La provincia de Formosa se convirtió en el centro de atención desde comienzos de año por su gestión de la pandemia. A pesar de que el gobernador Gildo Insfrán diga que es una gestión ejemplar, la lupa se colocó en su terruño por hechos que van desde el confinamiento de familias enteras en centros de aislamiento durante semanas aunque sean casos negativos, hasta la detención de opositores por protestar. Así y todo, luego de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, aceptara la invitación de Insfrán a recorrer las instalaciones provinciales, el funcionario nacional dijo que los hechos denunciados son “aislados”, y que “de ninguna manera podemos hablar de violaciones sistemáticas y menos de centros clandestinos”.

Lo que se denunciaba –y se denuncia– es la violación de derechos humanos. El “sistemático” lo agregó el funcionario y dejó a la vista que, o no supo expresarse correctamente, o para que un derecho humano merezca ser protegido tiene que ser violado de forma sistemática a través de un plan coordinado desde el Ejecutivo. Lo de “clandestino” también lo agregó Pietragalla, cuando la queja hacia Formosa y dueño es que tiene centro de detención a la vista de todos. ¿Cómo podrían llamarle de otra forma a un lugar donde quedan “aisladas” personas durante meses a pesar de dar una y otra vez negativos en los exámenes para hallar Covid?

Y otro problema es que, en Formosa, el plan sanitario es este. Con lo cual sí es el sistema.

El propio jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, en una frase más autocrática que democrática, respondió este lunes a las críticas por lo ocurrido en Formosa. “A nosotros no nos tienen que venir a decir qué hacer con los derechos humanos”, sostuvo el funcionario. Entre los críticos que según el funcionario no tienen que decir nada se encuentra Amnistía Internacional, que algo entiende en materia de Derechos Humanos desde tiempos en los que el funcionario estaba jugando con plastilina. Asimismo aseguró que “si hay un espacio comprometido con los derechos humanos es el peronismo”, algo que merece un par de preguntas, sobre todo si vemos los nombres y situaciones judiciales por lesa humanidad que afrontan varios integrantes del gabinete que integró su abuelo en los años setenta.

Sin embargo, entre los contorsionistas ideológicos que salieron a defender la gestión de Insfrán bajo la garantía de veinticinco años ininterrumpidos en el Poder, se recordó más de una vez que en otras provincias “también se cometen abusos” y nadie se horroriza. Y, a pesar de la velada justificación de los hechos denunciados en Formosa bajo el paraguas del “ah, pero el resto”, tienen razón.

El 23 de marzo la policía de Chubut detiene en Puerto Madryn a un matrimonio que volvía de trabajar y a una mujer que se dirigía a buscar a su hijo a la casa de su expareja. La causa es la misma para los tres: violación del decreto presidencial. En la Comisaría, ambas mujeres son desnudadas y obligadas a hacer sentadillas. Al día siguiente, en General Acha, Francisco Vivandelli es detenido por la policía pampeana bajo el argumento de incumplir con el aislamiento. Recibió una paliza que lo mandó al hospital con traumatismo cerebral. Un par de cirugías y tres meses de internación fue parte del saldo que lo dejó con la pérdida de visión de un ojo y la incapacidad de moverse por sus propios medios.

El 26 del mismo mes, Sebastián Britos salió de su casa de General Acha rumbo a la panadería. No llegó a comprar el pan pero al menos recibió varios balazos de goma en el cuello y en la cara de parte del personal policial. Un día después, luego de varias jornadas de detenciones a todo aquel que saliera a la calle, la policía jujeña de Palpalá improvisó celdas con corralones y vallados. Las imágenes dieron la vuelta por toda red social y mostró el primer colapso del aislamiento: no había lugar para todos si la política sanitaria era encanar a todo el que se cruce.

En la madrugada del lunes 29 la Gendarmería Nacional cometió, según la denuncia hecha ante la Justicia de San Isidro, todo tipo de vejaciones y abusos contra habitantes de la villa La Cava en San Isidro. Y por vejaciones se incluye simulacros de fusilamiento, tratos degradantes y disparos de balas de plomo. La idea era hacer cumplir por la fuerza con el aislamiento, pero entre las numerosas víctimas se incluye a un niña de siete años herida en una pierna y en una mano. Quince gendarmes fueron separados del servicio y fue el punto máximo de una quincena que comenzó con la fuerza patrullando Isidro Casanova con la música de la película La Purga en altoparlantes y la obligación a adolescentes que iban por la calle a que caminen en cuclillas con las manos en la nuca.

Para finalizar marzo a todo motor, el 31 la Policía de Córdoba obligó a un joven de 23 años a regresar a su hogar en Alta Gracia, luego lo acompañaron adentro de su casa, amenazaron con un arma a un menor de 16 años y se llevaron al muchacho a la seccional. Fueron filmados y denunciados.

En la guardía del hospital municipal de La Falda, Córdoba, se hizo presente Pamela Nieto un sábado 4 de abril. Pamela había recibido un transplante de riñón en 2017 pero ese día se descompensó. En la guardia la mandaron a la casa. Pamela volvió el domingo y otro médico también la mandó a la casa. El lunes ocurrió lo mismo y, al igual que los días anteriores, un tercer médico le reiteró que “si no tiene síntomas de Covid, que no vaya”. El miércoles 8, en un estado desesperante, un médico decidió su traslado urgente al Hospital Tránsito Cáceres en la ciudad de Córdoba, donde Pamela quedó internada en terapia intensiva, inducida a un coma farmacológico y conectada a un respirador artificial. Días después falleció. Pamela tenía 24 años.

