Un informe de BBC Mundo analiza la situación que atraviesa el país con la creciente ocupación ilegal de territorios.

Si bien, el mismo precisa que la situación se venía multiplicando desde finales de 2019 alertan que con la llegada de la pandemia por coronavirus el fenómeno se intensificó.

“El problema recrudece cada vez que el país entra en una crisis económica, y hasta las autoridades reconocen que hubo un fuerte aumento de ocupaciones de terrenos desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández”, sostiene el documento. Y avanza:

Años sin solución

El problema más grave se da en la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada del país, donde ya hubo más de 1.800 usurpaciones de terrenos en lo que va del año, según estimaciones del ministerio de Seguridad.

Diversos reportes afirman que habría al menos unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas ocupadas de manera ilegal.

El caso más paradigmático es el de Guernica, la toma más grande, que comenzó en julio pasado, en el partido de Presidente Perón. Allí se estima que unas 3.000 personas, sobre todo jóvenes, algunos con familias, llegaron a ocupar ese terreno privado ante la falta de intervención de las autoridades.

Aunque la Justicia ordenó el desalojo de Guernica a comienzos de septiembre, el operativo se postergó hasta este 1 de octubre y ahora se volvió a suspender sin nueva fecha, con la idea de darle tiempo al gobierno provincial a alcanzar una "salida pacífica".

"Oleada"

"Hay una oleada de tomas de tierras que se va a profundizar", advirtió Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en diálogo con radio El Destape.

"La gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas", señaló.

Grabois afirmó que el problema no solo se da en el llamado conurbano bonaerense, sino también en el interior del país, en particular en algunas de las provincias más pobres de noreste, como Chaco y Corrientes.

Y sugirió que la solución "más inteligente" era "lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa".

Sin embargo, su postura generó una ola de cuestionamientos, tanto desde la oposición como desde sectores de la coalición peronista que gobierna.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, discrepó con Grabois, al afirmar que, si bien "no cabe ninguna duda de que existe necesidad" de más viviendas, "los episodios del conurbano bonaerense tienen otra matriz".

"Lo que está sucediendo respecto de las tomas, en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas", aseguró, en referencia a la histórica práctica de grupos organizados que toman tierras y las revenden a los más necesitados, a veces vendiendo el mismo lote a más de una familia.

Posturas encontradas desde el peronismo

Ejemplo de estas divisiones fueron las declaraciones realizadas por el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, un peronista de derecha, quien acusó a agrupaciones peronistas de izquierda, como el Movimiento Evita, de estar detrás de las usurpaciones, algo que estos negaron.

Berni también se enfrentó con su par a nivel nacional, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien consideró que el problema de las ocupaciones "no es un tema de seguridad".

"Es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema", afirmó la funcionaria en declaraciones a la prensa.

En respuesta, el ministro bonaerense afirmó que el derecho a la propiedad privada era un "derecho sagrado inviolable" y advirtió: "El que pone un pie en un terreno que tiene dueño va preso".

El problema de fondo

Más allá de la política, la proliferación de tomas ha reavivado en Argentina un viejo debate en torno al derecho a una vivienda digna y la falta de acceso de muchos, por un lado, y el derecho a que se respete la propiedad privada, por el otro.

El fondo del asunto es el histórico déficit habitacional que existe en Argentina. La ministra Bielsa estimó recientemente que en el país faltan unas 3,6 millones de viviendas. Esto significa que alrededor de un tercio de la población argentina hoy no tiene una vivienda adecuada.

Expertos del sector aseguran que uno de los principales motivos de este déficit es que la construcción es un negocio de largo plazo y Argentina no ha tenido la estabilidad económica y política necesaria para llevar a cabo los proyectos necesarios, que requieren años.

Un estudio realizado en 2019 por la desarrolladora Edisur mostró que mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) argentino aumento 101% en los últimos 30 años, la construcción creció solo un 57%, debido a los fuertes retrocesos que sufrió el sector durante cada crisis.