“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”. Quién mató a Rosendo. Rodolfo Walsh.

Rodolfo Canicoba Corral renunció. Desató un debate y también un inesperado balance en la agenda pública. El debate es moral: ¿Debe el gobierno aceptar la dimisión de un magistrado que le sirve para acceder a una jugosa jubilación y para no rendir cuentas ante el Consejo de la Magistratura? Todos los gobiernos en algún momento enfrentan esta tensión.

Néstor Kirchner rechazó la renuncia de Juan José Galeano y permitió que enfrente el juicio político por su actuación en el impune atentado de la AMIA. Mauricio Macri hizo exactamente lo contrario con Norberto Oyarbide quien en 2018 reconoció aprietes a la hora de dictar sentencia, pero ya estaba jubilado.

Canicoba Corral es un caso singular. Tuvo causas resonantes y aunque sus sentencias fueron polémicas, solo pagó costos sociales. De hecho, reemplazó a Galeano en el caso de la AMIA, no logró avances significativos y no se le exigieron cuentas por ello. Eludió también investigaciones judiciales y convivió con tranquilidad con apodos poco elegantes con respecto a su honor. Su simpatía y su habilidad para especular con los tiempos de las investigaciones le permitieron surfear las aguas de Comodoro Py.

Si su renuncia es aceptada, se va indemne. Al colega Hugo Alconada Mon le dijo: "Me van a extrañar… No soy ni de lejos el peor”.

Rodi, como se lo conoce en tribunales, fue juez desde principios de los ‘90. Lo acompañó la sospecha y la polémica, pero permaneció en su cargo. Deconstruir las razones de su longevidad como magistrado debe ser parte de la anunciada reforma judicial que, finalmente, estos días verá la luz.

La importancia de cambiar leyes debe ir acompañada de otras reformas que necesariamente deben impedir que se repita el caso de Canicoba Corral que impartió justicia por más de 20 años envuelto en sospechas, sin que nunca se despejen para un lado o para el otro. ¿Donde yacen las razones de ello? De la respuesta a esa pregunta depende gran parte de la reforma que, como tantas veces se dijo en Dos Justicias, no es un problema de personas, sino de sistema.

En la cuestión sistémica anida también la explicación de la excarcelación de Lázaro Báez y ese expediente debería ser mirado con lupa por quienes van a discutir la reforma de la justicia. Báez está imputado por hechos que fueron denunciados por Elisa Carrió en Comodoro Py en 2008. Fue detenido en abril de 2016 y aún no hay una sentencia que lo condene o que lo absuelva.

No debería escandalizarnos su libertad, debería horrorizarnos que no sabemos qué pasó. Sobre todo porque es verdad que necesitamos saber el modo en que Báez consiguió su éxito económico. Pero también es interesante que la justicia nos explique cómo nació esa causa, en base a qué pruebas se alimentó, que despeje la bruma que permanentemente tuvo esa investigación y que, finalmente, los jueces expliquen a la sociedad quién es quién.

En otras palabras: que hagan su trabajo completo y que disipen todas y cada una de las dudas que se tejen en derredor de Lázaro Báez y de las acciones del Estado a la hora de enjuiciarlo.