, buscar el consenso, de escuchar a todas las voces. El presidente Alberto Fernández dice estar harto de que lo acusen de querer expropiar una empresa cuando sus propios dueños le piden un salvataje, pero la solución es sencilla: que les niegue ese rescate. Para avanzar en una medida controversial que implica el uso de los recursos de los contribuyentes, donde siempre se termina pagando más de lo que parece como fue el caso de YPF, podemos utilizar mecanismos participativos como por ejemplo una consulta popular, para saber si la ciudadanía está de acuerdo en que se avance en ese sentido.

El caso Vicentin lo que hace es poner luz sobre algo importante que es que en nuestro país nos quejamos de la falta de crecimiento y de calidad institucional, pero en la práctica abortamos la posibilidad de que capitalismo y democracia provean soluciones tanto desde el punto de vista del bienestar como del interés público.