Audaz, Alberto Fernández se animó a ser candidato presidencial del Frente de Todos a pesar de sus múltiples declaraciones a lo largo de una década en la que expresó las peores cosas del kirchnerismo en general y de su compañera de fórmula en particular. Así y todo se las arregló para surfear semejantes contrastes y ganar las elecciones presidenciales. Aun hoy sigue zafando -con más o menos suerte- cada vez que aparece un video o un texto que contradice alguna opinión actual. Pero que zafe, no implica que nadie repare en el cambio.

El problema se potencia cuando el presidente abusa de la ligereza a la hora de los anuncios. Esto viene desde el inicio de su gestión, pero ahora se ha hecho crónico y más grave. Dejando de lado las promesas previas a su asunción, se le hizo costumbre anunciar cosas a las que ponía plazos que inexorablemente se incumplían. Leyes que mandaría al Congreso, por ejemplo, que anunciaba como inminentes y muchas siguen en veremos: el Consejo Económico Social, por citar un caso de los proyectos que nunca presentó, o incluso la reforma judicial, que se cansó de prometer para “la semana próxima” y cuyo envío recién hizo en julio.

Es grave que la palabra presidencial se devalúe, máxime en circunstancias como esta, cuando la sensación cada vez más extendida es la de que el poder real no reside en la Casa Rosada.

Así y todo el presidente persiste en esta tendencia que tanto lo perjudica. La vacuna contra el coronavirus es un ejemplo. Anunció una y otra vez acuerdos a través de los cuales los argentinos tendrían prioridad con la vacuna, pero a la hora de la verdad la única que asoma como disponible es, a priori, la que más interrogantes genera. El 6 de noviembre el Gobierno de Alberto Fernández promulgó la Ley de Vacunas que hizo aprobar con letra de los laboratorios que nos garantizaban contar con el antídoto para el coronavirus, Pfizer en particular. Ese mismo día Fernández anticipó que unas diez millones de personas ya estarían vacunadas para fines de diciembre.

Ya eso parecía mucho, pero ni qué decir cuando en diciembre garantizó que “vamos a vacunar a 300.000 personas”. Quedaban 16 días hábiles, el acuerdo con los rusos todavía no estaba, la vacuna no había sido autorizada y el “vuelo épico” en el que fueron traídas las dosis ni siquiera estaba programado. Pasando por alto que en ese lapso hasta el presidente Putin aclaró que la vacuna no estaba aún aprobada para mayores de 60, en este mismo espacio ya advertimos esas lagunas entonces; hay que ver quién es la persona que malinforma de semejante manera al mandatario, o por qué el presidente incurre en exageraciones que solito debería advertir que son incumplibles y menguan su credibilidad.

Se entiende que el Gobierno se aferra a la vacuna como una tabla de salvación, al cabo de un año que transcurrió en su mayor parte con un encierro obligatorio que destempló el espíritu de los argentinos y que destruyó una economía que ya venía en picada. A pesar de que el presidente dijo una y otra vez que ese daño era el mal menor, hoy ya no piensa lo mismo y si bien no lo dice actúa en consecuencia: la vuelta del ASPO está descartada desde el vamos, porque la economía no aguanta, las arcas del Estado no lo soportarían y la gente menos. Y sería el peor daño para el Gobierno una eventual rebelión anticuarentena.

Así y todo, el comportamiento oficial tiene sus consecuencias adversas. Comenzando por el velorio multitudinario y fallido de Maradona que el mismo Gobierno promovió y que entre otras consecuencias dejó la sensación de que el distanciamiento social ya es una entelequia. Hubo en el ínterin una marcha multitudinaria de los hinchas de River por la Copa ganada en Madrid, las concentraciones masivas de “verdes” y “celestes” por el debate del aborto en el Congreso y las Fiestas de Fin de Año. Los epidemiólogos que siguen aconsejando al presidente, aunque no se note -o Alberto no los escuche-, se agarran la cabeza pensando en el rebrote, un fenómeno que se extiende también en otros países de la región, muchos de ellos vecinos.

