El conflicto entre los peronistas y Horacio Rodríguez Larreta funciona como un visor a través del cual se pueden advertir todas las dimensiones del drama oficialista. Allí se expone una forma de hacer política cuyo gurú fue Néstor Kirchner. Aparece también la incomodidad de un Gobierno que se debate entre sus inclinaciones demagógicas y las obligaciones que impone un ajuste inevitable. Se puede observar, además, una doble rivalidad. La que separa al Frente de Todos de Juntos por el Cambio. Y la que enfrenta, en el seno del kirchnerismo, distintos proyectos electorales y biográficos. Las tensiones que se condensan en este enfrentamiento desbordan, a pesar de las declamaciones de la Casa Rosada, la contabilidad fiscal. Por momentos se tiene la impresión de que en este duelo se encierra, como una reducción a escala, el destino de los próximos tres años.

Kirchner padre enseñó que política y piedad son incompatibles. Cuando gobernaba Santa Cruz, los camarógrafos del canal provincial tenían prohibido enfocar el rostro del intendente radical de Río Gallegos. Los televidentes sólo tenían derecho a reconocer a Alfredo Martínez por la nuca. El criterio es transparente: nadie promovería en la pantalla que administra a aquél que quiere dejarlo sin votos. Los recursos del Estado deben estar al servicio del grupo que gobierna. Este principio se vuelve extremo cuando se trata de la caja, que es la esencia del mando. Como el poder está en la plata, lo único que cabe con el adversario es recortarle los recursos. La ética de la responsabilidad.

El kirchnerismo aplica estas reglas, tan prácticas, tan elementales, a sus relaciones con Horacio Rodríguez Larreta. Se trata del adversario más amenazante. No sólo porque está instalado en la gran vidriera porteña, que él controla de memoria. Hoy es, además, la figura más popular del país. Según el último sondeo de Federico Aurelio, Larreta es apreciado por el 68% de los argentinos, y sólo el 22,9% lo rechaza. Si se pretende retener el poder en 2023, hay que destrozar esa aritmética.

Es bastante obvio que, desde diciembre pasado, el oficialismo se propuso convertir a Larreta en el centro de imputación de todos los males. Ni siquiera el pánico ante el coronavirus puso en suspenso ese plan de acción. En julio, cuando todavía se reunían, Cristina Kirchner reprochó a Alberto Fernández distinguir al jefe de Gobierno del resto del macrismo: "Es lo mismo. No te olvides de que a mí los allanamientos me los hacía la Metropolitana". Pocas semanas más tarde, la vicepresidenta recomendaba un aguerrido discurso de la diputada Daniela Vilar, en el que esta militante de La Cámpora denunciaba, presa de la indignación, que el presupuesto ambiental de la ciudad de Buenos Aires equivale a todos los recursos de Lomas de Zamora, donde ella hace carrera. Vilar se enfurecería más si se entera de que su esposo, el pragmático Federico Otarmín, administra un tesoro similar como presidente de la Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense.

Apenas ocupó su sillón, el Presidente se propuso restarle fondos al gobierno porteño. Puso en pausa esa maniobra durante la pandemia. Pero volvió corriendo a ella cuando estalló la Policía Bonaerense. Para el manual de conducción del kirchnerismo resulta intolerable que los porteños, que votan a Juntos por el Cambio, no tengan problemas de dinero; y que Axel Kicillof, que está al frente del distrito donde radica su propia base electoral, ande contando las monedas. Esta es la ecuación mayor del federalismo de Fernández: mientras a Larreta se le quitan 62.000 millones de pesos, Kicillof ha recibido giros discrecionales que multiplican por 10 los que Mauricio Macri enviaba a María Eugenia Vidal. Es cierto que Macri terminó siendo mezquino con Vidal; entre otras razones, porque para convalidar el acuerdo con el FMI el PJ le exigió desfinanciar a la provincia, para desbaratar la amenaza de Vidal. También es verdad que el gobernador Cafiero, el abuelo Antonio, cedió puntos de coparticipación de Buenos Aires. La provincia tiene, además, altos índices de pobreza. Aún así la preferencia actual es inédita. Y los demás jefes provinciales la toleran en silencio. Es el territorio de Cristina Kirchner.

