Finalmente, tras largos meses de conflicto y negociaciones, se procedió con el desalojo de los terrenos tomados en Guernica, en el sur del Gran Buenos Aires, y Dolores Etchevehere, junto con integrantes del recién formado "Proyecto Artigas", también tuvieron que liberar el campo "Casa Nueva" que ocupaban en Entre Ríos.

Las decisiones de la Justicia con relación a ambos episodios que cobraron una relevancia nacional lejos están de solucionar, por un lado, el entrevero familiar por la herencia de los Etchevehere y mucho menos los problemas estructurales que padece la Argentina en cuanto al acceso a una vivienda digna.

De cualquier manera, los incidentes en el partido de Presidente Perón y en cercanías de la localidad entrerriana de Santa Elena se desactivaron -en el caso de Guernica, con algunas refriegas entre policías y presuntos ocupantes- en momentos en los que habían comenzado a generar un ruido cada vez más intenso en filas del Frente de Todos.

En ese contexto, la prolongada toma en el sur del Conurbano bonaerense, apuntalada por agrupaciones políticas de izquierda y movimiento sociales, más el conflicto en la Patagonia con supuestos integrantes de la comunidad mapuche que ocupan tierras y ahora el caso Etchevehere desencadenaron una insólita discusión sobre la propiedad privada en la Argentina.

Un debate en el que incluso el Gobierno ha decidido embarrarse sin ninguna necesidad, con opiniones que favorecen a la confusión, sin pronunciar un mensaje claro y contundente sobre un derecho fundamental incluido en la Constitución Nacional y minimizando el problema suscitado en "Casa Nueva".

"Son cosas que pasan entre los ricos", consideró el presidente Alberto Fernández, que además no ocultó su simpatía con las ideas que pregona el líder del "Proyecto Artigas", Juan Grabois, con relación a la explotación de la tierra por parte de pequeños agricultores con métodos naturales, en el marco de una reforma agraria que cree necesaria.

Claro que para lanzar su propuesta, Grabois y sus seguidores optaron por entremeterse en una disputa familiar y ocupar en forma ilegal, de acuerdo con la Justicia, un campo en Entre Ríos, más allá de la "invitación" de Dolores Etchevehere: básicamente, la propiedad privada resultó vulnerada.

La inusitada discusión de la que tomaron parte funcionarios y referentes del oficialismo sobre este derecho constitucional no hace más que desgastar la imagen del Gobierno y ampliar el libreto de cuestionamientos de la oposición, en medio de la pandemia de coronavirus que aún golpea al país y de la crisis económica que padece la Argentina.

Lisa y llanamente, no le sobra demasiado al Frente de Todos en su gestión al mando del Estado nacional como para malgastar tiempo y energías en un debate sobre presuntos "motivos válidos" o al menos "comprensibles" para ocupar tierras, por más que el presidente asegure que la propiedad privada "no está en discusión": ¿es necesario aclararlo, incluso?.

Con el simple hecho de mencionarlo, el Gobierno participa así en un debate que no le genera dividendos, en momentos en los que las consecuencias económicas y sociales con motivo de la pandemia se están tornando cada vez más palpables y en más de una decena de provincias existen conflictos por tomas de tierras.

En Guernica, convertido en un caso testigo en las últimas semanas, actuó la Policía bonaerense para hacer cumplir la orden de la Justicia con relación al desalojo y el gobernador Axel Kicillof recibió críticas de haberse corrido, supuestamente, hacia la derecha al avalar la liberación del predio, tras una serie de negociaciones con subsidios (dinero) de por medio.

De todos modos, otras tomas -algunas de larga data, en especial en la zona oeste del Gran Buenos Aires- permanecen activas y sin la notoriedad mediática que supo ganarse el incidente en Presidente Perón, donde arrasaron las topadoras para voltear las casillas que habían levantado los ocupantes.

Claramente es de larga data la discusión sobre la tierra y a quién debería pertenecer, al que la posee o al que la trabaja y la necesita para construir un hogar, pero más allá de los enormes problemas estructurales que sufre la Argentina, el Gobierno no debería permitirse "grises" ni medias tintas cuando incursiona en debates sobre la propiedad privada.

"Los mensajes contradictorios que se están enviando con el tema de las usurpaciones no hacen más que empoderar a estos violentos y extorsionadores. Se sienten impunes", subrayó esta semana el intendente de La Plata, Julio Garro, de Juntos por el Cambio, al denunciar que un grupo de encapuchados con "palos y bastones de hierro" había intentado tomar el Palacio Municipal.

Los matices con los que el Gobierno evalúa y se pronuncia sobre determinados temas envalentonan a la oposición para fustigar a la gestión que conduce Fernández, que más allá de su empatía con las ideas "no descabelladas" de Grabois, debería "bajar" un mensaje claro y conciso en momentos de una crispación en alza en la sociedad argentina.