Intrincadas y opacas transacciones bancarias transatlánticas canalizaron la megacoima en el ocaso del menemismo a fines del siglo pasado, cuyo artífice fue el operador multinacional Jorge Neuss, quien acaba de suicidarse tras asesinar a su esposa en Buenos Aires. Las pruebas recogidas en Ginebra sobre sobornos por 25 millones de dólares fueron oportunamente enviadas a la justicia argentina.

El 30 de abril de 2004, el fiduciario francés, Lionel Queudot, confesó por escrito en la Embajada Argentina en Berna, que su sociedad Finego SA, domiciliada en Ginebra, a cambio de una remuneración del 3%, se ocupó de expedir cerca de 25 millones de dólares entre 1997 y el 2000, provenientes del brazo holandés del gigante francés de la electrónica, Thales, para que los girara instantáneamente a cuatro cuentas, tres en los Estados Unidos y una en Francia, todas debidamente bloqueadas por la justicia suiza y francesa. Era el modelo a la moda en las multinacionales para el pago de sobornos: emplear a un agente externo a la empresa acostumbrado a la banca suiza para agilizar el cohecho.

A tales fines, Queudot había sido conectado por un conocido mientras trabajaba en otra financiera en Nyon, Suiza, al coincidir en la realización de inversiones especulativas con gas argentino y metal plata en Perú. Lo identificó como Jorge Neuss, argentino, uno de los nietos del fundador de la embotelladora de jugos de pomelo que ostentara ese nombre, quien practicaba golf con Carlos Menem y George Bush senior y solía viajar con pasaporte alemán.

Según Queudot, fue Neuss quien lo introdujo en el ardid para delinquir de Thales. El complejo itinerario bancario arrancaba en una cuenta de la filial holandesa de la multinacional francesa en el banco ABN/AMRO de Amsterdam, que durante los años 1997 y 1998 transfirió regularmente las remesas, bombeando sus haberes a una cuenta en Ginebra de Serba (compañía fundada en la isla de Sark, Irlanda, no obstante asentada en Dublín), cuenta sobre la cual Queudot tenía un poder de gestión que lo autorizaba a retransferir los fondos a las cuatro cuentas de los sobornados antes aludidas. La cuenta francesa pertenecía a Neuss, mientras que las tres estadounidenses a sociedades, con el añadido de una quinta cuenta en el First National Bank de Filadelfia (luego Wachovia Bank), mencionada por Queudot al autor de esta nota, sin especificar quien era el propietario.

A esas mismas cuentas fueron a parar otros tres millones de la misma procedencia, que llegaron a una cuenta de Queudot en la UBS de Ginebra. El 7 de noviembre de 1998, 10 millones de dólares suplementarios fueron acreditados en la sucursal Londres del Barclays Bank, en una cuenta de Wingo, una sociedad de la Isla de Man, en el Canal de la Mancha, que el fiduciario francés de Finego SA consiguió prestada de un colega. El 24 de enero de 1999, otros 10 millones de dólares llegaron a una segunda cuenta de Queudot en el banco Piguet de Ginebra. Todos esos millones de dólares fueron inmediatamente debitados en favor de las enigmáticas cuentas en los Estados Unidos ya consignadas, y a la de Neuss en Francia, una trama hasta hoy mayoritariamente cubierta por un manto de silencio. Puede agregarse que el 29 de octubre de 2003, en la emisión televisiva “Zona de investigación” que existía por entonces en Canal 9, de Argentina, los periodistas Raúl Kollmann y Dolores Cahen d’Anvers, añadieron una sexta cuenta receptora de los sobornos de Thales en el Chartered Bank de Nueva York, de la cual tampoco se ha filtrado el dueño.

Neuss integraba el directorio de la subsidiaria de Thales en Holanda y en Argentina. Tenía un piso en el 12, Avenue Montaigne de Paris, valuado hace dos décadas, en un millón de dólares. Entre sus credenciales brillaba la Legión de Honor en Francia con grado de Oficial, conferida el 21 de septiembre de 1999, una vez concluidas las transacciones resumidas anteriormente. La distinción es equivalente por su importancia a la Orden Nacional de Mérito de la República francesa, otorgada en 1985 a Ricardo Cavallo, el genocida y torturador argentino que reprimiera desde la ESMA durante la dictadura militar 1976-1983, quien después de condecorado abandonó sus funciones militares en la Marina argentina, y pasó a trabajar para otra multinacional francesa en América Central y Argentina: Gemplus. El Presidente Emanuel Macron despojó a Cavallo de esa condecoración recién el 30 de abril de 2020, a causa del reclamo de las victimas sobrevivientes de la ESMA.

A todo esto, conviene recordar que Jorge Neuss fue el maestro de ceremonias de una celebración en el Museo del Louvre en Paris, mientras se disputaba la Copa Mundial de Futbol Francia 1998. Reunió en su derredor a los jerarcas de Thales, Carlos Menem, el embajador argentino Juan Archibaldo Lanús, y Lionel Queudot, ágape inmortalizado fotográficamente la Agencia francesa HFA, Service Scoop, Paris Match.