Así como hubo una atribución implícita a la Ciudad por la escasez del presupuesto de Seguridad de la provincia, Eduardo "Wado" de Pedro se apresuró a responsabilizar a Larreta por la desastrosa organización del funeral de Diego Maradona. El tuit fue redactado mientras la señora de Kirchner estaba refugiada en el despacho del ministro del Interior. Con la misma velocidad la Casa Rosada dio de baja la página web en la que se ufanaba de haber centralizado todas las fuerzas policiales que intervenían en esa ceremonia. Sería interesante que De Pedro vaya elaborando desde ahora nuevas imputaciones contra el jefe de Gobierno, porque se le presenta una oportunidad inmejorable: el 9 habrá una vigilia por la sesión en la que se tratará la "Ley Vilma", de despenalización del aborto. Dos legiones, una celeste, otra verde, enfrentadas. Como la denuncia penal contra Larreta ya se realizó, sólo habría que sumar los nuevos episodios.

La saga federal contra la ciudad de Buenos Aires está basada en una contabilidad bastante sobria. La desarrolló Silvina Batakis, la secretaria de Provincias en un informe que elaboró para De Pedro. La tesis de Batakis podría resumirse, prescindiendo de pormenores técnicos, en estos términos: así como Macri asfixiaba a Vidal, Larreta se fumó a Macri. Cuando le transfirieron una sección de la Policía Federal, se hizo acreditar el monto correspondiente a todos los servicios de seguridad. No se limitó a los transferidos. La Ciudad pasó de 1,4 a 3,75% de coparticipación.

Estos números deben ser discutidos en la Corte. El jefe de Gobierno pidió un fallo cuanto antes. Pero los jueces se tomarían, en principio, tres semanas para definirse. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, entendió que Larreta está presionando al máximo tribunal. Hay que imaginar lo que Losardo habrá sufrido cuando tuvo que asistir en silencio, en vísperas del fallo sobre los jueces Bruglia y Bertuzzi, a las descalificaciones de Leopoldo Moreau sobre cada uno de los magistrados, con nombre y apellido.

Larreta tiene buenos argumentos jurídicos. Sobre todo uno: el Poder Ejecutivo Nacional no puede hacer una alteración unilateral de la coparticipación. Sobre todo desde que, en el fallo GCBA c/ Provincia de Córdoba, de 2019, el máximo tribunal definió a la Capital como una "ciudad constitucional federada". Por eso, cada vez que se decretó un cambio en el índice, fue como consecuencia de un pacto fiscal entre la Nación y la Ciudad.

Las encuestas señalan, sin embargo, que la opinión pública tiene sus propias creencias. Como cualquier otra discusión, ésta también se organiza de acuerdo con polos preexistentes: para el kirchnerismo los porteños son privilegiados; y para el antikirchnerismo, despojados. La verdad es que la Ciudad recibe mucho menos de lo que aporta a la caja común. Pero una mayoría está convencida de que recibe más de lo que le corresponde. Sobre esta percepción se sostuvo el discurso de Máximo Kirchner, el martes a la madrugada, en el Congreso.

La explicación de Kirchner hijo sobre la relación entre la Nación y la Ciudad, se inscribe en una concepción general desde la que él interpreta todos los fenómenos. Está basada en tres axiomas. Es decir, tres verdades que no requieren ser demostradas. 1. Cualquiera sea la discusión, a priori, la razón está siempre del lado de los que tienen menos. Aunque no lo esté. 2. Cualquiera sea la discusión, a priori, lo nacional es superior a lo extranjero. Aunque no lo sea. 3. Cualquiera sea la discusión, a priori, el Estado siempre tiene una solución mejor que el sector privado. Aunque no la tenga. El diputado Kirchner no es original con sus premisas. Sobre ellas se constituyó un consenso que rige a una franja amplia de la sociedad desde hace muchísimas décadas.

El jefe de La Cámpora no quiso presentar el diferendo con la Ciudad como un problema técnico, de reparto de recaudación. Para él es un enfrentamiento de pobres contra ricos. Así como el de Macri fue, desde el punto de vista social, un gobierno para los sectores más pudientes, desde el punto de vista federal gobernó para la ciudad más opulenta. La desmentida de este argumento es muy sencilla: la coparticipación efectiva que recibió la provincia de Buenos Aires durante la administración Cambiemos pasó del 18,5% en 2015, con la señora de Kirchner, a 22,2% en 2019. Macri quería, con Vidal, lo mismo que quiere ahora el peronismo con Kicillof: retener el distrito más importante del país.

Sin embargo, la consigna oficial es, como con el impuesto que Máximo Kirchner promovió con Carlos Heller, "hay que sacarles a los ricos". Hay que ponerse en los zapatos del diputado. Él sostiene, con silencioso estoicismo, el ajuste fenomenal que lleva adelante su gobierno. La deuda en pesos fue dolarizada en beneficio de fondos como Pimco o Templeton. Desde diciembre, el endeudamiento aumentó en 20.000 millones, mientras el Banco Central pierde reservas. Se suprimieron programas como el IFE y el ATP. Según las estadísticas del FMI, la Argentina fue uno de los países latinoamericanos que menos recursos aplicó a aliviar la pandemia; pero también el que más daño fiscal sufre con esas erogaciones. "Los abuelos" soportan un recorte en sus ingresos en términos reales. Todavía falta el aumento de tarifas.

