Quizás la merluza sea la especie más resistente a la tozudez, avaricia y negligencia del hombre. Desde hace 20 años, cuando comenzó a decirse que estaba en riesgo, se ha adaptado para sobrevivir, reproduciéndose cada vez más joven y hasta modificando su área de desove. Así y todos, aunque retardado, el fin parece cercano.
    En tal sentido, cabe preguntarse ¿Cuánto tiempo podrá resistir la incesante presión pesquera que se ejerce sobre ella? ¿Cuánto más podrá hacer por resistir el inminente colapso?
    En el año 1986 había una biomasa total de casi un millón y medio de toneladas y menos de la mitad de los buques que hoy pescan en el mar. El pescado abundaba y los datos biológicos no tenían importancia.
    Ese mismo año, Guillermo Verazay y Otero, científicos de INIDEP, publicaban un informe aconsejando un manejo cuidadoso del recurso, dado que entre 1985 y 1988 los desembarques habían excedido los rendimientos de los valores máximos sostenibles.
    Veamos algunas cifras: el sector bonaerense disminuía un 66% en las densidades poblacionales. Al sur, la disminución estaba en el orden del 30%. A su vez, la presencia de la flota se incrementaba en un 140% como consecuencia de la baja del sector norte. Ya en 1986 quien estaba a cargo del “proyecto merluza”, Bruno Prenski (INIDEP) recalcaba –y lo haría año tras año inútilmente- la necesidad de reducir el número de buques o presión sobre la merluza. 


Década del 90

    El menemismo, Felipe Solá, los acuerdos con la comunidad Europea y la multiplicación ilegal de la flota merlucera llevaron a la colosal magnitud de las capturas anuales de merluza. La voz de los científicos alertaba pero el menemismo y sus funcionarios pesqueros (los mismos de hoy) con Felipe Solá a la cabeza no estaban dispuestos a oir nada, pues ya se había “vendido el mar”, privatizándolo ilegalmente.
    Nunca se escuchó nada que fuera en contra de los intereses de las empresas que colocaban funcionarios en el Consejo Federal Pesquero (sus lobystas hasta la fecha).
    En la fiesta menemista se impulsó esta política, incoando el robo pesquero millonario a la Nación y la consecuente destrucción de recursos que, reitero, hasta la fecha subyace.
    En 1996 la biomasa total caía a menos de 700.000 toneladas (recordar que había 1,5 millón de toneladas 10 años antes). Bruno Prensky, al frente de coordinación de recursos demersales de INIDEP y el científico Aníbal Aubone, desarrollaron tipos matemáticos específicos para ser aplicados a los modelos de investigación de la merluza común en el caladero, ajustando año a año las evaluaciones poblacionales con total precisión para prevenir un desastre.
    Ese año, Aubone presentó un informe ante las autoridades de pesca -con Felipe Solá a la cabeza- en el que concluyó que “se incrementaba peligrosamente la mortalidad por pesca mientras la biomasa reproductiva había disminuido”. Se considera improbable que con los niveles de mortalidad por pesca actuales, la pesquería pudiera mantenerse un “tiempo prolongado”. Todos los informes científicos señalan a 1996 como el año de mayor descarte de especies juveniles, el 50% de las descargas en puertos están relacionadas a estas especies juveniles y es signo de grave depredación.
    Los científicos elevan otro informe a las autoridades nacionales: “Una pequeña falla en el reclutamiento podría tener severas consecuencias para la población de la pesquería”. Este reclamo nunca fue atendido por Felipe Solá y su séquito, muchos de los cuales manejan aún al día de la fecha el control pesquero nacional.
    En 1999 el “turco maldito” se va del poder y todos piensan que se desatará una caza de corruptos de la administración pesquera. Temerosos funcionarios se parapetan en sus sillones (que hasta hoy los cobijan) y Felipe Solá “abdica”. Lo reemplaza Gumersindo Alonso y luego a este Ricardo Novo.
    El cargo de Eduardo “ebrio” Pucci como subsecretario es reemplazado por Eduardo Auguste (quien murió en circunstancias muy sospechosas). Ese año se promulga la Resolución 2/99 donde se reducen drásticamente las capturas y se lleva a cabo desde Mar del Plata el famoso “barcazo” a través del cual se pidió la expulsión de la flota congeladora, extranjera e ilegal.
    Aníbal Aubone nuevamente enviaba a las autoridades otro informe científico auditado por expertos internacionales y el Consejo Federal Pesquero en donde habla expresamente del colapso del recurso merluza y la necesidad de dejar de pescar por lo menos un año para recuperar biomasa y salvar la especie y el desastre biológico social, atendiendo que “aún no pescando existe la posibilidad del no recupero de la especie”.
    Los integrantes del Consejo Federal Pesquero, que son los mismos de siempre, no han garantizado el adecuado equilibrio biológico para solucionar este grave problema. Tal vez esto se deba a que son lobbystas y empresarios que sólo cuidan sus bolsillos.