Neuss desmintió la autenticidad de la versión de Queudot. El argentino-aleman clamó su inocencia y tildó al francés de “chantajista”, sin embargo desistió de querellarlo y no lo desafió a un careo judicial en Buenos Aires, Ginebra o Paris. Desmoralizado y enfermo, Queudot digirió apesadumbrado la quiebra de su fiduciaria y se eclipsó en Francia entre finales de 2007 y principios de 2008, donde varios periodistas lo trataron de localizar sin éxito. Algunos lo buscaban por su presunta intervención en especulaciones bursátiles en América del Sur en los años 90 con Jérome Cahuzac, quien callara una cuenta no declarada en Ginebra, cuyo descubrimiento lo obligó a renunciar de ministro de Presupuesto del gobierno francés del Presidente François Hollande.

El 2 de mayo de 2006, los tribunales de París abrieron un sumario por las coimas reseñadas precedentemente. Se responsabilizaron del expediente los jueces Xavière Simeoni y Renaud Van Tuymbeke. Invitado por ellos a presentarse como testigo mediante comisión rogatoria a Suiza para autentificar la declaración volcada en Berna, Lionel Queudot acudió mientras seguía residiendo en Ginebra ante el juez helvético competente para tomarle declaración, Jean-Bernard Schmid, y confirmó los dichos. A su vez, Schmid fue el magistrado que remitió al juez federal de Buenos Aires, Sebastian Casanello, la cuenta de Carlos Menem en la UBS de Ginebra en 2013, tras 14 años de gestiones del ex-Presidente argentino para impedirlo. El saldo en el cierre de esa cuenta, tal vez no casualmente, también fue a parar a los Estados Unidos.

Los bancos helvéticos involucrados entregaron los extractos de las cuentas incriminadas, cuyos contenidos fortalecieron la confesión de Queudot en Berna. Debieron también reafirmar las implicaciones de Neuss en la elucubración del cohecho. Al concluir el año 2007, el juez Schmid transmitió las pruebas documentales a París, y en octubre de 2008 emprendió las diligencias para hacerlas llegar a la Argentina. Neuss compareció en Francia y reafirmó su negativa proferida en sede judicial argentina de que pudiera ser autor o complice de infracciones, diseminando una versión pasteurizada del escándalo. En Argentina fue procesado por presuntos actos de corrupción.

Resulta de interés saber que la idea de la privatización del espacio radioeléctrico nacional fue originariamente argentina. En el inicio se sitúa Germán Kammerath, un abogado de Córdoba nacido en La Rioja, donde su padre tuviera un estudio jurídico en el que Carlos Menem realizó sus primeros pasos como abogado. En 1991 fue nombrado Subsecretario de Comunicaciones por el pupilo de su progenitor. Al año siguiente el Presidente que lo designara decretó la preparación “del pliego de Bases y Condiciones destinado a la concesión de los servicios de administración, gestión y control del espectro radioeléctrico”, un proyecto que en pañales venía siendo alentado por los grupos Macri y Roggio, que habían encontrado apoyo político en la Unión de Centro Democrático (UC), donde militaba Kammerath.

Kammerath dependía directamente de la Presidencia de la Nación y a aquel estaba sujeta la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), cuya secretaría coordinaba el estudio de la viabilidad del proyecto, donde reinaba Alberto Jesús Gabrielli. Era un abogado que fungiera de empresario, quien conservó el expediente bajo su ala sin poder implementarlo por la oposición de la jerarquía que reemplazó a Kammerath. Desplazado por luchas internas al año de asumir y hasta 1996, Kammerath pudo finalmente reinstalarse de Subsecretario y lanzar el proyecto de privatizar el espectro radioeléctrico nacional.

Gabrielli desempolvó el plan cajoneado durante tres años y entre el llamado a concurso del 22 de febrero de 1996, y la adjudicación de la concesión a Thales, el 11 de junio de 1997, tuvo además el apoyo del presidente de la CNC, Roberto Catalán, otro riojano como Menem, apuntalado en la vicepresidencia por el contador Roberto Eliseo Uanini. Los secundaba el ingeniero Luis Alberto Romero, quien luego de revistar en la CNC y supervisar la privatización, saltó a gerente de operaciones de Thales, lo cual hubiese bastado para anular la convocatoria y lanzar un nuevo llamado.

Pese a sus inexistentes antecedentes en el ramo, Thales quedaría sola en carrera y ganaría la licitación. En la apertura del sobre con la oferta, llevada a cabo por Gabrielli, se destaparon cifras astronómicas escritas a mano. Al saberse que era la única retenida por el gobierno, indudablemente la empresa subió a último momento los porcentajes de ganancias al 75% de los aranceles que se le cobrarían a los usuarios para los primeros tres años, y al 47% para los años subsiguientes, lo cual está prohibido por la ley argentina.

