La Reforma Judicial aprobada esta semana por el Senado comenzará a ser analizada por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo se prepara para un tratamiento "más lento y minucioso", en un escenario en el cual las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio mantienen posturas encontradas con respecto a la modalidad en la cual debe ser debatida la iniciativa.

Con casi similitud de fuerzas, el Frente de Todos (118 diputados), en la búsqueda de la aprobación del proyecto, y Juntos por el Cambio (116), en un rechazo absoluto, continúan intentando acercar posiciones con el resto de los 22 diputados de la Cámara, que en definitiva serán los árbitros de la suerte del proyecto.

De la base que parte el oficialismo, por ahora lograría sumar a seis diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, incluidos los tres representantes del partido que gobierna la provincia de Misiones y el de la fuerza que está a cargo del Ejecutivo de Rio Negro.

Para llegar a 125, a estos diputados se sumaría la representante del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, que desde diciembre acompañó al oficialismo en cada una de las votaciones.

Hay que tener en cuenta que el oficialismo pierde una presencia a partir de la licencia de José de Mendiguren, que se desempeña como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Del otro lado, Juntos por el Cambio mira con atención el rechazo a la reforma anticipado por los tres lavagnistas bonaerenses (Graciela Camaño, Alejandro 'Topo' Rodríguez y Jorge Sarghini); por los cuatro referentes del peronismo cordobés; por los dos socialistas santafesinos (cada uno con su monobloque), por la tucumana peronista y ex macrista Beatriz Avila y los dos legisladores de la Izquierda.

Con estos diputados el número de quienes ya se expresaron en contra del texto asciende a 128, por los que sólo quedan tres diputados que aún pueden inclinar la balanza para un lado u otro: El santacruceño Antonio Carambia (del Intebloque Unidad para el Desarrollo y también aliado de Cambiemos hasta diciembre pasado); y los lavagnistas Eduardo Bucca (Buenos Aires) y Andrés Zottos (Salta).

Ante este escenario, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, ya anticipó que "no hay apuro" para aprobar el proyecto, que se debatirá "todo el tiempo que sea necesario" y que "se buscarán consensos para modificar lo que haga falta".

Sin embargo, desde el Frente de Todos interpretan esos números en relación a quienes podrían dar quórum para habilitar la sesión o quienes podrían estar ausentes o abstenerse al momento de votar el proyecto.

En el oficialismo creen que "no todos los que ya anticiparon su rechazo terminarán siendo funcionales a Juntos por el Cambio en su protección a la corporación judicial", confió una fuente de ese espacio a la agencia de noticias Télam.

Esa es una de las claves más importantes para el Frente de Todos de cara a lo que pueda suceder en una votación al límite.

Por lo pronto, el oficialismo avanzará con otros temas de su agenda parlamentaria como el proyecto de auxilio al sector turístico, el de la actualización de multas para la pesca ilegal, el referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el Aporte Solidario y Extraordinario; y, a partir del 15 de septiembre, el Presupuesto 2021.

Para el tratamiento de algunos de estos proyectos, como los dos primeros, el Frente de Todos y el resto de los bloques de la Cámara, al excepción de Juntos por el Cambio y la Izquierda, pidieron para el próximo martes una sesión especial, convocada luego por la Presidencia de la Cámara.

Desde Juntos por el Cambio advirtieron que antes de convocar a una sesión se debía actualizar el protocolo de trabajo remoto y que ello debe hacerse con el "consenso" de la Comisión de Labor Parlamentaria, según se acordó a principios de mayo, cuando se avaló la modalidad mixta por un mes.

Tras una prórroga a comienzos de julio, el protocolo venció el 7 de agosto, y desde ese día no se renovó porque Juntos por el Cambio se niega a hacerlo por otro mes.

Los diputados liderados por el radical cordobés Mario Negri insisten con que el tema, "por su complejidad y falta de consensos", debe ser tratado en una sesión presencial, lo que en la coyuntura actual el oficialismo interpreta como "una clara negativa" a dar la discusión.

El tema se comenzará a definir el martes, dos horas antes de la sesión convocada para las 13, cuando en Labor Parlamentaria se defina con qué protocolo y por cuánto tiempo se continuará trabajando en el Congreso.

A esa reunión, la principal bancada opositora y el oficialismo llegan con dos posturas: para los primeros la continuidad del trabajo remoto con temario acordado debe ser avalada por consenso, y ese consenso implica el acuerdo de todas las bancadas.

Para el Frente de Todos, en cambio, cuando se habla de consenso, se entiende que es 'consenso mayoritario', por entender que, de lo contrario, "cualquier minoría podría trabar el funcionamiento de la Cámara".

Desde Juntos por el Cambio se anticipó que, en caso de que el Frente de Todos imponga ese criterio, acudirán a la Justicia para pedir la nulidad de las sesiones y reuniones que se puedan desarrollar sin su consentimiento.

En esta nueva discusión reglamentaria, se define una parte importante de la suerte del proyecto de Reforma Judicial, que Massa, como titular del cuerpo, debe girar a comisiones para iniciar formalmente su tratamiento.