El debate sobre un informe del sistema judicial en Venezuela, con un capitulo respecto la región del Arco Minero del Orinoco, celebrado en Ginebra, puso en evidencia la parálisis que impide encontrar una solución democrática para las violaciones de los derechos humanos que denuncia la ONU. El gobierno de Venezuela rechazó el documento, que no fue presentado por Michelle Bachelet, sino por su adjunta, Nadal Al-Nashif. Salvo México, que no habló, la mayoría de los países América Latina opinaron de forma consensuada, pese a diferencias de matices.

Las alegaciones fueron estructuradas en base a información por lo general abierta, recogida dentro de Venezuela por al menos dos funcionarios de la ONU, que serían el germen de una oficina futura de Bachelet en el terreno para dar seguimiento a la evolución de la situación en tiempo real. Para la presente ocasión pudieron asimismo entrevistar a “fiscales y jueces retirados y en ejercicio, abogados, académicos, y defensores de los derechos humanos”, víctimas y sus familiares.

El texto actualiza la “falta de independencia del sistema de Justicia”, objeto de presiones del Poder Ejecutivo, “especialmente en los casos de relevancia política”, con “amenazas de despido” a magistrados presumiblemente indóciles. Y también destituciones “sin un debido proceso”, ni organización de “ningún concurso de nombramiento público de jueces titulares”, inseguridad que se extiende “a los fiscales”, todos en condiciones de extrema precariedad, con salarios de miseria.

La ONU constató paralelamente “el continuado uso de la jurisdicción militar para enjuiciar civiles”. En ese marco “los jueces, fiscales y abogados son considerados militares en servicio activo, por lo que están sometidos a la disciplina militar y al principio de obediencia jerárquica”. A ello se suman “tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando interno del TSJ en lugar de mediante una ley de la Asamblea Nacional”.

Sin embargo, el meollo de la controversia de cara a resolver el conflicto, anida en que la solución de las diferencias entre el gobierno y la oposición para normalizar el país debe ser refrendada por una consulta electoral nacional pactada, que desde 2015 fue puesta en crisis por el nombramiento de 13 jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuando la Asamblea Nacional era dominada por el actual gobierno, acarreando como consecuencia el socavo de la conquista de la mayoría entre tanto obtenida por la oposición en dicho parlamento. Se forzó la jubilación anticipada de 13 de los integrantes del TSJ, mientras que “algunos” de los nuevos “habían ocupado cargos en el poder ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder”, cuya “mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución para ser magistrados”.

Por cierto, en el contexto de 127 sentencias dispuestas por el TSJ entre diciembre de 2015 y mayo de 2020, que invalidaron decisiones de la Asamblea Nacional alineada con la oposición, parecieron propiciar que el 26 de mayo de 2020, el TSJ “ratificó la elección del parlamentario Luis Parra como Presidente de la Asamblea Nacional y calificó la presidencia de Juan Guaidó de desacato, sin verificar si Luis Parra había conseguido el número de votos necesarios para su elección como presidente del parlamento”. Tal conducta significaría un “fraude”, aunque la ONU elude calificarla así, con el agravante que “desde marzo de 2017, el TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido”.

Al tiempo, la ONU verificó la existencia de desapariciones forzadas y casos de torturas, citados con nombres y apellidos de sus victimas. Registró que “el Ministerio Público recibió 32.530 denuncias por actos de violencia contra la mujer, pero no aportó información sobre las conclusiones de su examen”. Añadió que “solo existen cinco refugios para ofrecer protección a las mujeres” que han sufrido “violencia de género”, y recabó información sobre hechos de “explotación sexual” de “mujeres y niñas”, que apuntarían a la existencia “de redes de trata”.

El capitulo de la investigación de la ONU sobre la “situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco”, conecta con “los territorios tradicionales de 16 grupos indígenas que viven principalmente en 197 comunidades ubicadas en esta “área geográfica”. En la zona se observa “la presencia y la actuación de los grupos armados”, que producen “daño ambiental”, donde el “aumento de la violencia y los actos de intimidación desde 2018,”, están en “aumento”, debido a la “presencia de unidades militares, bandas criminales y elementos armados”, que atentan con la seguridad de la poblaciones autóctonas. Estos grupos practican “la extorsión y a menudo controlan la circulación de suministros esenciales”. La intensiva minería allí practicada afecta el “derecho de los pueblos indígenas a preservar el medio ambiente y menoscaba la capacidad productiva de sus territorios y recursos”.

La ONU estima que los esfuerzos del gobierno han sido insuficientes en lo que atañe a “organizar y regular la actividad minera”, en expansión. Le “inquieta profundamente la falta de consentimiento libre, previo e informado”, en relación con los “territorios tradicionales” de los pueblos autóctonos. Ello afectaría “considerablemente el derecho fundamental a su autodeterminación y sus derechos con respecto a sus tierras y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente y a vivir en paz y seguridad”.

Mediante 21 recomendaciones, la ONU exhortó a Venezuela a tomar medidas para corregir el rumbo. Los países latinoamericanos que apoyaron el informe de la Oficina de Michelle Bachelet , celebraron que Venezuela coopere con la ONU, no obstante los matices de enfoque entre algunos de ellos. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, y Perú, acompañados por Canada, resaltaron la necesidad de “una salida pacifica a la crisis, liderada por los propios venezolanos, a través de eleciones generales presidenciales y parlamentarias, que sean libres, justas y creíbles, con observadores internacionales”.

Uruguay saludó “que continúen las facilidades para el acceso a los centros de detención, las entrevistas a detenidos y familiares y la investigación de las denuncias individuales”, sin dejar de considerar “inadmisibles las detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas temporales, así como el hostigamiento a las fuerzas de oposición, intimidaciones y amenazas a dirigentes políticos y miembros de la Asamblea Nacional”.

Para Argentina, en Venezuela la “crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19”. Invitó al gobierno “a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada”, y concluyó que “que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección” del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.