El Gobierno quería terminar el año vacunando y el número de inyectados pasaba a ser un elemento secundario. Los especialistas críticos no ahorran cuestionamientos por semejante manejo. Lejos de las urgencias que le caben a la política, advierten que el manejo debió haber sido más ordenado, y que eso se hubiera logrado tomándose tres semanas para arrancar con la aplicación de la vacuna. En ese lapso se hubiera contado con la aprobación de la ANMAT, la habilitación para extenderla a los mayores de 60, y se hubiesen apagado muchas de las críticas y dudas que, por el contrario, hoy están tan difundidas.

Pero las urgencias políticas son otras y el Gobierno quería terminar el año dando esa sensación de alivio, que hasta puede resultar contraproducente. Porque en ese relajamiento social del que hablábamos contribuye la sobrevaloración de la campaña de vacunación. En Gran Bretaña, el primer país donde arrancó la vacunación, hoy viven una segunda ola “fuera de control”. La vacuna es la solución, pero la inmunidad de rebaño que la  misma debe conseguir va a demorar meses, y tal vez no alcance a evitar aquí una segunda ola que el exministro Adolfo Rubinstein anticipa para mediados de 2021.

Año electoral, la persistencia de la pandemia unos meses más sería la peor noticia para el oficialismo. Con un impacto en la economía impensado, a partir del hecho de que el Presupuesto 2021 no contempla la continuidad del Covid. Los cálculos saltarían por los aires si el Estado debiera volver a distribuir ATP e IFE, y la recaudación volviera a resentirse.

El debate sobre el aborto

Así como el Gobierno hizo lo imposible para terminar el año aplicando alguna vacuna, el presidente decidió que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo debía salir este 2020. Alberto Fernández necesitaba algún  “éxito” y esa ley asoma como “un logro” al cabo de un año en el que por imperio de la pandemia no pudo alcanzar otros “éxitos” de gestión.

Por eso fue que intempestivamente y sin consultar a nadie, Fernández dispuso que su secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, saliera a anunciar el envío del proyecto de ley que durante meses el propio presidente había dicho que se postergaba por la crisis sanitaria. El anuncio generó inquietud en el Congreso, más precisamente en el Senado, donde justamente hace dos años el proyecto naufragó, y hoy la renovación del cuerpo no fue suficiente como para dar vuelta la diferencia de 7 votos que el rechazo tuvo en 2018.

Ahora llegan a esta instancia virtualmente empatados, y eso que algunas voluntades dentro del oficialismo han sido revertidas a favor de la aprobación. Pero el tratamiento “exprés” que el proyecto tuvo en ambas cámaras poco contribuyó a la elaboración de consensos, y habilita sorpresas como las que podrían darse desde Juntos por el Cambio, pero también de parte de algunos opositores que suelen oficiar de aliados, como Alberto Weretilneck.

Históricamente a favor del aborto, el exgobernador rionegrino puso reparos al proyecto el mismo día en el que se firmó el dictamen. Dice que así como está, la iniciativa es “inviable” y pide modificaciones. El riesgo para el oficialismo está en que varios senadores -incluso alguno propio- se sumen a la postura de Weretilneck de que si no atienden sus objeciones podrían abstenerse. En JxC hay un par con esa idea, aunque una encumbrada fuente del bloque aclaró a este medio que el expresidente Mauricio Macri no les ha pedido rechazar la ley para propiciar un traspié del Gobierno. Pero lo cierto es que la postura de Weretilneck ha generado preocupación en el Gobierno al punto tal de que el senador ha recibido llamados desde la Casa Rosada pidiéndole que vote a favor, como realmente desea, y prometiéndole que los cambios que pide se harán “en la reglamentación”.

Es que el Gobierno no quiere saber nada con que la ley se modifique y vuelva a Diputados, aunque así estuviera garantizada su aprobación. “La ley debe ser aprobada así como vino”, remarcaron desde la Rosada. El rionegrino no está muy convencido de confiar en las promesas oficiales.

En este marco es que se conoció una encuesta de Giacobbe & Asociados que dice que un 60% no quiere que la ley sea aprobada, mientras que apenas un 26,7% expresa lo contrario. ¿Acaso eso quiere decir que los argentinos son antiabortistas? No necesariamente, más bien que el tema “se partidizó” a partir de que el Gobierno lo tomó como algo propio.

Lo mismo que la vacuna, con el riesgo de que el empeño oficial en hacer del remedio contra el virus una epopeya histórica conspire contra el éxito de la campaña de vacunación. Sería una pena que eso también termine precipitándose en la grieta.