Luego de que se confirmara que el legislador tucumano Manuel Jorge Yapura Astorga deberá rendir cuentas a la Justicia y someterse a juicio oral y público, la pregunta que flota en el aire es qué papel jugará la Legislatura de Tucumán en este caso. Luego de lo que fue la masiva movilización que tuvo lugar el pasado lunes 17 contra el Gobierno nacional, los ojos comenzaron a posarse en los integrantes del Parlamento tucumano.

Y es que el Poder Legislativo de Tucumán lleva años bajo el peso de la mirada negativa de la ciudadanía. La sociedad sabe a la perfección que se trata de la Legislatura más cara del país a pesar de tratarse de la provincia más chica y sólo es superada por el parlamento porteño. Además, hace las veces de escribanía del Poder Ejecutivo manejado por el peronismo, al aprobarle leyes gracias a la mayoría automática que posee.

Como si esto no fuera suficiente, la Legislatura local cuenta con otro penoso récord. Ya que se trata de la única en la que sus integrantes no solo gozan de fueros que les impiden ir a la cárcel, también le impide a la Justicia que los pueda investigar. A su vez, esta potestad se la regalaron a sí mismos los legisladores cuando se reformó el Código Procesal Penal de la provincia. Sin embargo, la protección no se termina allí.

Y es que si la Justicia decidiera pedir el desafuero de alguno, la palabra final la tendrían sus compañeros de cámara, cuyo voto podría hacer inviable el pedido del Poder Judicial. De esta manera, alberga a legisladores que fueron denunciados por presunto abuso sexual, como es el caso de Ricardo Bussi, quien se aferra a los fueros para que ni siquiera pueda ser investigado como cualquier ciudadano de a pie ante la gravísima acusación que pesa en su contra.

Por todas estas razones, la imagen que la sociedad tucumana tiene para con la Legislatura es deficiente y la razón la asiste. Entonces, la coyuntura coloca del Poder Legislativo local ante una posibilidad inmejorable de lavar en parte la concepción negativa que pesa sobre él. Y es que deberá decidir qué hará con uno de sus integrantes, quien además responde al oficialismo, el legislador y ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga.

En este marco, cabe recordar lo que señala nuestra Carta Magna. En el artículo 58 de la Constitución Provincial de Tucumán, en lo que hace a la Sección III, Capítulo Primero correspondiente al Poder Legislativo. El mismo señala que “la Legislatura dicta su reglamento. Podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno”…

Esto significa que, de forma inequívoca, cabe que la Legislatura deberá separar del cuerpo legislativo a Yapura Astorga por inhabilidad moral. Además, como si hiciera falta, el poder de la República ya cuenta con un antecedente en el que actuó según dicta la Constitución Provincial para casos como este. El cual, sucedió hace menos de un lustro y está fresco en la memoria de la sociedad tucumana porque, al igual que hoy, tocaba a uno de los legisladores del oficialismo.

El episodio tuvo lugar a principio del año 2016, cuando el por entonces legislador provincial, Emiliano Vargas Aignasse debió enfrentar una causa judicial debido a que estaba acusado de haber huido de un control policial efectuado por los efectivos de Santiago del Estero. En aquella oportunidad, a Vargas Aignasse le descubrieron unos 30 gramos de marihuana dentro de la camioneta que manejaba, razón por la cual se dio a la fuga. En aquél momento, el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto por la presión de la opinión pública y para que la Justicia pudiera investigar como corresponde.

Entonces, el por entonces recientemente elegido como vicegobernador de la provincia, le ofreció una salida elegante con el fin de evitar sancionar al legislador oficialista. Eso se debe a que se resolvió el apartamiento de Emiliano Vargas Aignasse, pero por medio de la aprobación de una licencia. El alejamiento se produjo apenas por la evasión de un control policial en el límite geográfico con la provincia vecina de Santiago del Estero..

La lógica indicaría que en el caso de Jorge Yapura Astorga debería ocurrir lo mismo. Esto es, considerando la cantidad y calidad de los delitos por los que deberá rendir cuentas ante un tribunal, ellos son: (Enriquecimiento Ilícito (Art. 268 (2), Primer Párrafo Cp) Y Coautor De Los Delitos De Incumplimiento De Los Deberes De Funcionario Público (Art. 248 Cp); Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas (Art. 265 Cp); Fraude en Perjuicio de la Administración Pública (Art. 173 Inc. 7 Y Art. 174 Inc. 5 Cp); Malversación de Caudales Públicos (Peculado) (Art. 261 Cp) y Asociación Ilícita (Art. 210 Cp). En la última semana un fallo unánime e histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, dejó firme la Elevación a Juicio Oral y Público del procesado legislador. Porque ya no hay dilación ni postergación posible, ni vericuetos legales, ni prerrogativas judiciales o argucias de parte de sus abogados defensores que le permitan al legislador escapar del juicio oral y público.

Este trámite llega debido a que Yapura Astorga se encuentra procesado porque la Justicia lo acusa de haber defraudado al Estado provincial, es decir, por haberse quedado con los dineros públicos. Entonces es el turno de la Legislatura, es su momento de determinar qué ocurrirá con el legislador oficialista. Y es el vicegobernador Osvaldo Jaldo el máximo representante del Poder Legislativo en su carácter de presidente de este poder de la República

Tendrá que saber el vicegobernador que la sociedad tucumana lo observa y la opinión pública lo coteja en espera de un mensaje sólido y contundente. Un mensaje que no es más que la posibilidad de devolver la trasparencia que precisa de manera urgente la Legislatura de Tucumán, el poder de la República que representa al pueblo tucumano, el cual descree de que esto sea así, debido a los antecedentes antes mencionados.

Está ante una oportunidad única el titular de la Legislatura, Cdor. Osvaldo Jaldo. Tiene en sus manos la llave que puede conducir a un futuro en el que la sociedad vuelva a creer en el Poder Legislativo. Para ello, necesita observar un gesto que devuelva la transparencia al Parlamento local, el cual, no puede ser otro que el apartamiento inmediato del legislador Jorge Yapura Astorga del cuerpo de legisladores, para que dé cuenta ante la Justicia de los delitos por los que está procesado. Un representante del pueblo no tendría que estar sentado en su banca, cuando debe afrontar un juicio por corrupción.

Sr. Vicegobernador Osvaldo Jaldo, este procesado acompañó su lista oficial en los comicios del año pasado, es hora de remendar ese gran error cometido y demostrarle a los tucumanos, que no fue puesto en esa lista para blindarlo con fueros ante la justicia, en el poder legislativo del cuál Ud. es el Presidente.

Sr. Vicegobernador, no permita que la Honorable Legislatura de Tucumán, se convierta en un “aguantadero de delincuentes”.