Sin dudas no se trata de un buen momento para el ministro del Interior Aníbal Fernández. Anulado su sueño de ser candidato a gobernador bonaerense, con cada vez menos poder en el gobierno y obviado en el armado de listas de un cargadísimo año electoral, se conocieron ahora detalles de un polémico contrato firmado y autorizado por él cuando ejercía como intendente de Quilmes, el cual hoy sigue vigente y concluyó en una denuncia penal.

    Esta denuncia, encabezada por el contador Juan Albaytero, solicita la retribución a la Municipalidad de Quilmes de casi 18 millones de pesos, gastados en el pago de servicios a una empresa, Relevamientos Catastrales S.A., que se encarga de cobrar los impuestos en Quilmes, así como una denuncia penal contra todos los funcionarios relacionados con este contrato, bajo el cargo de violación de los deberes de funcionario público.

    En las negociaciones con esta firma de capitales paraguayos, estuvo involucrado la ex mano derecha del ministro del interior, el diputado provincial Daniel Gurzi, quien hoy ha crecido notablemente en su manejo territorial y económico en Quilmes, para preocupación de Fernández.

    Relevamientos Catastrales arrastra una historia de polémicas, supuestos vínculos con el dictador paraguayo Lino Oviedo, y salidas escandalosas de otros municipios en los que estuvo vinculada como Pilar y Cañuelas.

     Incluso, en Quilmes el actual intendente Sergio Villordo dijo a fines del 2003 que no veía la utilidad de continuar con una empresa, que al parecer le costó al municipio la frilera de 50 millones en una década, y encima no concretó la prometida digitalización del catastro municipal.

    El argumento al que apeló Aníbal Fernández para contratar la firma fue obvio: mejorar la recaudación del municipio. Sin embargo, al asumir Villordo denunció que recibió un municipio con 14 millones de déficit y una deuda de 65 millones. Pero no sólo lo económico es cuestionable.

    “Delegaron funciones propias del Estado, violaron la doctrina del Tribunal de Cuentas y violaron el secreto fiscal, o sea, los datos de los contribuyentes”, explica Albaytero.


Los inicios

    El conflicto comienza en 1993, cuando Fernández era intendente de Quilmes. La ley de Emergencia Económica que regía en la provincia promovía con lógica menemista la iniciativa privada, para la concesión de obras o servicios públicos.
    Esta ley, en su artículo 36, señala que “si la entidad pública concedente entendiere que dicha obra o servicio y su ejecución o prestación por el sistema de concesión es de interés público (…) podrá optar por el procedimiento de licitación pública (…) convocará su presentación mediante anuncios a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos diarios”.
    Adhiriendo a esta ley, Aníbal Fernández firma una ordenanza, la 7080/93, en la cual privatiza tres actividades en manos de la empresa Relevamientos Catastrales S.A. Esas actividades eran “la elaboración y ejecución de un sistema de saneamiento del padrón de contribuyentes, recupero de deuda atrasada y relevamiento de construcciones clandestinas”.
    “Aquí comienza el fraude”, advierte Juan Albaytero, dando inicio a su relato. Este contador viene siguiendo e investigando el tema desde el principio, lo cual le costó una querella del mismo Fernández en su contra.
    Según todo lo contado y documentado por Albaytero, el “primer fraude se da con el sellado de la ordenanza, la cual viola la ley que habla de concesiones, cuando lo que se contrató aquí no es más que una prestación de servicio. Luego, el contrato viola la ordenanza, delegando en un privado la recaudación impositiva”.
    El convenio de Descentralización Administrativa de la Provincia de Buenos Aires permite a los municipios cobrar el impuesto a Ingresos Brutos. De esto se encargaría Relevamientos Catastrales. “Para esto –sigue el contador- se le dio a la empresa la base de datos de la municipalidad, violando lo que se denomina secreto fiscal”.
    “Esto es terrible. Si tienen acceso a los escalones más altos de la base de datos, quiere decir que pueden modificarlo”, explica Albaytero subrayando la importancia de esta violación.
    La firma Relevamientos Catastrales tampoco cumplió, al día de hoy –o sea 12 años después-, con el compromiso contractual de cambiar el catastro por uno digital ni con la actualización del padrón. De hecho, en estos días la propia Municipalidad estaría enviando formularios pidiendo los datos de contribuyentes, trabajo que recaía en la polémica empresa.


