Hace casi tres meses, la organización no gubernamental Poder Ciudadano, que integra la red de entidades similares agrupadas en Transparencia Internacional, se dedicó a controlar los viajes de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que por lo general incluyen una vasta comitiva y una agenda de jefa de Estado. En ese sentido encaró una verdadera misión imposible: comenzó por solicitarle al gobierno información sobre quiénes acompañaron en febrero a la senadora a Francia, sus cargos, la agenda del viaje y los costos diarios de alojamiento de cada miembro de la delegación.

    De esa forma Poder Ciudadano, dedicada a promover la participación de la ciudadanía y la lucha contra la corrupción, intentó utilizar un decreto presidencial de 2003 que autoriza a cualquier ciudadano a pedir información al Poder Ejecutivo. Pablo Secchi, miembro del área política de la entidad, dijo que “nos enteramos del viaje por medios periodísticos, y había versiones sobre elevados costos de alojamiento, por eso resolvimos pedir información”. Aquí comenzó el imposible de esa misión.

    El gobierno envió a la senadora Fernández como representante a la ceremonia de la firma de la Convención Internacional para la Protección contra la Desaparición Forzada de Personas, que se llevó a cabo el 6 de febrero en París. En realidad, una jugada para comenzar a promover la figura de Cristina para el caso de que finalmente resultara presidenciable en octubre próximo. Para reforzar este tanteo, se logró agendarle a la esposa de Kirchner entrevistas con el primer ministro francés Dominique de Villepin, con el entonces ministro del Interior y candidato presidencial oficialista Nicolás Sarkozy y con la candidata socialista Segolène Royal.

    De acuerdo a los medios de comunicación, Cristina viajó con una nutrida comitiva de funcionarios, que incluía al vocero presidencial mudo Miguel Núñez, y se alojó en el lujoso hotel parisino “Le Meurice”. Algunos medios, obviamente los que no mantienen “obediencia debida” hacia el gobierno kirchnerista, informaron que una habitación en ese hotel, ubicado en la Plaza de la Concordia y con vista hacia los jardines de las Tullerías, se cotiza entre 615 y 1.615 euros por noche, datos sobre los que no hubo ninguna desmentida oficial.

    La odisea de Poder Ciudadano para lograr que la Presidencia de la Nación le informe sobre los gastos de ese viaje comenzó el 9 de febrero, cuando efectuó por primera vez ese pedido, pero el gobierno se mantuvo en silencio. Pasados los diez días hábiles que establece el decreto para que el Poder Ejecutivo entregue la información, éste pidió una prórroga, pero vencido ese plazo tampoco hubo respuesta. A fines de marzo, Poder Ciudadano dio el segundo paso previsto en el procedimiento: apeló a la Oficina Anticorrupción, que depende del ministerio de Justicia, que ahora tiene el expediente, ante lo que considera un incumplimiento del decreto y una “negativa a brindar la información pública solicitada”.

    Mientras tanto, Cristina continuó con sus viajes, como los que realizó recientemente a Ecuador, Venezuela y México, que Poder Ciudadano se dispone también a investigar. En tal sentido el miembro de la fundación, Pablo Secchi, le adelantó en una entrevista a Marcela Valente, corresponsal de la agencia noticiosa IPS: “Estamos estudiando los distintos viajes de la senadora, los que realizó hasta ahora y los que tiene previstos a Estados Unidos y a España”. Por su parte María Julia Georgelli, de la Asociación por los Derechos Civiles, señaló a la misma agencia que “fue muy buena la acción de Poder Ciudadano, ya que logra impacto y contribuye a educar a la ciudadanía en lo que es el control de la gestión pública”.

Igual que Nicaragua

    Esta negativa del gobierno argentino a informar sobre los requerimientos que competen al gasto público y varias otras cuestiones, así como a despreciar al periodismo –obviamente al que no le es obsecuente- al no realizar conferencias de prensa en “defensa propia” para evitar preguntas incómodas, ni brindar información salvo la que expone, parcializada, el propio presidente Kirchner desde el histerismo de sus atriles, es una constante de esta administración a poco de echar a andar en mayo del 2003.

    Y esta política tiene su correlato con lo que sucede actualmente en Nicaragua. Allí, la estrategia de comunicación del gobierno de Daniel Ortega, basada en no informar sobre asuntos ajenos a la agenda oficial, está agitando las aguas del periodismo de ese país centroamericano. Medios de comunicación y entidades civiles califican al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como “secretista”, y señalan posibles amenazas a la libertad de expresión. Académicos, intelectuales independientes, críticos de izquierda y de derecha, empresarios, políticos opositores y hasta aliados del gobierno coinciden en que éste ejerce una excesiva “protección” de la información pública.

    El presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Francisco Rivas, señaló que “el gobierno maneja la información como en tiempos de guerra, y su estrategia de comunicación es un arma para castigar a los medios independientes que no le agradan a la señora Rosario Murillo”, esposa del presidente Ortega y autora de la Estrategia de Comunicación, basada en no dar información a los medios “de derecha” y en comunicar las acciones gubernamentales en medios afines al izquierdista FSLN.

    El pasado 22 de febrero, el diario opositor nicaragüense “La Prensa” divulgó ese documento. El 26 de marzo, el gobierno destituyó a una funcionaria al día siguiente de que ésta concediera una entrevista a ese diario, hecho del que el gobierno no dio ninguna explicación, lo que ayudó a reforzar la impresión de que ese despido se debió al suministro de información a un medio no oficialista.

    Las suspicacias provocadas por esta estrategia comunicacional del gobierno nicaragüense son abonadas además por otras cuestiones, como la postergada aprobación de la ley de acceso a la información pública. Diputados sandinistas y del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, han propuesto que la ley considere como documentos reservados las declaraciones de probidad, de aumento patrimonial y de situación económica y jurídica de los funcionarios públicos.

    Cristina Chamorro, periodista e hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y directora de la Fundación que lleva su nombre, principal organización promotora de la ley de acceso a la información pública, afirma que “algunos diputados están tratando de desvirtuar su espíritu original para protegerse en el futuro de posibles delitos”, agregando que “este gobierno mantiene aquella posición de que la libertad de expresión es para ellos como cuando se le enseña la cruz al diablo”, y se manifestó preocupada porque los diputados, tanto sandinistas como liberales, vienen postergando la discusión de la ley desde hace más de tres años.

Conclusión

    Repasando lo que acontece en Nicaragua en materia informativa y comparándolo con la (inexistente) política comunicacional del gobierno argentino, uno no sabe a ciencia cierta en cuál de los dos países está parado en estos momentos, en lo que hace a esa cuestión.
    Sólo podemos decir que, en el caso de la Argentina, cualquier similitud en ese sentido con la realidad nicaragüense NO es una casualidad.

Carlos Machado