Exceptuando Luis Fernando Beraza, biógrafo de José Ignacio Rucci, cuatro otros autores endilgan a Juan Julio Lino Roqué haber tenido alguna relación con la muerte del Secretario General de la CGT el 25 de septiembre de 1973. El dato lo consignó en 1986 Eugenio Méndez, abogado y periodista, relator de inverosímiles delaciones de un ficticio guerrillero, texto desprovisto de credibilidad.

En 2000, Miguel Bonasso lo insinuó por una descripción del atentado que le habría hecho Roqué en una cena, anécdota irrelevante que no lo inculpa. José Amorín, en 2005, precursor entre otros del nacimiento de uno de los grupos que originarían a los Montoneros, colocó a Roqué resolviendo en solitario ordenar la operación, aunque no le constaba su eventual incursión en forma directa. Sólo Ceferino Reato, en Operación Traviata (2008), fue taxativo: instaló a Roqué barriendo a Rucci con un fusil, y hasta elucubró lo que pensaba al disparar. Los sobrevivientes de la jefatura montonera no suscribieron nada, arrojando un manto de dudas y silencios. (1)

La familia de Roqué, por boca de su hija mayor, María Inés, quien filmó un documental sobre la odisea de su padre registrado en YouTube, niega saber si estuvo envuelto en el hecho. Los sobrevivientes de la ESMA no oyeron a los represores que dieron caza a Roqué en mayo de 1977, y quemaron sus restos en los pastizales del predio, motivar el ensañamiento dando crédito a que hubiera liquidado a Rucci. La revista Somos, vocera de la ideología de las Fuerzas Armadas en la guerra sucia, festejó la caída de Roqué, pero descartó endilgarle abatir a Rucci, entre las exacciones que encajó al notorio rebelde en la edición que lo aupó en su portada.

Juan Julio Roqué (1940) fue un típico fruto de los levantamientos populares que abonaron el brote de la guerrilla urbana al fin de la década del ‘60 (“Cordobazo”, “Rosariazo”, “Viborazo”, “Tucumanazo”, “Mendozazo” y “Rocazo”). Licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba, rector y profesor de un colegio secundario, pasó a la clandestinidad en junio de 1971. Transitó del comando “Santiago Pampillón”, en la insurrección del barrio Clinicas de Córdoba en 1969, a la eliminación del general y torturador Juan Carlos Sánchez, jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, el 10 de abril de 1972 en Rosario.

A principios de 1973 Roqué fue encarcelado por la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, quien cerró el ciclo de regímenes militares 1966-1973. Compartió entonces la penitenciaria de Villa Devoto con la que sería su segunda pareja, “la Rata” Gabriela Yofre. Liberado al advenir el “gobierno popular” de Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, el 25 de mayo de 1973, resultó, a la postre, uno de los jefes máximos de los Montoneros, Oficial Superior a cargo de la Secretaria Nacional de Prensa, procedente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), una una de las ramas de la ulterior organización fusionada Montoneros el 12 de octubre de 1973. Tuvo tres hijos, un hermano mayor que sobrevivió a la dictadura, y uno menor desaparecido en 1979.

Roqué encabezó la marcha de unos 3 millones de argentinos, que acudieron a Ezeiza a recibir a Perón el 20 de junio de 1973, quien retornaba definitivamente del exilio en Madrid. Integró el puñado de militantes que formaron parte del escueto equipaje humano del omnibus que se divisa en las fotos de la época, al frente de la movilización orientada por “tendencia revolucionaria del peronismo”. El septuagenario caudillo los hizo infundadamente instigadores de la masacre que sobrevendría, aunque hubieran sido los agredidos de la jornada, ofrendando la inmensa mayoría de los 13 muertos y 365 heridos consignados en los cables oficiales. A Rucci se le atribuyó haber armado a los victimarios de Ezeiza para impedir el contacto directo del líder justicialista con la “juventud maravillosa”.

Los futuros Montoneros, preservando a sus mejores cuadros en pleno proceso de confluencia de las diferentes vertientes de su gestación, mantuvieron libertad de acción para los que serian siete Oficiales Mayores de la Organización Politico-Militar (OPM) que recién anunciaría su nacimiento, como se ha dicho, el 12 de octubre de 1973, el segundo escalón en la graduación guerrillera. Fueron los encargados de vengar la matanza de Ezeiza, germen de las Tres A, que se preparaban para empezar a firmar sus extravíos terroristas en noviembre de 1973 (cerca de 700 crímenes censados por la Justicia). Del equipo operativo constituido en el seno de las FAR fue responsable Eduardo Tomás Miguel Molinete, el “Gallego Guillermo”, apuntalado por Horacio Antonio Arrue, “Pablo Cristiano”, y Marcelo Daniel Kurlat, “Monra”. De los otros cuatro se ha perdido las huellas. Acribillaron a Rucci en Buenos Aires, y su móvil podría también interpretarse que fue el de “tirarle un ‘fiambre’ a Perón”, para presionarlo a torcer el rumbo de su opción en favor de la extrema derecha de su movimiento impulsada por el Brujo José López Rega, lo que incentivó la escalada contra ellos en lugar de apaciguarla.