Cronología de una “concesión” turbia

    En 1995, se produce un hecho que altera lo acontecido de forma definitiva: El decreto 803/95 denomina por primera vez al contrato con Relevamientos Catastrales como “concesión”. Allí, se habla de las “tareas y objetivos a desarrollar por la empresa (…) cómo concesionaria municipal(…)”.
    Por ello, en su artículo 1, advierte que se autoriza “al personal de la empresa Relevamientos Catastrales S.A. (…) a cumplir funciones de fiscalización y control del cumplimiento de normas y obligaciones tributarias (…), así cómo confirma que “los sujetos autorizados podrán efectuar controles, verificaciones y requerir de los contribuyentes toda la documentación pertinente”.
    Este decreto, que literalmente autorizaba la privatización no sólo del cobro de impuestos sino que también le proveía a la empresa el derecho de requerir y acceder a información personal y crítica de los vecinos de Quilmes, fue firmado por el mismísimo ministro del Interior, entonces intendente de esa localidad, Aníbal Domingo Fernández.
    Un año después, con Federico Scarabino ya instalado en el máximo sillón municipal quilmeño, se firmó el decreto 1642/96, que complementa el anterior, legalizando la concesión del servicio de recaudación tributaria. “Relevamientos Catastrales S.A., concesionaria del servicio de recaudación tributaria” confirma dicho decreto. Ninguno de estos dos decretos fue publicado como señalaba la ley.
    Luego de seguir transitando oficinas con los papeles bajo su brazo, Albaytero presentó todo lo que había conseguido en años de investigación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, el cual plantea un recurso pidiendo la nulidad de los decretos por violar una ley de Orden Público.
    Este recurso, firmado por el abogado Juan Posbeyikian, augura unos interesantes puntos de crítica contra los decretos –el de Aníbal Fernández y el de Scarabino- que legalizaron el cuestionado acuerdo con la cuestionada empresa, centrándose en dos ejes: la falta de publicidad de esos decretos y las actividades que recaen en Relevamientos Catastrales S.A. que son propias de los profesionales de Ciencias Económicas.
    En primer lugar, establece que ambos decretos adolecen de “vicios en el objeto y en la forma, por falta de publicidad que lo fulminan de una nulidad absoluta y manifiesta”, violando la ley que obliga a publicarlos. Asimismo, el recurso aclara que las “tareas que los decretos delegan (…) tales como auditorías tributarias (…) son incumbencias propias de los profesionales de las Ciencias Económicas”.
    Además, explica que ambos decretos consienten “la configuración de un delito penal”, ya que se “sería partícipe de un delito de acción pública”.


Un final cantado

    Tiempo después, todo esto quedó en la nada. “Esta presentación se hizo en 1998, y fue muy buena. Pero en ese momento Aníbal Fernández ya estaba en el gobierno provincial, y de alguna forma se desarticuló la causa”, explicó el contador con un dejo de resignación.
    Al llegar 2004, los diez años del contrato se habían vencido. Es aquí donde prima el poder de que el contrato tenga carácter de concesión, hecho suscripto por el polémico decreto firmado por el hoy ministro del presidente Néstor Kirchner. Ya que, por ley, las concesiones tienen derecho a la posibilidad de renovación automática, lo cual consiguieron. Si el encuadre hubiera sido otro, deberían haber convocado a una licitación, algo que Relevamientos Catastrales S.A. viene evitando desde hace años. El intendente ya era Sergio Villordo, ex chofer y hombre fuerte de Aníbal en Quilmes.
    “Al renovarse el contrato –explica Albaytero - una abogada presenta una denuncia, la cual recae en el fiscal Luís Armella, quien hoy es el primer juez Federal de Quilmes. Al solicitar el expediente, Roberto Guglielmeto, en ese momento asesor letrado de la Municipalidad y hoy Secretario de Gobierno, argumenta que el expediente de la renovación está extraviado”.
    Ya en 2006, la Secretaría Jurídica del Tribunal de Cuentas de Quilmes, presentó un dictamen en el cual determina que no se puede tomar como un contrato de concesión el firmado con Relevamientos Catastrales S.A. en 1994 y renovado en 2004. Allí, explica que la contratación de la Municipalidad de Quilmes con la empresa en cuestión, “no se trata de una concesión de Servicios Públicos, sino simplemente de una Locación de Servicios”. Pese a este último intento, el nuevo contrato se aprobó por 3 años, y vence el 15 de septiembre de este año. ¿Lo renovarán?

Nicolás Fiorentino
La Política Online