Máximo Kirchner debe disimular que el programa peronista es, con variaciones, el programa de Macri. Porque es el programa del Fondo. Alberto Fernández recurre a todos los medios para conseguir un alivio. En la charla con Joe Biden se quejó de que Mark Rosen, el representante de los Estados Unidos en el Fondo, tiene antipatía por su gobierno. Felipe Solá reveló esa conversación en una entrevista. Martín Guzmán y el delegado en el Fondo, Sergio Chodos, hicieron sonar todas las alarmas. Refutaron al canciller diciendo que había inventado esa parte de la charla. Solá puede ser imprudente. De hecho, no advirtió que habrá que seguir hablando con Rosen, porque Biden no lo puede reemplazar en lo inmediato. Pero Solá no es un delirante.

El diputado Kirchner sinceró que el de la coparticipación es un enfrentamiento político. Hasta electoral. Larreta es un jefe de Gobierno que terminará, si llega a Presidente, destruyendo la economía, como los antecesores de su misma filiación: Fernando De la Rúa o Macri. Kirchner va dibujando el retrato sombrío de alguien a quien, tal vez, prevé enfrentar. Así como su papá utilizó el "Mauricio es Macri" en favor de Aníbal Ibarra, él ensaya el "Larreta es Mauricio". Tiene todo el derecho a esa lógica. Sus adversarios externos y, sobre todo, internos, le hacen cargar la lápida "Kirchner es Kirchner".

El inconsciente es infalible: en tren de asignar posibilidades, el líder de La Cámpora fue más generoso con Larreta que con su rival Axel Kicillof. "Ningún gobernador de la provincia llegó jamás a Presidente", recordó. También bromeó con las opacas relaciones entre Larreta y el PJ Capital. "Al jefe de Gobierno le brillan los ojitos cuando ve a algunos dirigentes del partido". Kirchner sabe que a esos dirigentes les brillan mucho más. Los túneles hacia Larreta son innumerables: van desde Víctor Santa María hasta Juan Manuel Olmos y Cristóbal López.

Son anécdotas. Para la familia Kirchner, la verdadera preocupación de las vinculaciones con Larreta radica en Alberto Fernández. El Presidente ha deteriorado su imagen. Pero, en aquel sondeo de Aurelio, conserva un 55% de consideración positiva, medio punto más que en octubre. Y un 42,2% de negatividad, casi un punto menos que en la medición anterior. En su entorno adjudican esa pequeña mejoría a la mayor tranquilidad cambiaria. El bromea: "No. Debe ser porque Cristina no me habla". Enseguida aclara: "Ojo que es un chiste".

El detalle amenazante de Fernández no es que tiene mejor imagen que la vicepresidenta. Hay otro más importante: existe un 30% de encuestados a los que les gusta Fernández y Larreta al mismo tiempo. Quiere decir que Fernández puede aspirar, todavía, a un votante que a los kirchneristas biológicos les resulta esquivo. Imponer a Fernández una guerra permanente con Larreta implica reducir ese encanto que él posee. Para los Kirchner es un dilema: sin los votos que suma ese atractivo es mucho más difícil ganar las elecciones.

La pulsión del kirchnerismo duro por retrotraer la frontera de Fernández a su propia frontera se desata en una plataforma mucho más sensible: la elección del Procurador. Cristina Kirchner puede tener reparos con Daniel Rafecas. Es probable que le guste mucho más Víctor Abramovich, quien hoy secunda a Eduardo Casal. Abramovich es un jurista articulado, con una clarísima formación de izquierda. Durante años trabajó el en CELS de Horacio Verbitsky. Un perfil mucho más simpático para la vicepresidenta que el de Rafecas. Sobre todo, porque algunos amigos lo definen como débil de carácter.

Al imponer en el Senado que el Procurador sea elegido con mayoría absoluta, es decir, sin acuerdo con la oposición, la vicepresidenta dinamitó cualquier movimiento de Fernández hacia el centro. Él no defiende su jugada. Tampoco las pretensiones de su jefa. El diputado mendocino José Luis Ramón, cuyo bloque es esencial para aprobar la nueva normativa, adelanta que prefiere que el jefe de los fiscales sea designado con dos tercios. El interlocutor de Ramón es Sergio Massa. La suya puede ser una posición negociadora. O puede ser la apuesta de Fernández a que el proyecto de Cristina Kirchner naufrague en Diputados. Como su propia reforma judicial (Diario La Nación).