Kammerath se mantuvo incólume hasta el 7 de julio de 1999 cuando renunció para ir a conquistar la intendencia de Córdoba. Lo sucedió Alejandro Bernardino Cima, para concluir la administración del gobierno de Menem el 9 de diciembre de 1999. Se desoyeron las voces de alarma por los cánones pactados, desorbitados en proporción a los costos, y a las casi nulas inversiones de Thales en el primer año.

La sucesión de despropósitos acarreó consecuencias. El 6 de diciembre de 2000 la Oficina Anticorrupción (OA) denunció a Kammerath y Cima por tópicos conexos al espectro radioeléctrico, como la adjudicación irregular de bandas de alta intensidad. El juzgado de María Servini de Cubría dictó una falta de mérito en 2004, pero la Cámara Federal la revocó y procesó a los imputados en 2005. La OA solicitó la elevación a juicio de los imputados, lo cual resta a saber como se derimió.

Al asumir, el presidente radical Fernando De la Rúa colocó a Henoch Domingo Aguiar como Secretario de Comunicaciones, quien se desprendió de Gabrielli, sin anular la concesión, ni apercibió o sancionó a Thales. La empresa acumulaba retrasos en el control técnico de las emisiones, en el despliegue de la red informática, en la presentación de informes sobre inversiones, amen de deficiencias en la recaudación de las intimaciones de pago a los morosos, y cambios inconsultos en el uso del logotipo y del domicilio del concesionario, modificando el modelo acordado.

Un informe de la Auditoría General de la Nación, sobre el periodo 1997-2001, emitido en 2003, concluyó que Thales no había respetado las condiciones por las que se le adjudicaran un servicio que nadie en el mundo hasta allí privatizara. Se dio por frustrado el anhelo del Estado de mejorar la explotación de un recurso nacional al delegar en Thales su autoridad de policía de la bóveda atmosférica, suponiendo que el país no pudiera desempeñarlo autónomamente. El perjuicio para la Nación fue evaluado en 300 millones de dólares.

El Estado confió cándidamente que por percibir el 75% de los peajes de los 30.000 usuarios de frecuencias de las radios, los canales de TV, radioenlaces, telefonía celular y el trunking (telefonía más radio), Thales perfeccionaría el servicio, proveyendo los insumos vitales de los que carecía la Nación por su escaso nivel tecnológico para aprovechar un preciado valor inmerso en el cosmos, descartando conseguirlos independientemente.

El patrimonio federal no fue robustecido por Thales, que debía retribuir tan alto porcentaje cedido de los cánones en personal, conocimientos e infraestructura, para ocuparse también del monitoreo de las ondas del sector celeste correspondiente a las fuerzas de seguridad y contralor aéreo. En contrapartida, Thales profundizó la inobservancia de sus deberes mediante un entrelazamiento de moras y obligaciones no respetadas que rebasaban el incumplimiento del 35% del contrato, que era causal de caducidad.

Antes de ser reemplazado en 2002 por Jorge Sarghini como secretario de Comunicaciones, puesto por el nuevo Presidente Eduardo Duhalde, Aguiar dejó en marcha la perspectiva de aumentar las tasas de los usuarios, por las que presionaba Thales, quien fichó como vocero en el Estado al senador nacional Juan Bautista Pampuro.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, Thales no había realizado las inversiones para mantener el servicio, ni honraba las obligaciones, mientras seguía cobrando altos peajes e insistía en aumentarlos. El contrato era leonino y fraudulento para el Estado. Sin embargo, los encargados del gobierno en el área, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, desistieron de romper la impunidad y nacionalizar la empresa privatizada.

Las revelaciones procedentes de Europa sobre las coimas pagadas por Thales al clan Menem, quizá decidieron al Presidente Kirchner mandar caducar la concesión el 26 de enero de 2004. Llovieron las acusaciones contra Thales, que habría violado el 70% de sus obligaciones contractuales de abastecimiento y amortización, sin contar el estrago fiscal de los cánones y las multas a los infractores. Se constató un vaciamiento del Estado en 100 millones de dólares, además de otros 100 millones de dólares que se abstuvo de invertir, desde que Menem convalidara la concesión el 28 de enero de 1998.

Thales se había quedado con el 75% del peaje y las multas por los abusos del éter durante los primeros tres años, un porcentaje que luego se redujo a un 47%. Ese canon debía concretamente financiar la dotación de doce detectoras “fijas” (plantas con empleados permanentes), enlazadas con diez estaciones “moviles” (camiones debidamete pertrechados) y con diez más “remotas” (automatizadas), pero la multinacional no lo hizo. Violó el “70%” de sus obligaciones contractuales de abastecimiento y amortización, sin contar el daño fiscal por el cobro de las tasas y las contravenciones a los infractores.