Recientemente se cumplieron dos años de la desaparición de la estudiante neuquina María Florencia Pennacchi, cuando ésta contaba con 24 años de edad. Una reconstrucción de sus últimos pasos conocidos nos lleva a lo que sigue.

    La noche del 16 de marzo del 2005, Florencia cenó en su departamento del barrio de Palermo, en Güemes al 4700, junto a algunas compañeras de trabajo a las que había invitado. Después las acompañó a la parada del colectivo, volvió a su departamento y pidió cerveza a un delivery. Al rato debe haberse arrepentido, ya que llamó para cancelar el pedido, pero el muchacho que lo traía ya había llegado y bajó a abrirle la puerta, anulando esa entrega. Según el testimonio del joven, Florencia siguió caminando por Güemes hacia la calle Oro y fue hasta una disco de la zona. Horas más tarde, en la mañana del 17 de marzo, el portero del edificio la vio irse con un teléfono celular en la mano. Fue la última vez que alguien la vio.

    Una compañera de trabajo y de universidad de Florencia, Lilian Díaz, relató que si bien tenían en cuenta que ella podía faltar una noche de su casa sin avisar, ya al segundo día les pareció extraño. De allí que al día siguiente, el 18, su hermano Pedro, con quien compartía el departamento, hizo la denuncia.

    Aquí comienzan las primeras irregularidades del caso. Durante los primeros cuatro días los policías de la Comisaría 23ª no investigaron nada. Más aún, según afirmó Lilian “justo era Semana Santa y los agentes se quejaban porque los hacíamos trabajar”. Por su parte los allegados a Florencia sostienen: “Los amigos y familiares aseguramos desde un principio que Flor no se fue por propia voluntad, sin embargo la Justicia comenzó por desconfiar de la víctima”.

    Por otra parte, el listado de las llamadas efectuadas y recibidas a través del celular de Florencia demoró varios meses en ser confeccionado. Una vez hecho, se comprobó que en los días previos a su desaparición Florencia llamaba a un número de teléfono que no pertenecía a ningún miembro de su entorno. En cuanto a su titular, recién fue llamado a declarar después de cumplido el primer aniversario de la desaparición de la estudiante.

    Frente a la inacción de la Justicia y al cumplirse un año del hecho, la familia y los amigos de Florencia reunieron  $ 50.000 ofreciéndolos como recompensa ante cualquier dato que orientara a encontrarla, pero tampoco hubo novedades. En un momento se hicieron rastrillajes en la provincia de La Pampa, ente las localidades de Rancul y Falucho, pero no hubo ningún resultado.

    Señalan además que la Fiscalía Nº 26 del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional nº 14, a cargo del Dr. Marcelo Retes, no ha seguido ninguna línea de investigación: “en diciembre se le pidió un informe sobre el local bailable al que fue Florencia la noche de ese 16 de marzo y aún no hizo nada”, indicaron, agregando que “el Fiscal piensa que la desaparición por sí sola no constituye delito y por lo tanto no debería haber un expediente de búsqueda de persona en su Fiscalía y hoy, a dos años de su desaparición, quienes están a cargo de la causa pretenden cerrarla, dejándonos sin esperanzas de encontrarla o siquiera saber qué le pasó”.

    Los allegados a Florencia Pennacchi están convencidos de que su desaparición puede estar relacionada con el tráfico de personas, ya que al momento del hecho no llevaba dinero ni documentos. Mientras su familia ha ido publicando la fotografía de Florencia en carteles y a través de Internet, difundiéndola por todos los sitios posibles, en una carta pública sus amigas Cecilia Cavilla y Silvia Bergmann señalan: “Lo grave de esta situación es que no solo está desaparecida como persona, sino que también desaparece esta problemática. Este país sabe que la gente no desaparece por arte de magia, que en una desaparición hay responsables directos e indirectos, que hay instituciones y un sistema que avala la existencia de las desapariciones”.

Cadena siniestra

    La desaparición forzada de personas bajo la existencia de gobiernos democráticos es hoy una cuestión que va en constante aumento y, a la vez, no cuenta ni con la legislación apropiada ni con la voluntad de quienes deben investigarla. Por el contrario, parece contar en realidad con una cadena de complicidades que protege este hecho aberrante en lugar de combatirlo.

    Hace pocos días, el sitio digital del diario “Clarín” de Buenos Aires publicó dos notas muy instructivas sobre el flagelo de la trata de personas. La primera, firmada por Virginia Messi, grafica muy bien el accionar de las bandas que “compran y venden” mujeres, incluso menores de edad –cada vez más buscadas-, para explotarlas en prostíbulos del país y del exterior, exponiendo incluso un mapa de las rutas que se manejan en esta siniestra cadena de “importación y exportación”, señalando por ejemplo que el principal destino europeo de las mujeres secuestradas y prostituidas es España, más precisamente las ciudades de Vigo y Burgos.

    La segunda nota, con la firma de Ricardo Canaletti, se centra en el inexistente aspecto legal de este delito, y vale la pena reproducir su última parte: “En la Argentina existe el delito de ‘reducción a servidumbre’, que consiste en someter a alguien a la voluntad de otro. También está el de promoción de la prostitución, con escasísimas condenas y muchas sospechas de complicidad policial, e infracciones migratorias y laborales cuando el destino de la ‘mercancía’ es trabajo forzado a pan y agua hasta la extenuación o la muerte. Pero a pesar de la evidente existencia de bandas tan poderosas como silenciosas, no existe un delito de trata de personas, o sea que sancione el solo hecho de comerciar seres humanos. Los proyectos de ley (algunos con penas de hasta 20 años) están congelados en el Parlamento. Da la impresión de que este tipo de inseguridad, la brutalidad de la trata en sí misma, es una inseguridad de segundo orden”.

    Lo cierto es que las desapariciones de Florencia Pennacchi en Buenos Aires, de Marita Verón en Tucumán, de la niña Fernanda Aguirre en Entre Ríos, y de tantas otras que no llegan a ocupar espacio en los medios de prensa o, a lo sumo, lo hacen en un pequeño recuadro publicado un único día en la sección de noticias policiales, son asignaturas pendientes, tanto de los órganos de la Justicia que deben ocuparse de esos casos y no echarlos al olvido, como de los gobiernos de turno, que supuestamente deben velar por la seguridad de sus gobernados. Una verdadera utopía en los tiempos actuales de la Argentina.

    Mientras tanto, en la sociedad persisten los gritos desgarradores que, desde el silencio, lanzan tantas chicas secuestradas y aún aquellas como Jimena Hernández, Nair Mostafá y María Soledad Morales, asesinadas en extrañas circunstancias y que en los dos primeros casos forman parte, a tantos años de esos hechos, de muchos de los crímenes sin resolver.

Carlos Machado