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Por primera vez en miles de años de historia humana la tecnología puede superar a las defraudaciones contra la administración pública. El Estado usa tecnología del siglo XXI para controlar a la ciudadanía: drones y fotos satelitales para detectar nuevas construcciones, lectoras lásers para patentes de autos y anillos digitales para detectar irregularidades en las chapas de dominio, videocámaras de última generación para comprobar excesos de velocidad y reconocimiento facial de posibles contraventores o delincuentes.
Sin embargo, su "ley de compras" se acerca a los 75 años de antigüedad y los políticos se niegan a aggiornalas.
La creó Perón en 1947 y permite la existencia de Lázaros Báez en cada comuna, municipio, provincia y ministerios a nivel nacional). El nivel de ahorro producido estaría en torno a los 3 ó 4 puntos del PBI nacional.
Por otro lado, nuestro Código Penal cumple ya 100 años y hubo 18 intentos fallidos para aggiornarlo y poner penas más duras para los funcionarios corruptos.
Por eso, aportamos diez ideas para que la Argentina pueda salir del atolladero en el cual se encuentra:
1-Generar un sistema de compras públicas on line
La empresa más valiosa de la Argentina es Mercado Libre porque la gente consulta esta página varias veces antes de comprar. Sin embargo, la Nación sigue utilizando una ley de compras de 1947, cuando no había computadoras ni internet.
El vecino Chile-compras logró bajar un par de puntos de PBI en gasto gracias a una plataforma con 100 mi oferentes donde el 60 por ciento de los que gana son pymes (cuatro veces más que en Argentina). Además, ganan en la mitad de las ocasiones empresas armadas por mujeres (cinco veces más que en Argentina).
2-Imitar a Estonia, primer país completamente digital. transparentar datos de quienes reciben dinero y subsidios del Estado
Cada persona que recibe sueldo, pensión, jubilación, ayuda o subsidio por parte del estado municipal, provincial o nacional debe figurar en internet. El rápido entrecruzamiento de datos daría por tierra con centenares de miles de injusticias, ya que muchos cobran varias veces del erario público.
El gasto corriente del Estado ya supera el noventa por ciento. Apenas el cinco por ciento se utiliza para la inversión pública. La infraestructura se está desintegrando ya que no alcanza ni para mantenimiento. Hoy, 27 millones de personas reciben dinero del Estado luego de las IFE y las ATP.
3-Congelar los ingresos al Estado y reducir los cargos políticos en los parlamentos y legislaturas
Nuestro país tiene ya, proporcionalmente, un 50 % más de empleados públicos que Uruguay, Chile y Brasil. En los últimos 15 años se pasó de 2,4 millones sumando las tres esferas a más de 3,6 millones en la actualidad.
Se debería frenar el ingreso y llamar a concurso y examen a los cargos que sea imprescindible cubrir. Además, no se controla el presentismo como en una empresa privada.
El Congreso nacional le cuesta al Estado casi un punto de su PBI. Proporcionalmente, es mucho más que lo que invierten nuestros vecinos latinoamericanos.
Deberían existir controles biométricos de ingreso y egreso a los trabajos y difusión pública de los concursos y exámenes para pedir personal profesional.
4-Ordenar las esferas de competencia
Que los municipios se dediquen a la asistencia social, las provincias a la salud y la educación y que la Nación atienda los problemas federales más importantes.
Cada persona que recibe sueldo, pensión, jubilación, ayuda o subsidio por parte del estado municipal, provincial o nacional debería figurar en internet. El rápido entrecruzamiento de datos daría por tierra con centenares de miles de injusticias, ya que muchos cobran varias veces del erario público.
5-La política le cuesta al país seis puntos del PBI: eliminar los pasajes gratis, el alquiler y compra de aviones, los autos oficiales y los inmuebles alquilados
Existen miles y miles de unidades dedicadas a simples concejales, diputados y empleados de segundo nivel. En las empresas privadas estos privilegios se le otorgan en contados casos a los directores o a los CEOs.
Se debería impulsar de manera enèrgica el home office para desalquilar miles de inmuebles inútiles.
Además, dejar de gastar en movilidad terreste y aèrea para funcionarios
6-Reconstruir los mecanismos de control y entregarlos a la oposición
Todas las oficinas anti corrupción deberían estar en manos de sectores alejados del oficialismo de turno.
La Unidad de información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) dependen del Poder Ejecutivo. Hacen muy poco contra el delito.
La SIGEN, Sindicatura General de la Nación, prácticamente no existe.
La AGN, Auditoria General de la Nación, en manos de la oposición parlamentaria, está paralizada desde que se fue el puntano Leandro Despouy.
La FIA, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dejó de controlar a los funcionarios tras la partida del radical Manuel Garrido.
7-Crear el Satan (Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción) como en Valencia y adoptar la "ficha limpia"
En un gobierno open data, donde todos los datos están en la red, los algoritmos encontrarán de manera temprana todas y cada una de las irregularidades.
Esto incluirá la "ficha limpia" para que no pueda ingresar al Estado por concurso o por elección popular ningún aspirante que haya tenido condenas por corrupción.
9-Cambiar un Código Penal que tiene casi cien años
Desde 1921 hubo 18 intentos para lograrlo. El último está a cargo de Macri. Los delitos de corrupción en la administración estatal siguen siendo excarcelables. ¿Por qué nadie quiso aggiornar este código en un siglo completo?
Debería sancionarse un nuevo cuerpo legal con penas severísimas como ya ha ocurrido en Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Alemania. Italia y Singapur.
10-Buzón público para denunciar corrupción como en Barcelona y aplicar el sistema de smartphones para conocer irregularidades
La sociedad civil catalana vigila y denuncia a través de un sistema llamado Tor Project que permite navegar de manera anónima en la red para desenmascarar a los corruptos.
Además, existen más teléfonos inteligentes que personas en el país.
Sería sencillo armar una red con una aplicación para denunciar todo tipo de ilícitos en la actividad pública y privada.
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