Década infame

    En el año 2000, Fernando De la Rua y la Alianza gubernamental mantuvieron la estructura del Consejo Federal Pesquero. El “informe Aubone” siguió enterrado y la captura máxima permisible fue sobrepasada como siempre. Los controles o fiscalizaciones en tierra y a bordo, manejados a pura coima, prevalecen hasta hoy dejando pingües ganancias a punteros políticos y gremiales.
    En el año 2000, el entonces secretario de Pesca, Antonio Berongharay, sin ponerse colorado salió ante los medios a decir que la merluza se había recuperado durante su gestión.
    Un año después, Horacio Rieznick asumía como subsecretario del área (un delincuente que hasta la fecha está conchabado en la SAGyPA), Ramiro Sánchez era director de INIDEP (genuflexo al poder político) y Bruno Prensky abandonaba el cargo de coordinador de área para pasar al sector privado. En su lugar asumió Guillermo Verazay y al mismo tiempo Marcelo Pérez se hizo cargo del “Departamento Merluza”.
    Ese año, luego del grave informe elevado, todo cambió, incluso la metodología de investigación. Comenzaron las sospechas justificadas sobre valores que se mostraban para ser “políticamente aceptables” en lugar de ser “biológicamente ciertos”. Se alteró la metodología de evaluación de biomasa, variando así los parámetros estadísticos y logrando resultados positivos. Nada que ver con la realidad del recurso.
Berongharay, tan incapaz e indolente como De la Rua, hablaba de un “desove extraordinario” (para los bolsillos de los funcionarios) y así, con la modificación de parámetros estadísticos alterados, se modificó el máximo de captura anual de 370.000 toneladas a 330.000 toneladas, la biomasa reproductiva más baja de la historia (recordar nuevamente el 1,5 millones de toneladas de 1986).
    En el marco del “desove extraordinario”, luego de recomendar el INIDEP el cierre de la pesquería con los “nuevos parámetros”, se recomendó una captura máxima de 210.000 toneladas asegurando que para el 2003 el recurso estaría recuperado. En el mismo informe se estableció sin datos comprobables y fidedignos que la flota “comercial ya no capturaba juveniles” y por tal motivo se desestimó el uso del dispositivo DÍSELA de escape de juveniles en las redes de los buques.
    El científico Aubone fue apartado del grupo de evaluación de merluza y sus trabajos fueron desestimados. Mientras Marcelo Pérez hablaba de recuperación, Aubone decía que sólo se podrían pescar 120.000 toneladas, con dispositivo de escape de juveniles y que hacía falta “años para la recuperación efectiva del recurso”.
    En el 2003, pese a la maravilla radical de “desoves extraordinarios”, el recurso no se recuperó, la biomasa reproductiva caía año a año y el grupo de evaluación “merluza” debió reconocer lo dicho por Aubone, echando por tierra todas las esperanzas de recuperación. Ya no se podía mentir más. La pesquería se mantenía con individuos de talla menor a 35 cm.
    En ese marco, Marcelo Pérez renunció sin dar explicación alguna de sus motivos de peso ($$$). A la fecha no hubo juez, fiscal o autoridad pesquera que le pidiera explicaciones por su responsabilidad en este desastre biológico impulsado por él ex profeso.
    A partir de la renuncia de Pérez, se hizo cargo del Dpto. merluza Héctor Cordo, quien jamás cuestionó las medidas anteriores, aunque comenzó a dejar en manos del Secretario de Pesca y el Consejo Federal Pesquero toda la responsabilidad del manejo de su área.
    Así, se evaluaron informes técnicos en tres ítems: recuperación a largo plazo, recuperación a mediano plazo y recuperación a corto plazo.
    La autoridad pesquera eligió un plazo de trabajo insólito: 25 años. Una completa idiotez a sabiendas de que no llegaremos a fin del 2008 con el recurso en el estado actual.
    En 2007 se da el mismo marasmo que en el 2000, hablando de serios riesgos para el recurso (ver informe técnico INIDEP -96/06).
    “Los resultados mostraron una declinación similar a la observada en 1998-2000”, pero esta vez con una biomasa reproductora inferior en la historia. Nunca existió recuperación alguna en el 2003 y 2005 en base a los reclutamientos del 2001.
    Esta vez no hay “desoves mágicos” que puedan "salvar" algo entre los años 2005 y 2006. Al contrario, algo ocurrió que "cayó la biomasa de forma alarmante". Cuando se lee esta frase en el informe, no puede dejarse de pensar en la falta de seriedad y responsabilidad por parte de funcionarios y científicos específicos, que dejaron de lado la ética firmando informes "adecuados" a sus intereses.
    En este país, las autoridades pesqueras siguen en la corrupta línea trazada. Por caso, el Sr. Mario Lasta, que maneja el "recurso vieyra", dijo sobre que “a veces es necesario sobreexplotar el recurso para saber así su real potencial”.
    Esa barbaridad de concepto puso al recurso mencionado en estado crítico, sin que al Sr. Lasta y su familia los investigara nadie. Ni su patrimonio, ni sus lotes en sitios magníficos de la costa, ni sus tarjetas de crédito, ni nada.
    Los biólogos hoy reconocen que el objetivo de recuperación de la merluza está cada vez más lejos y que se deben disminuir drásticamente las capturas. Tímidamente sugieren a las autoridades optar por el "corto plazo".
    En el informe 2007 de evaluación del "recurso merluza" se asegura que es recomendable pescar 174.000 toneladas como máximo para evitar el colapso.
    Este informe está en manos del Consejo Federal Pesquero desde diciembre del año pasado, debiendo sus funcionarios -junto al secretario Nieto- aplicar la emergencia pesquera para el recurso (Ley 25.109) y enviar a la flota de buques factorías y congeladores ilegales al Sur del paralelo 48 de forma inmediata, para evitar así un colapso no sólo biológico sino social.
    La sustentabilidad es para la gilada, junto con el Art. 41 de la Carta Magna: “Se entiende como deber ineludible hacer primar la sustentabilidad de los recursos, el interés general y el bien común, atendiendo la pluralidad de intereses particulares que atenten contra dichos principios”.
    En buen romance, a las autoridades pesqueras les importa un rábano todo esto, ellos son los que han provocado el colapso mencionado. Esperar de ellos medidas que hagan posibles la mitigacion del impacto social y que envíen al sur la flota congeladora ilegal va contra sus propios "empleadores": los lobbys provinciales.


