Como decía Benjamin Franklin, "Lo único cierto son la muerte y los impuestos".

Ellos nos acompañan donde quiera que vayamos y los vamos pagando algunas veces sin siquiera darnos cuenta.

Lo que pasa es que algunos países como el nuestro, en su voracidad exageran y gravan de tal manera todo lo que se mueve, que terminan matando toda iniciativa económica y posibilidad de crecimiento.

Los impuestos son tantos y tan altos que solo se puede ser competitivo no pagándolos; y esta acción genera a su vez, restarle más competitividad al cumplidor empujando cada vez a más gente a la evasión.

El evasor se hace rentable corriendo en la ilegalidad y funde con esta acción al cumplidor que no puede competir.

Es una dinámica diabólica; el gobierno sube los impuestos a un nivel de quebranto porque cae la recaudación, no puede perseguir eficientemente al evasor porque estos han crecido en número, son demasiados. Esto hace bajar los costos de evadir, aumenta la evasión y baja aún más la recaudación.

Argentina se encuentra sumergida en ese círculo vicioso. En él, bajar el gasto es difícil, subir la recaudación imposible.

La inflación amenaza con espiralizarse ante cada estornudo del planeta, y la evasión se ve como una tabla de supervivencia.

Es un nudo gordiano que nadie acierta a desatar.

Hemos llegado al punto en el que la única solución que aparece como salida es generar un shock productivo que cambie la dinámica de decadencia. Este shock sólo puede venir de una fuerte baja en la presión impositiva que permita volver a encender los motores de la economía.

Sin embargo, la manera en que generamos la chispa para poner en marcha la producción no es neutral. Debe aplicarse sobre el peor de los impuestos de modo de obtener el mayor impacto sobre la producción al menor costo recaudatorio.

Si se remueve lo peor de la infección que afecta al cuerpo económico, el cuerpo podrá en su reacción generar los anticuerpos que erradiquen el resto de la enfermedad.

Pero ¿Cuál es el peor de todos los impuestos? Sin meternos en los tecnicismos de la equidad impositiva o la neutralidad fiscal; siendo fundamentalmente pragmáticos; en mi opinión, el peor de los impuestos es aquel que al ser el que más se evade, genera la mayor brecha entre lo que paga el cumplidor y la ventaja que obtiene el evasor de su incumplimiento.

Es el impuesto con el mayor impacto formalizador de la economía y, en consecuencia, su eliminación generará el mayor incentivo a la producción.

Hay muchos impuestos muy malos, distorsivos y regresivos.

Pero los impuestos al trabajo son, por lejos, los que generan el mayor perjuicio a la sociedad.

En efecto, más de la mitad del trabajo realizado en la Argentina es remunerado fuera de los circuitos formales y no paga ni aportes personales ni contribuciones patronales. El propio Estado ha elaborado contratos de locación de servicio para evadir estos gravámenes. Esto implica una ventaja del 27% de la nómina salarial del evasor por sobre el contribuyente responsable, lo que representa al menos entre un 8% y un 12% del resultado final de la empresa.

La recaudación para el Gobierno se encuentra por debajo de la mitad de lo que debería, lo que hace de este impuesto uno de los más ineficientes en términos recaudatorios.

Si se aboliera este impuesto, la economía en blanco mejoraría inmediatamente su desempeño. El trabajo en negro no tendría razón de ser, ya que no existirían los incentivos para evadir.

La recaudación de los otros impuestos mejoraría, en algunos casos inmediatamente por varios motivos:

1) Contables; la eliminación de este costo impactaría en la base imponible de otros impuestos. El más obvio es ganancias.

2) Rentabilidad; la inyección de recursos necesariamente impactará en consumo y exportaciones.

3) Formalización; la menor presión impositiva restará incentivos a la evasión y generará una mayor base imponible para los otros impuestos (IVA y ganancias especialmente).

4) Mayor empleo; la baja impositiva incrementará la productividad del trabajo y con ello el nivel de empleo.

5) Matriz Productiva; al aumentar la productividad del trabajo se generará un efecto sustitución entre trabajo y capital que redundará en más trabajo y mejores salarios de bolsillo.

Las objeciones conceptuales

La principal objeción conceptual es que los impuestos al trabajo son la fuente de financiamiento del sistema previsional y que la derogación de estos implica el fin de este sistema.

Esta objeción tendría sentido si no fuera que el Sistema Previsional en la Argentina ya se encuentra virtualmente vacío de contenido.

La porción de las jubilaciones y pensiones financiadas por los aportes y contribuciones no llega a cubrir la mitad de estas, a los efectos prácticos, ya no se trata de un sistema previsional sino de un sistema de jubilaciones financiado por el Tesoro.

Sumado a esto, los múltiples incumplimientos de parte del Estado y la confiscación de los fondos de las AFJP sólo han servido para restarle credibilidad al sistema haciendo que el argentino medio perciba al mismo como un fraude tratando de pagar lo menos posible, ya que recibirá un trato injusto y una pensión paupérrima.

Si se transformara el sistema en una asignación por edad avanzada bastaría con establecer una partida presupuestaria equivalente a los derechos de los jubilados y pensionados, pero, en vez de financiarla con impuestos al trabajo, se financiarían de rentas generales.

Lo que restaría es simplemente una cuestión semántica; dejaríamos de hablar del Sistema Previsional para pasar a un Sistema de asignación por Edad de Retiro.

Las objeciones recaudatorias

La recaudación total de los impuestos al trabajo representa hoy cerca del 20% del total de lo colectado por el Tesoro. A primera vista, un agujero difícil de llenar.

Pero si miramos con un poco más de detenimiento nos daremos cuenta la propia acción de derogar el impuesto libera mecanismos que rellenan bastante el pozo que generamos.

En primer lugar, cerca de 5 puntos de este 20% son Aportes y Contribuciones aportadas por el propio gobierno lo que redundaría en una baja importante del gasto. El faltante fiscal consolidado sería del 15%.

Otro 3% se cubre por el aumento en la recaudación derivado del aumento en la base imponible de los otros impuestos.

Otro 3% se podría cubrir derogando los regímenes especiales en IVA y Ganancias entre otras excepciones establecidas para sostener sectores que y no podían sostenerse por la presión impositiva.

La baja de los impuestos al trabajo sustituiría a estos regímenes especiales.

Quedaría un 9% de la recaudación que, asumámoslo, debe darse por una baja y mayor eficiencia del Gasto Público.

De todas maneras, en el corto plazo, ese 9% se reduciría por el crecimiento económico y una mayor productividad.

Grandes males reclaman grandes remedios.

No deja de resultar absurdo que toda la clase política afirme que el rol fundamental del Estado es la creación del empleo y que la mayor carga fiscal se direccione a quienes, supuestamente, busca favorecer.