Gabriela “Rata” Yofre desapareció en la ESMA el 25 de octubre de 1976, postrando en la viudez a Juan Julio Roqué, quien el 29 de mayo de 1977, en un chalet de Haedo, Buenos Aires, prefirió envenenarse antes de que lo agarraran vivo los esbirros de la ESMA. Desangrándose, ahí llevaron a expirar a Kurlat, apresado herido el 10 de diciembre de 1976. A Arrue lo masacraron en la tortura, el 20 de septiembre de 1976, en Campo de Mayo. El cuerpo exánime de Molinete apareció en una casa de Villa Cabrera, Córdoba, tras un feroz enfrentamiento con el Ejército, el 9 de marzo de 1977.

Por otra parte, hasta la aprobación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas en 2006, que repudia su realización por agentes de la fuerza pública y también los que “sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, Naciones Unidas había elaborado reglas vinculantes exclusivamente para los Estados.

La génesis de este cambio abreva en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), adoptado en 1998, que definió a las desapariciones forzadas, asesinatos, esclavitud, encarcelamiento, deportación, exterminio, tortura, apartheid, persecuciones a colectivos con entidad propia y violación sexual, fueran obra de “un Estado o una organización política”, como delitos de lesa humanidad, susceptibles de ser perseguidos penalmente cualquiera fuera le fecha en que se cometieron. Esto significa asimismo que corresponderá  a la Justicia demostrar, que cada una de las atrocidades enumeradas, agrupadas o individualmente, deben ser «parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Tendrá por consiguiente que fehacientemente probarse “la comisión múltiple de actos” de esa naturaleza, en “conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.

Una vez anuladas las leyes de punto final y obediencia debida, abolidas en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina (CSJN) dispuso que la dictadura militar (1976-1983) había incurrido en esos delitos imprescriptibles, por lo que se reiniciaron los juicios a lo largo y ancho del mapa nacional. A continuación, el 14 de marzo de 2008 la Cámara Federal de Buenos Aires valoró de manera análoga los ilícitos de las Tres A, aquellos paramilitares alentados por José López Rega, quien descollara como superministro de la presidenta María Estela Isabel Martínez de Perón, referente de actos atroces previos al golpe de la Junta Militar del 24 de marzo de 1976, en un sumario donde se reunieron, como ya se ha mencionado, alrededor de 700 hechos criminales sobre la base de tres criterios. Los actos fueron masivos, sistemáticos y se efectuaron al abrigo del Estado.

Sin embargo, por no reunir ninguno de esos tres elementos, la misma Cámara Federal de Buenos Aires había desestimado en 2007 que la voladura de una central policial en Buenos Aires, el 2 de julio de 1976, episodio “aberrante” que ocasionara “inconmensurable daño”, cobrándose 23 muertos y 60 heridos, pudiera permitir reprochar a los Montoneros haber consumado crímenes de lesa humanidad. El 22 de marzo de 2011, la Cámara Nacional de Casación Penal respaldó el fallo que exime a los Montoneros de tales culpas, y la jueza Arroyo Salgado así también lo entendió el 24 de mayo de 2011 para con un secuestro extorsivo contra pago de rescate llevado a cabo por los Montoneros, sucedido en el ocaso del gobierno de Isabel Perón.

En línea con lo estipulado por el Código Penal, en el marco de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, y mal que le pese a los integristas de las dictaduras militares y a los fundamentalistas de la derecha del peronismo, quienes desencadenaran las hostilidades y todavía las reivindican, los delitos de la guerrilla fueron infracciones comunes y ordinarias que han prescripto, jamás violaciones graves de los derechos humanos. Tampoco crímenes de lesa humanidad, que por atacar masivamente a las poblaciones civiles, requieren una intencionalidad colectiva y su realización generalizada, en las cuales no incursionaron las organizaciones armadas engendradas por los sectores nacionales y populares, junto a una capacidad de planificación y control del territorio que los guerrilleros argentinos, peronistas u otros, nunca dispusieron.

(1) Luis Fernando Beraza, José Ignacio Rucci, Vergara, Buenos Aires, 2007. Eugenio Méndez, Confesiones de un montonero, Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1986 José Amorín, Montoneros: la buena historia, Catálogos, Buenos Aires, primera edición, 2005. Miguel Bonasso, Diario de un clandestino, Buenos Aires, Planeta, 2000. Ceferino Reato, Operación Traviata, Buenos Aires, Sudamericana, primera edición, septiembre de 2008.