La liberación anticipada de criminales condenados por los Tribunales, como es el caso de los asesinos de Guillermo Ibañez o de José Luis Cabezas, es una constante en la provincia de Buenos Aires porque el sistema de enjuiciamiento penal está desquiciado.
    En nuestra provincia los delincuentes tienen hasta ocho instancias para reclamar sobre decisiones judiciales que los procesan o condenan mediante recursos que lo único que buscan es no dejar firme una resolución y con ello lograr la excarcelación, licuando las penas de cualquier sentencia condenatoria.
    Se pretende, y muchas veces lo logran, extender la presunción de inocencia hasta que la sentencia condenatoria quede firme lo que constituye un alzamiento contra el sentido común.
    Con este sistema procesal  absurdo y con estas jurisprudencias garanticidas  ningún fallo va a quedar firme en tiempo razonable y así los delincuentes condenados por delitos aberrantes quedan libres apenas cumpliendo, no pocas veces, la mitad de la condena impuesta por sentencia.
    El sistema procesal vigente en la provincia de Buenos Aires, con su festival de artilugios recursivos, impide que una sentencia condenatoria adquiera firmeza en un tiempo razonable. Y la jurisprudencia que exige el poder de la condena para que cese el cómputo de multiplicar por dos cada día de prisión sin que la sentencia esté firme, completa el mapa de la impunidad permitiendo el beneficio de la liberación de delincuentes, incluso la de asesinos de dudosa recuperación social.
    Es lamentable que los jueces que así proceden antepongan tecnicismos, muchas veces nacidos de ocurrencias seudoacadémicas o de insensatas ideologías procesales, que terminan negando las garantías constitucionales elementales, derogando incluso el Código Penal y haciéndole decir a los Pactos Internacionales lo que estos no dicen, derivando, así, en una gestión antirrepublicana.
    La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hay un número determinado de muertes impunes o cuasi impunes que les haga recapacitar a legisladores y jueces sobre la cuestión? ¿O, como en su momento lo plantearon y ejecutaron Hitler y Stalin, el derecho y la vida están al servicio de la ideología cualquiera sea su precio?
    La respuesta, en una República, la tienen en conjunto  el Poder Ejecutivo,  el Legislativo y el Judicial.
Sus integrantes harán algo o seguirán siendo espectadores o cronistas de  la inequidad reinante ?

Gustavo Demarchi