El régimen de Nicolás Maduro cantó victoria en las amañadas legislativas de Venezuela con un escaso 30 por ciento de participación del electorado. El fin no justificaba los medios: recuperar la Asamblea Nacional, el único órgano controlado por la oposición desde 2015. ¿Qué legitimidad tuvo el voto del 6 de diciembre? Significaba para muchos venezolanos la bolsa de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

No se trató de una decisión, sino de una opción: comer o pasar hambre.

Los comicios estaban signados por la abstención, el boicot, las denuncias de fraude y la falta de reconocimiento de parte de la comunidad internacional.

Al domingo siguiente, 21 personas fracasaron en su intento de huir de la miseria en una balsa precaria. Iban de Güiria, Venezuela, a Chaguaramas, Trinidad y Tobago. Murieron ahogadas.

¿Es causal el parecido con el infortunio de aquellos que quieren escapar de Cuba o ingresar en Estados Unidos desde México con la ayuda de coyotes (mafias fronterizas)?

La diferencia radica en que el régimen de los Castro dibujaba mejor los números de las supuestas elecciones, con índices abismales de victoria para el Partido Comunista.

El único autorizado por el régimen para “organizar y orientar los esfuerzos comunes» en la construcción del socialismo.

El único autorizado a existir, en realidad.

La tragedia de Güiria, también comparable con la de los migrantes del norte de África, refleja el drama de los venezolanos: entre 500 y 700 salen del país por día, especialmente rumbo a Colombia, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Las penurias y la inseguridad van de la mano.

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, concluyó que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con motivos políticos”.

Otra llaga para los nostálgicos de la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras militares del Cono Sur, como si los crímenes de lesa humanidad fueran de derecha o de izquierda.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, confirmó la presión sobre los más desfavorecidos para votar por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las legislativas.

Un atropello, de modo de obtener ventaja política en esa fábrica de pobres.

En Venezuela perdura la democracia, pero, más o menos al estilo cubano, el grueso de los partidos opositores ha sido inhabilitado. El autoproclamado presidente Juan Guaidó, reconocido por más de 50 gobiernos, tiene los días contados como presidente de la Asamblea Nacional.

Guaidó, perdido por perdido, organizó una consulta popular en respuesta a las legislativas, en las cuales el PSUV obtuvo el 91 por ciento de los escaños.

Del sondeo informal de la oposición participó el 31,22 por ciento del padrón. Un poco más que en las elecciones. Dato tan incomprobable como la legitimidad de Maduro.

De ser ciertas las cifras del Consejo Nacional Electoral y las de la oposición participaron tres de cada diez venezolanos en cada contienda.

Ni uno ni el otro pueden henchirse de orgullo frente a la apatía que despiertan, más allá del uso y abuso gubernamental del carné de la patria.

Un factor de presión para acceder a los CLAP. Tres de cada diez, entre los votantes de Guaidó, aceptaron “gestiones necesarias” de la comunidad internacional para resolver el entuerto.

Otro callejón sin salida, agravado por la excusa de Maduro, la amenaza de Estados Unidos, y el guiño de sus aliados, un club de autócratas capitaneado por Rusia, China, Turquía, Irán y Cuba.

“Maduro está celebrando la expulsión por el voto popular de su rival, Donald Trump, y, ahora, sus socios extra hemisféricos se han mostrado más dispuestos a desafiar a Washington y apoyar a Venezuela, como lo demuestran las delegaciones militares rusas, los barcos iraníes que suministran petróleo, el lavado de oro venezolano por parte de Turquía y la suspensión de China del pago de la deuda a cambio de la entrega del petróleo venezolano embargado”, señala Evan Ellis, profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos.

El coronavirus creó un escenario favorable para el poder constituido. También mostró la otra cara de la moneda, aunque el bolívar sea una moneda en extinción: dos cafés cuestan un millón de bolívares.

La desmovilización en Venezuela, incluidos sectores del oficialismo renuentes a salir de sus casas por temor al contagio, aquieta las aguas. Maduro confía en entablar un diálogo moderado con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, de modo de atenuar las sanciones dictadas por Trump.

En resumen, dicen la socióloga Vanessa Cartaya y el ingeniero Nino Gianforchetta en el ensayo El futuro de la democracia en Venezuela, “la falta de separación de los poderes y su escasa autonomía frente al Ejecutivo nacional se ha traducido en actuaciones inconstitucionales e ilegales, en la discriminación política de importantes sectores de la sociedad y en restricciones arbitrarias de los derechos humanos, que debilitan la institucionalidad democrática y socavan el Estado de derecho».

La fatiga democrática, así como la pandémica, incluye a una oposición dividida que no acierta en la estrategia por la egolatría de sus líderes mientras 4,6 millones de refugiados y migrantes venezolanos se codean con la pobreza en otros países por los confinamientos, la inseguridad, la violencia de género, los desalojos, la desnutrición y la estigmatización.

El regreso a Venezuela, cual renuncia a la apuesta de una vida mejor, no representa una victoria para Maduro ni para la oposición, sino lo peor que le puede pasar a un ser humano.

La resignación.