Más  claro, echarle agua

    Por si todo lo mencionado no bastara, la CONVEMAR declama que “el estado ribereño, teniendo en cuenta los datos científicos más fidedignos que disponga, asegurará mediante medidas adecuadas de conservación y administración que la preservación de los recursos en su zona exclusiva no se verá amenazada por excesos de explotación”.
    Las biólogas Gabriela Irusta y Marta Renzi expresaron textualmente la necesidad de no sobrepasar bajo ningún concepto las 50.000 toneladas en la parte norte (área compartida con Uruguay), la cual no tiene ninguna fiscalización fehaciente de capturas, artes de pesca y especies. Amplían ambas que se debería poner una zona de veda en áreas de desove para la protección de juveniles en este sector, dado que la situación del recurso merluza al norte de grado 41 de latitud sur es prácticamente irrecuperable.
    La disminución de biomasa reproductiva en esa área -desde 1986-2006- es la más baja de la historia por sobrepesca. La determinación de las autoridades pesquera fue otorgar 60.000 toneladas de captura máxima en caso omiso al informe científico.
    Hoy la realidad es que hay falta de materia prima y plantas cerradas, mientras los buques congeladores y factorías siguen depredando y enviando material a sus empresas en Europa, garantizándoles trabajo y alimento. Eso mientras aquí tenemos trabajadores que no tienen ni para comer.
   Lo más triste es que, cuando sea tarde, ningún delincuente de los que hoy están enquistados en sus sillones pagará por su responsabilidad.
    Argentina viola tratados Internacionales como el de la FAO (Código de conducta para la pesca responsable), sin que la Justicia actúe. Esperar que estas autoridades pesqueras lo hagan es una utopía, como se puede comprobarse en los informes científicos de INIDEP y la realidad arriba descripta.
    El Dr. Daniel Rafecas en la causa 7.333 tiene todos estos datos (y más) hace años y no hace nada. Los juzgados de Mar del Plata y la Cámara Federal son el otro eslabón que posibilita impunidad impulsando el hambre y la depredación por inacción, o sea la injusticia por falta de acción. Cuando los trabajadores salgan a la calle por falta de pescado en las fábricas, nuevamente como antaño arderá Mar del Plata. Mientras tanto, los delincuentes funcionarios pesqueros, judiciales, científicos y empresarios seguirán mirando con total impunidad para otro lado.
   Quedo como siempre a la entera disposición del Sr. Presidente o quien designe para ratificar mis dichos y ampliarlos.
    Viva la patria, Dr. Kirchner.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador 

Fuente: Revista Puerto Nº 43.