El gobierno argentino decidió formar parte de la minoritaria condena de 22 países a Venezuela en las Naciones Unidas (ONU), basado en un informe elaborado sin pisar ese país por Michelle Bachelet, parte de una redoblada escalada internacional impulsada por EE. UU, sus socios europeos y el reaccionario Grupo de Lima, al que nos incorporó el gobierno de Mauricio Macri.

Es una grave concesión a la presión para alinear a la Argentina con la voluntad hegemónica imperial y su acción desestabilizadora para someter y desplazar a los gobiernos de raíz nacional y popular.

Sería suicida subestimar este retroceso, como lo sería dar por perdida la batalla por una política exterior independiente, signos de la cual fueron los pronunciamientos a favor de la reconstrucción de la unidad regional torpedeada por los neoliberales, el apoyo al Grupo de Puebla, el desconocimiento al autodesignado Juan Guaidó, el repudio a los golpistas bolivianos (acompañado con la protección de Evo Morales y García Linera), todo lo que constituyó un distanciamiento de las imposiciones de Estados Unidos y sus aliados.

La suerte de la Patria Grande, la de San Martín, Bolívar y Artigas, se juega en cada uno de los territorios en que dividieron a nuestro continente.

Nuestra historia muestra dolorosamente adónde llevan las concesiones de los gobiernos de origen popular: al aislamiento y el golpe de Estado durante todo el siglo XX, al que no renunciarán, pero también encubren con desplazamientos “institucionales” como los ya ensayados en Honduras, Paraguay, o Brasil.

Hipócritas, agitan los derechos humanos mientras ocultan su violación sistemática, que no merece condena alguna en la OEA o la ONU, ante la violencia estatal y privada en Honduras o Brasil, el virtual genocidio en Guatemala, la matanza de centenares de dirigentes políticos y sociales en Colombia, la sangrienta represión golpista en Bolivia y a la rebelión popular en Chile.

La reacción de los portavoces mediáticos del bloque de poder (Clarín, La Nación, Infobae, entre otros), demuestra que evalúan el retroceso gubernamental como un triunfo propio, a la vez que no dejan de reclamar “claridad” en la política exterior, es decir un firme alineamiento con Estados Unidos a escala planetaria y, entre nosotros, abandonar cualquier intento, aún tímido, de hacer pagar la crisis estructural y la catástrofe heredada del macrismo, a quienes se beneficiaron de ella.

La muestra, también, convencidos de que cada retroceso obtenido fortalece sus pretensiones restauradoras, debilita al gobierno y estimula la desilusión entre la ciudadanía, pero sobre todo desmoviliza, siembra dudas y divisiones en la propia base electoral, particularmente entre los sectores más avanzados y dinámicos del Frente de Todos.

Es precisamente esta militancia la que recibe desconcertada la postura en la ONU, como trata de explicarse (y más difícil explicar a nuestros compatriotas), lo que sucedió con el llamado a la “solidaridad” entre los que, como los jubilados, poco o nada tienen. Con las advertencias y luego la pasividad frente a los despidos de los grandes empresarios durante la pandemia. Con el retroceso en la expropiación de Vicentin, para ahora bajar las retenciones al monopolio privado de grandes exportadores, que las aprovechan, pero rechazan por insuficientes y segmentadas. O con la abandonada promesa de investigar la fraudulenta deuda externa y los meses de demora para presentar y tratar en el Congreso el aporte extraordinario de las grandes fortunas.

El apoyo al pueblo de Bolívar no admite vacilación alguna, pero es contraproducente simplificar su compleja realidad, desconocer que Venezuela enfrenta la oposición golpista que promueve una intervención militar extranjera y el criminal bloqueo económico y sanitario, pero a la vez se debate en una feroz pulseada dentro mismo de quienes coprotagonizaron la revolución bolivariana. Entre quienes la defienden promoviendo su profundización, pero encuentran la resistencia de quienes desconfían de la fuerza del pueblo y creen que con concesiones pueden ganarse la aprobación del privilegio nativo y extranjero.

En el propio gobierno, legítima y democráticamente elegido, hay quienes pretenden calmar a los agresores internos y externos impulsando la entrega de la industria petrolera, gasífera y minera al capital trasnacional; la devolución de tierras a terratenientes y empresas nacionalizadas al capital privado, con cláusulas de confidencialidad que abonan la corrupción y disimulan la entrega, en violación de la Constitución y en una clara traición al legado de Hugo Chávez, mientras se postergan los reclamos de los sectores populares, crecen los despidos y el deterioro salarial, y los terratenientes desatan la violencia contra campesinos y trabajadores agrarios.

Muy por el contrario, el rechazo a los golpes y la violencia, los sabotajes, el desabastecimiento y el bloqueo, que priva al pueblo de medicinas, alimentos e insumos esenciales, reclama construir una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano. En lo inmediato, la confiscación masiva de los bienes situados en el territorio nacional propiedad de gobiernos que confiscan los propios en el exterior, y de las personas y empresas que colaboran en la guerra económica.

Suenan huecos los mensajes oficiales acerca de ratificar “la posición histórica de liderazgo que tiene la Argentina en derechos humanos” a posteriori de la votación, o diferenciarse en comunicados aclaratorios de la condena a los bloqueos y sanciones, cuando otros caminos se abrían para el gobierno: votar la resolución alternativa, consensuar una propia con otros países o, incluso, abstenerse, que es lo que hicieron el tan elogiado México o la India.

Nada justifica desautorizar la más que prudente posición de Carlos Raimundi, nuestro embajador en la OEA, y luego votar en la ONU una peligrosa posición intervencionista, que facilita incluso la acción militar contra Venezuela, y hacerlo a la cola de lo peor del continente y el mundo.

Como parte de un debate que incluye a dirigentes y militantes del FdT, pero conscientes de que en instancias como esta se juega parte de nuestro propio destino como nación, no debemos caer en la trampa de marginarnos del protagonismo en un proceso del que somos parte, limitándonos a expresar nuestra justa indignación mediante adjetivos con poca o ninguna fundamentación.

Tampoco asumir un discurso conciliador que se disfraza de pragmático y moderado, pero suma a la violación de los principios de no injerencia en los asuntos internos de otros países y de autodeterminación de los pueblos, de los que Argentina ha sido pionero e impulsor desde hace más de un siglo, en casi todos los gobiernos peronistas y radicales.

500 senadores, diputados, intelectuales y artistas de todo el continente, que incluyen al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex presidente Zelaya (Honduras) y varios ex cancilleres, acaban de dirigir una carta al presidente Alberto Fernández para que rectifique esta decisión.

Agregamos a los valiosos conceptos que hemos suscripto, una opinión militante. En Venezuela como en Argentina, y más allá de las abismales diferencias entre sus realidades, hay un debate continental de fondo y no saldado acerca de cómo se define la suerte de los procesos nacionales, con impronta soberana e independentista. Si adaptándose -o peor, cediendo- a las relaciones de fuerza dadas en la disputa de poder, o modificándolas a favor de las mayorías, con claridad de objetivos estratégicos, decisión política y apelando a la organización popular.