¿Qué va a hacer el nuevo presidente estadounidense Joe Biden, con el “vergonzoso” centro de detención en la base naval de la Bahía de Guantánamo, dominio extraterritorial de los Estados Unidos en la isla de Cuba?. Ocho “relatores” independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU así lo catalogan, y solicitan su cierre “para siempre”, a 18 años de su creación el 11 de enero de 2002.

“Guantánamo es un lugar de arbitrariedad y abuso, un sitio donde la tortura y los malos tratos eran desenfrenados y siguen institucionalizados, donde el estado de derecho está efectivamente suspendido y donde se niega la justicia”, afirmaron en un comunicado distribuido en Ginebra, tres Relatores Especiales sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias; y la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; junto a los cinco integrantes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Estos expertos sostienen que en 2003 había en la base naval de Guantánamo 700 prisioneros. Cabe agregar que los Estados Unidos nunca les reconoció la condición de combatientes según las Convenciones de Ginebra para casos de guerra. De cualquier modo, en marzo de 2005, el Subsecretario asistente del Pentágono, Matthew Waxman, mantuvo reuniones confidenciales con diplomáticos africanos, europeos y latinoamericanos en Ginebra. El funcionario aseguró que en los lugares de detención fuera de los Estados Unidos (Irak, Afganistán y Guantánamo) “el trato a esos prisioneros es humano, estando prohibida la tortura”, y admitió que unas “100 personas habían sido sancionadas por no ajustarse a esas reglas”.

Sin embargo, al mes siguiente, el Relator de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, el argentino Leandro Despouy, hoy fallecido, echó a rodar la idea, recogida en la prensa, de crear un mecanismo en la ONU para “controlar” la lucha antiterrorista, reclamando visitar Guantánamo, acompañado por otros varios colegas. Despouy denunció entonces “desviaciones” a corregir como “transformaciones de los procedimientos que afectan el habeas corpus y las garantías procesales”, y de “las normas de competencia juridiccional mediante el establecimiento de tribunales militares o de excepción y hasta instancias no judiciales”, violando “el derecho a ser juzgados por un tribunal independiente establecido por la ley”. No obstante, en noviembre del citado año 2005, los Estados Unidos se negaron a informar a la ONU sobre detenciones secretas e indefinidas, y además rechazaron de hecho la petición de Despouy de visitar Guantánamo, al no aceptar la norma de la ONU de entrevistas a solas y sin testigos con los prisioneros.

De acuerdo con los 8 expertos de la ONU que acaban de retomar las exigencias en materia de derechos humanos en cuanto a Guantánamo, quedan allí todavía “40 detenidos, pero sólo 9 de ellos han sido acusados o condenados por delitos”, toda vez que “languidecen en un virtual limbo jurídico, fuera del alcance del sistema judicial constitucional de Estados Unidos”. Todos ellos “corren el riesgo de morir debido al rápido deterioro de su salud por la edad y los daños mentales y físicos sufridos en condiciones de encarcelamiento crueles e inhumanas”, con el agravante de la exacerbación de la vulnerabilidad “por la pandemia del Covid-19”. Existirían siete de esos detenidos autorizados a recobrar la libertad que continuan encerrados en Guantánamo, cuya liberación debería llevarse a cabo respetando el principio de “no devolución” a sus países de origen, si corrieran riesgo de tortura o muerte.

La Casa Blanca mantiene en pie el sistema de “Comisiones Militares” para juzgar al resto de los aún detenidos en Guantánamo. La ONU reitera ahora que las mismas “están sometidas a procedimientos de instrucción sobre mociones para suprimir las pruebas resultantes de la tortura. Y qué por cierto tales Comisiones, “violan los requisitos de imparcialidad, independencia y no discriminación y nunca debieron ser utilizadas de la manera en que fueron desplegadas en Guantánamo. Estas personas deberían ser oídas públicamente con las debidas garantías por un tribunal civil competente, independiente e imparcial establecido previamente por la ley”, personas a las que por otra parte Estados Unidos tendría que “proporcionar reparación o rehabilitación (por haber) sufrido una detención arbitraria prolongada o cualquier forma de tortura o malos tratos”.

Estos Relatores y miembros de un Grupo de Trabajo de la ONU insistieron a su vez que “la detención prolongada e indefinida de personas que no han sido condenadas por ningún delito por una autoridad judicial competente que actúe con las debidas garantías procesales es arbitraria y constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante o incluso tortura”. En ese contexto hicieron finalmente un llamamiento a las autoridades de Estados Unidos, a que enjuicien” a las personas aún detenidas en Guantánamo, “en pleno cumplimiento de la legislación de derechos humanos… o alternativamente las liberen inmediatamente, o las repatríen respetando el principio de no devolución”. Va de suyo que buscando incluso terceros países que los acepten voluntariamente si el propio del que son oriundos fuera susceptible de atentar contra sus vidas, acogida que sucediera, entre otros varios países, con algunos pocos de ellos en Uruguay, bajo la presidencia de José “Pepe” Mujica.