Las conferencias dictadas por Thomas H. Marshall en la Universidad de Cambridge en 1949 ubicaron al debate sobre la ciudadanía en un punto que vale la pena retomar. De acuerdo a esta visión, no hay un principio inamovible y universal que determine cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos. Así, la ciudadanía es una institución en permanente construcción.

El politólogo José Nun, en un libro notable que escribió algunos años antes de enojarse con el peronismo explicó en esta línea que la ciudadanía -al igual que el Estado- no es “un mero dato” sino “una construcción social que se funda, por un lado, en un conjunto de condiciones materiales e institucionales y, por el otro, en una cierta imagen del bien común y de la forma de alcanzarlo”, lo que “equivale a decir que es siempre el objeto de una lucha”.

Como nota adicional, destaca que “también los análisis que realizan los intelectuales se vuelven parte de ese proceso, en la medida en que contribuyen a fortalecer unas interpretaciones de la realidad más que otras”.

El presidente Alberto Fernández, en medio de la incertidumbre global extrema de la pandemia, decidió no renunciar a la posibilidad de convocar a un debate que siga redefiniendo qué significa y qué significará ejercer la ciudadanía en la Argentina. Y, en espejo, se reformula entonces cómo actúa un Estado que garantice que ciertas ideas sobre este punto se conviertan en realidad.

Después de cuatro años en los que el macrismo consideraba que los problemas de la Argentina se explicaban por 70 años de exceso de ciudadanía. Años en que se suponía que una vaporosa mayoría silenciosa deseaba retirarse a su “metro cuadrado” y ser timbreada mientras la elite que podía y sabía gestionaría lo público. Donde no correspondía aspirar de más ni pasearse “en remera y en patas” por la casa, ahora el gobierno del Frente de Todos retoma una tradición de ampliación de derechos y la actualiza, conectando con nuevas demandas concretas de las argentinas y los argentinos.

Así ocurre este fin de año con el impulso desde el Poder Ejecutivo al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y también con la creación de la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) para servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a Internet y TV por suscripción que entrará en vigencia el próximo 1 de enero.

Sobre este último punto, debe recordarse que desde 2016 los servicios de telecomunicaciones y TIC aumentaron por encima de la inflación en un marco de nuevas (des)regulaciones a la medida de las grandes empresas del sector. Los reclamos de usuarios y consumidores dan cuenta de servicios que siguen estando entre los peor calificados por quienes los adquieren.

En ese marco, el DNU 690, del 21 de agosto de 2020, validado por el Congreso, estableció que los servicios TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre sus licenciatarias son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Se concretó así una vieja aspiración del sistema político argentino, que había sido propuesta en su momento también por integrantes de la oposición.

Ahora, la reglamentación que consagra la Prestación Básica Universal permitirá, por ejemplo, que millones de argentinas y argentinos que hoy se manejan con servicios prepagos, dejen la precariedad en sus comunicaciones y accedan a abonos básicos a precios accesibles y de manera sostenida.

El Estado lleva así más derecho a la conectividad a los consumidores, más ciudadanía digital a los hogares y pone también más mercado donde no lo había. Porque trata de manera más beneficiosa a las pymes del sector y reglamenta la Compartición de Infraestructuras Pasivas -ahora postes y ductos quedan habilitados para que puedan ser usados por distintas empresas, como un estímulo a la competencia y atacando abusos de posición dominante-.

En estos días escuchamos a algunos sectores anunciar escenarios apocalípticos por la entrada en vigencia de la prestación universal. En el fondo es parte del fastidio que continúa en ciertas empresas por el hecho de que las TIC tienen ahora sus precios regulados por el Estado, garantizando que sean “justos y razonables”, que cubran “los costos de la explotación”, tiendan a la “prestación eficiente” y a un “margen razonable de operación”, tal el texto del decreto del presidente Fernández.

Dicho de otro modo, porque en un contexto desafiante como nunca el Estado cambia una vez más para dotar de nuevos contenidos a una ciudadanía siempre en construcción, hacia un horizonte de mayor igualdad. No habrá apocalipsis digital, sino nuevos equilibrios, que permitan actualizar el piso de derechos al contexto del nuevo siglo.