Expertos de ONU mantienen la presión para que México arroje luz en las desapariciones de 43 estudiantes hace 6 años de Ayotzinapa. Innumerables detenciones y un “cerebro” represivo en fuga.

Varias decenas de detenciones, y un pedido de captura internacional reactivan el caso Ayotzinapa en México. Las medidas confirman el reclamo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, compuesto por 18 expertos independientes elegidos mediante el voto secreto de los países que lo han ratificado, el cual denunció la “recurrente impunidad de los agentes del orden” en México, evidentemente relacionados con “desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales”, según un informe que circula oficialmente en Ginebra.

Al respecto, notó “con preocupación graves insuficiencias presentadas en las investigaciones y enjuiciamiento… particularmente la falta de asignación de los recursos necesarios a los responsables de la investigación, la falta de autonomía, independencia, imparcialidad y celeridad”, en la pesquisa, y un déficit “de fiscalías o unidades especializadas en delitos graves”, que atentan contra las libertades públicas y derechos individuales.

Al “número exiguo de persecuciones y condenas”, se agregaría también “la reducida capacitación de los servidores públicos a cargo de las investigaciones”, y la ausencia de “autonomía e independencia de los peritos”, involucrados en la diligencias en curso, mientras se toma a su vez conocimiento de actos “de intimidación y violencia en contra de las víctimas y sus familiares cuando denuncian casos de violaciones de los derechos humanos”.

Los expertos exhortaron a México a que asegure “la consolidación del sistema acusatorio y la autonomía de las instituciones de procuración de justicia”, tomando en consideración las normas internacionales”, especialmente el llamado Protocolo de Estambul, suerte de “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El comité recordó, además, “las altas y crecientes tasas de homicidios, los reportes sobre ejecuciones extrajudiciales y los índices de letalidad”, que se registran en México, recomendándole “alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas del orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y a establecer un plan que garantice un retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana”.

Y como era de esperar, los expertos instaron a no olvidar un caso emblemático de estos crímenes, cual fue “la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, para que los responsables sean enjuiciados y sancionados y garantizar que las víctimas reciban reparación integral”, presunta masacre todavía pendiente de que se haga plenamente justicia.

Sobre el particular, circula en Ginebra, la solicitud sin fecha de un “Comité de Madres y Padres de familia de los 43”, no obstante de probada autenticidad, en torno a “cuatro caminos imprescindibles para la Verdad y la Justicia” que podrían esclarecer lo sucedido con aquellos jóvenes, supuestamente asesinados por fuerzas de seguridad del Estado, cuyo procedimiento penal continúa inconcluso.

El documento brega para que se abra “una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón de Infantería, dado que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre (de 2014) estuvieron presentes en casi todos los lugares donde fueron agredidos los estudiantes de Ayotzinapa, tomaron fotografías, videos. Generaron documentos y otros datos de pruebas que”, probablemente no han sido aún “aportados a la investigación”, lo cual a ciencia cierta se desconoce en virtud del eventual secreto de los procedimientos en marcha.

Los autores de este llamado a las acción, elaborado por oeneges y personas próximas a los desaparecidos, “indican que por lo menos 25 estudiantes de Ayotzinapa fueron llevados a Huitzuco”, detenciones ilegales en las que “participaron elementos de la Policía Federal, Municipal, Ministerial del Estado”, habiendo a su vez trascendido que “desde febrero del año 2016 existen elementos para la detención de estos Policías”, pero no habría ocurrido así.

Añade el texto que la fiscalía “tiene mil teléfonos que está analizando, 17 de estos son de los estudiantes desaparecidos de manera forzada”, pero “desde abril de 2016 los resultados del análisis de geolocalización y contenido de las conversaciones no han sido entregados a las madres y padres de familia”, salvo que noticias posteriores indiquen que la situación se haya rectificado sin notificación a la opinión pública.

El documento concluye diciendo que “las pruebas que existen en las investigaciones revelan que el principal móvil de la agresión abominable a los estudiantes de Ayotzinapa tiene que ver con el trasiego de droga que el grupo delincuencial Guerrero Unidos llevaba a cabo de Iguala a Chicago, por ello exigimos avanzar en esta línea de investigación hasta que” se llegue a verdad, desconociéndose hasta ahora de eventuales resultados.