Activistas del consumo de marihuana, aludiendo "abusos policiales en requisas, cacheos y controles de ruta”, impulsaron en 2019 un habeas corpus preventivo colectivo por el cual requirieron que finalicen dichas prácticas sin orden judicial y los traslados a comisarías por consumo de sustancias. Ahora, a un año de la presentación de la medida, finalmente la Justicia se expidió favorablemente a sus intereses.

El magistrado Juan Tapia, al frente del Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Plata, instó a través de su fallo "que se ordene a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y demás Fuerzas de Seguridad con funciones en ese Departamento Judicial, que se abstengan de realizar detenciones en espacios públicos, de usuarios de sustancias que la ley define como estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal”.

Pero la decisión no quedó relegada únicamente a la tenencia y consumo de cannabis, sino que el Juez de la instancia en cuestión fue mucho más allá, dado que "consideró que con el objeto de establecer límites al accionar policial, era oportuno establecer también cantidades máximas de otras drogas, para que los uniformados consideren que la tenencia es para consumo personal".

En tal sentido la Justicia marplatense estableció que la Policía de la Provincia de Buenos Aires o incluso cualquier otra Fuerza de Seguridad que cumpla funciones en el territorio, "no podrá trasladar a las comisarías a personas que tengan consigo un máximo de 50 gramos de cannabis, 10 gramos de cocaína y 3 pastillas de éxtasis".

Como dato no menor, Tapia se expidió sobre diferentes aspectos en cuanto a "cómo deben efectuarse los procedimientos policiales", recalcando que "los cacheos y requisas deberán respetar la privacidad y la integridad sexual de las personas, debiéndose evitar prácticas invasivas, denigrantes o constitutivas de malos trato y vejaciones", la "prohibición de desnudos íntegros o parciales", "la consulta a la persona involucrada respecto a la preferencia sobre la identidad de género de la persona que hará el examen", y "la progresiva implementación de medios tecnológicos que permitan detectar la presencia de sustancias prohibidas" entre otros puntos.

Finalmente el juez exhortó a las Fuerzas de Seguridad "a la identificación de las personas trans en las respectivas actas de secuestro de material considerado estupefaciente, en plena conformidad con lo dispuesto" por la Ley de Género.