Las experiencias traumáticas del pasado (en especial las de finales de los 80 y en 2001) adhirieron la alarma a nuestra memoria colectiva. Además, en un país como el nuestro, que sufre el flagelo constante de la pobreza y la miseria estructural, los motivos para este tipo de estallidos siempre existen. Este año en particular, el temor creció debido al deterioro precipitado de la ya deplorable situación social provocado por la fuerte crisis económica.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, los datos del tercer trimestre muestran que el 44,2% de los argentinos es pobre (20,3 millones de personas) y el desempleo alcanza al 14,2% (2,7 millones de personas), cifra que se eleva a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” a buscar trabajo. A pesar de esta lamentable realidad, a tan solo diez días para que finalice el 2020, la situación parece estar relativamente bajo control.

Esto es indudablemente una buena noticia no solo para el gobierno del Frente de Todos, sino también para la Argentina en su conjunto, ya que este tipo de estallidos sociales desgarran aún más el tejido social con experiencias de violencia y represión y con vivencias muy visibles de anomia y descontrol. Que el peronismo esté ocupando la Casa Rosada y que el gasto social haya alcanzado un nivel récord son dos elementos que explican en gran parte la relativa calma.

Sin embargo, a pesar de que nuestra luz de alarma se despierta en cada diciembre y que afortunadamente estamos atravesandolo con las manifestaciones habituales, pero sin sobresaltos, los conflictos y las mayores dificultades podrían venir después, durante el resto del verano. Existen desbalances macroeconómicos que se irán ajustando en un contexto de extrema fragilidad social, reclamos acumulados que no encuentran repuesta y expectativas incumplidas con el gobierno del Frente de Todos que podrían generar un caldo de cultivo para un aumento de la conflictividad.

La escalada de los precios es una de las potenciales fuentes de conflicto, principalmente la suba en los alimentos (que afecta en especial a los segmentos sociales más bajos) y en los servicios públicos (que afecta en particular a los segmentos medios, debido a que no están alcanzados por las tarifas sociales). Según el IPC del INDEC, la inflación mensual de noviembre fue del 3,2%, por lo que el dato interanual se ubicó en 35,8% (el rubro alimentos marcó un aumento interanual del 40,4%, muy por encima del nivel general).

Aunque la inflación de noviembre fue menor a la de octubre (3,8%), sigue siendo un número extremadamente alto teniendo en cuenta que se trata de un año “hiperrecesivo” y aún hay varios precios de la economía “pisados”, como los productos del programa Precios Máximos, que será desarmado paulatinamente, y las tarifas de los servicios públicos. Respecto a estos últimos, a partir del 2021 comenzará el descongelamiento. Los servicios de telefonía, TV por cable e internet serán los que inauguraran la temporada de aumentos, con un incremento de un 5% a partir de enero (las compañías reclaman que es insuficiente y aseguran que está en riesgo la sustentabilidad del sector).

Los aumentos en las tarifas de luz y gas fueron postergados al menos hasta marzo, en porcentajes que aún se desconocen. Durante el verano, habrá cortes de energía, tal como sucede todos los años, y como consecuencia de la falta de inversión en infraestructura. En este marco, es esperable que el incremento en los precios genere un fuerte malestar entre los clientes que sufran los cortes. Al mismo tiempo, la postergación de los ajustes tarifarios para marzo generará un mayor déficit fiscal por la persistencia de los subsidios en estos primeros meses. La emisión monetaria requerida para financiarlo genera un circulo vicioso que retroalimenta la inflación.

Por otra parte, buena parte de la población argentina, principalmente los “nuevos pobres” (segmentos tradicionalmente de clase media que por primera vez cayeron bajo la línea de pobreza), estarán esperando con ansias el rebote económico del 2021, con la esperanza de que la prometida reactivación mejore considerablemente su situación individual. No obstante, el mero cambio en el calendario no producirá de forma repentina un aumento significado del nivel de actividad. La recuperación del empleo podría demorarse, más aún si la Argentina es afectada por un rebrote de coronavirus que obligue a restablecer cuarentenas más estrictas en distintos puntos del país. Adicionalmente, en el acto del viernes en el Estado Único de La Plata, las señales enviadas fueron de morigeración de las tímidas políticas orientadas a corregir el déficit fiscal y la expansión monetaria. Estas son pésimas señales para la recuperación de la inversión privada.

La escalada en los precios, la crisis energética y una expectativa en la velocidad de recuperación que podría estar por encima de lo factible no son los únicos obstáculos a los que se enfrentara el gobierno en los próximos meses. De hecho, los potenciales elementos de conflicto son múltiples: la escasez de dólares y, por lo tanto, de bienes e insumos intermedios (fundamentales para satisfacer la demanda que el propio gobierno busca alimentar con obra pública y programas de vivienda social); la inseguridad (hay estudios que demuestran que el verdadero aumento en los casos de inseguridad llega con dilación, unos meses después de las crisis económicas profundas); la segunda ola de contagios de Covid-19; los evidentes desmanejos en torno a las negociaciones y el plan de vacunación que sin haber comenzado ya genera desconfianza.

El gobierno de Alberto Fernández deberá atravesar meses cargados de desafíos y riesgos en múltiples dimensiones. Las pujas políticas en un contexto preelectoral, donde se potencian las diferencias dentro de la coalición gobernante, pueden limitar la efectividad de los mecanismos de control y disuasión de los conflictos, sobre todos entre los sectores más vulnerables. Por eso, nuestro tradicional temor a un aumento de la conflictividad durante diciembre se traslada esta vez al resto del verano.