Quien controla al jefe de los fiscales controla a los fiscales. Quien controla a los fiscales puede desistir de las acusaciones. Quien puede desistir de las acusaciones puede evitar el juicio. Es decir, en una palabra: impunidad.

Alberto Fernández reconoció lo altamente corrupto que fue el gobierno de Cristina en reiteradas ocasiones. Y la mayoría de los jueces fueron nombrados por el peronismo. Muchas de las causas judiciales que involucran a Cristina se iniciaron, no bajo el gobierno de Macri, sino bajo el de ella misma. La única diferencia fue que, al asumir Macri, algunos jueces y fiscales (repito, mayoritariamente peronistas o nombrados por el peronismo) se sintieron menos presionados y más libres para poder avanzar con las investigaciones.

Dejando de estar el Estado en manos de la jefa y artífice del plan sistemático de corrupción, lógicamente, se hizo más fácil acceder a la información. La ley del arrepentido, usada exitosamente en muchas democracias avanzadas para luchar contra el crimen organizado (y a la cual el kirchnerismo se opuso desde un inicio), fue de gran ayuda.

Es el propio peronismo el que se acusa a sí mismo, se persigue, se divide y se vuelve a unir. Pero les adjudica la persecución a sus opositores. Es que la corrupción del kirchnerismo fue tan brutal y exuberante que era imposible que no fuera usada en sus clásicas peleas internas, a través de las cuales el peronismo muta y se adapta a los vientos de época.

Sólo un peronista, como Alberto Fernández, puede acusar de las peores barbaridades a alguien como Cristina y luego tener cara suficiente para formar gobierno con ella y afirmar que fue “perseguida”. No la acusó de tener ideas equivocadas, sino de las cosas más graves imaginables: corrupta, psicópata, autoritaria, traidora a la patria, cómplice del terrorismo iraní, etc.

Ahora, Alberto se encuentra ayudando al cristinismo a controlar la Justicia. Lo hace a través de cuatro jugadas en simultáneo: 1) iniciar el debate y legitimar la idea del aumento de los miembros de la Corte Suprema; 2) apoyar la designación de un juez militante en el tribunal electoral de La Plata (Ramos Padilla, que en la causa contra Daniel Santoro restringió la libertad de prensa al interpretarla como espionaje); 3) promover la declaración de inconstitucionalidad de la ley del arrepentido; 4) aceptar la idea del cristinismo de reducir la mayoría necesaria para designar al jefe de los fiscales.

Esto último es lo más grave y peligroso en lo inmediato, ya que le daría a Cristina la mayoría para designar a quien quisiera (seguramente algún militante perseguidor, como lo fue Gils Carbó, famosa por intimidar a todos los fiscales al sancionar arbitrariamente al eficaz investigador de corrupción José María Campagnoli).

El cristinismo intenta disimular sus indisimulables pretensiones autoritarias alegando que, aunque se disminuyera la mayoría necesaria para designar al Procurador General, la mayoría requerida para destituirlo seguiría siendo de dos tercios. Se trata de la misma estrategia que usaron en el Consejo de la Magistratura. Bajan la mayoría requerida para la designación para poder nombrar incondicionales, y suben o mantienen alta la mayoría para destitución al efecto de ejercer poder de veto y, así, bloquear toda destitución de su funcionario adicto.

Otro argumento que ha esbozado el gobierno es que “la Argentina debe tener un Procurador”. Pero lo que no dijo es que ya tiene uno, Eduardo Casal, y que está funcionando a la perfección. La ley es tan sabia que establece mayoría de dos tercios en el Senado para la designación, lo que obliga a consensuar un jefe de fiscales no partidista y con buenos antecedentes. Sin embargo, en caso de que los políticos no estén a la altura de las circunstancias y no puedan ponerse de acuerdo, asume automáticamente quien sigue en el escalafón por carrera y orden de mérito. Así, no existe forma de que ningún partido o gobierno pueda manipular a los fiscales. Eso es lo que les molesta.

Tan dañina sería la reforma para el normal funcionamiento de los fiscales, que el propio candidato de Alberto, Daniel Rafecas, llegó a afirmar que no asumiría de reducirse la mayoría para la designación. Asimismo, más de setenta fiscales de distintos fueros firmaron una petición en contra de la reforma.

Mientras crece el poder de Cristina, Alberto queda cada vez más débil y desdibujado. La nula credibilidad que tenía, luego de haberse contradicho tan fuerte y en tantas ocasiones, la ha perdido con su pésima gestión de la pandemia. Según un estudio publicado recientemente por Bloomberg, Argentina es el segundo país peor gestionado en el marco del coronavirus. Básicamente, se pusieron todas las fichas en las restricciones sanitarias, ignorando dogmática y neciamente las recomendaciones sobre testeos masivos con cuarentenas selectivas y transitorias. Así, la economía se desplomó, la sociedad se hartó y el virus terminó circulando de igual forma. Tenemos un número de los más altos en muertes por habitante con la economía totalmente destruida.

Para colmo de males, al realizar esta ilegítima avanzada contra la Justicia, a favor de la impunidad de su vicepresidenta (tildada de corrupta por él mismo), Alberto provocó movilizaciones masivas de la población para defender la democracia, el Estado de Derecho y la república. A tal nivel llega el afán por la impunidad que ni siquiera repararon en los efectos para la pandemia. Al contrario, pretendieron aprovecharse de la situación y del sufrimiento y las restricciones de los argentinos para avanzar con una agenda autoritaria de concentración del poder e impunidad.

Ni hablar de la brillante idea de organizar el velatorio de Diego Armando Maradona en Casa Rosada, con invitación especial y pase VIP para “la doce”. Al día siguiente, Alberto estaba anunciando una “segunda ola” de contagios por conferencia de prensa. En cualquier lugar serio todas estas barbaridades hubieran implicado la renuncia o destitución por juicio político del presidente.

Desde luego, si esto ocurriera, asumiría el poder la principal beneficiaria y promotora de la impunidad, con lo cual no nos convendría. Pero, claro, en un país normal Cristina no sería vicepresidenta, sino presidiaria.

No es mucho, pero el lector puede comprometerse con este asunto, y aportar su granito de arena, firmando la siguiente petición para que no se reduzca la mayoría de dos tercios para designar al Procurador General de la Nación.

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