El 5 de abril Florencia Morales es detenida por la policía de San Luis por circular sin documentos en bicicleta de contramano. Diez horas después apareció ahorcada en la Comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara. La autopsia arrojó que su cuerpo tenía signos de autodefensa. Florencia tenía 39 años. Ese mismo día, en Famaillá, Tucumán, Franco Castaño ingresa con su camioneta al garage de su domicilio. Venía de dejarle unos medicamentos a su suegra cuando la policía llegó y quiso acompañarlo dentro de la casa. El hombre se resistió a ser detenido y su mujer fue apuntada con un arma. Ingresaron al domicilio sin orden de allanamiento y se llevaron la camioneta sin orden de secuestro.

El 7 de abril, luego de una agonía relatada en directo vía Twitter, falleció la docente Liliana Giménez en La Falda, Córdoba. Durante ocho días relató todo lo que vivía y cómo le negaron una y otra vez la atención a su cuadro de salud hasta que fue internada. Murió por una neumopatía agravada. No tenía Covid.

El 9 de abril, la policía de Quilmes, provincia de Buenos Aires, reprimió a trabajadores que se manifestaban junto a sus familias en el Frigorífico Penta. El día cerró con varios heridos por balas de goma internados. Tres días después, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Luciano Gómez y su novia Victoria fueron detenidos mientras paseaban al perro. En la comisaría fueron apaleados y permanecieron incomunicados y sin atención médica toda la noche.

El 15 de abril un ciudadano tucumano compartió en sus redes sociales un video en el que se demostraba cómo la policía provincial golpeaba y esposaba a un anciano en la vía pública. El hombre llevaba como prueba incriminatoria las bolsas de las compras.

Franco Maranguello estaba en la puerta de su casa de Villa Mercedes a las 20.20 horas del 24 de abril cuando es detenido por la policía de San Luis. Apareció ahorcado horas más tarde en la Comisaría del Menor. Franco tenía 16 años. Un día después, en Junín, Buenos Aires, Daniel Rosa, se desplazaba en su moto cuando da de frente contra un montículo instalado por la intendencia sobre la ruta 188 para evitar la circulación de personas. El montículo siquiera estaba señalizado. Falleció. Daniel tenía 33 años. En la jornada siguiente, Osvaldo Oyarzún sufrió un ACV en Cruz de Caña, Córdoba. El hospital más cercano queda en Merlo, a diez kilómetros, pero el gobierno de San Luis había implementado un bloqueo total a rutas y caminos secundarios. Fue trasladado hasta Villa Dolores, a más de 60 kilómetros. Llegó sin vida. Osvaldo tenía 52 años.

El 30 de abril fue visto por última vez con vida Facundo Astudillo Castro. Según la investigación tres testigos vieron como el joven era subido a un patrullero de la Policía Bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich. Recién el 15 de agosto su cuerpo fue descubierto por un pescador.

Javier Astorga volvía de la casa de su madre el 1ro de mayo cuando se encontró con un control policial en Río Gallegos, Santa Cruz. Seis efectivos de Infantería lo detuvieron y lo llevaron a la Comisaría 6º, donde fue golpeado y humillado durante seis horas por su orientación sexual. Javier terminó con fisuras en varias costillas y en el maxilar.

El 15 de mayo, nueve efectivos de la Policía de Tucumán, de civil y sin haberse identificado persiguieron con una moto y dos autos a los hermanos Luis y Juan Espinoza, quienes iban a caballo. Luego de alcanzarlos, molieron a golpes a Juan. Según la fiscal del caso, “ante el grito desesperado de Luis Espinoza para que dejen de golpear a su hermano, el oficial Morales apuntó con su arma reglamentaria marca Jericho a la humanidad de Luis, que se encontraba a una distancia de unos 10 metros aproximadamente y, con claras intenciones de causarle su muerte, realizó un disparo directo que impactó en el espacio intercostal izquierdo de la víctima”. Luego llevaron el cuerpo de Luis Espinoza hasta la comisaría de Monteagudo y “procedieron a sacarle la ropa y envolver el cuerpo en una colcha color gris clara y un plástico color negro de un lado y blanco del otro para proceder a atarlo con cables, unos trozos de soga y por último con cinta de embalar”. Después volvieron a trasladar el cuerpo ya envuelto hasta territorio catamarqueño, donde se deshicieron del cadáver.

El 17 de mayo, Adrián Mercado estaba con sus hijos en la vereda de su domicilio de General Ballivián, Salta, cuando llegó un móvil policial. Quieren detenerlo por circular sin barbijo. Un efectivo dispara la escopeta con balas de goma en la cara de Mercado. Perdió un ojo. La denuncia había sido realizada por una médica.

Alan Maidana salía de un cumpleaños con un grupo de amigos a las 6.30 de la mañana del 24 de mayo, en plena cuarentena. Según los testigos del hecho, un integrante del grupo arrojó una botella contra el patrullero. Un agente contestó con su arma reglamentaria y Alan terminó con un balazo en la espalda. Murió. Alan tenía 19 años. Ese mismo día, Alelandro Schlaig se encontraba en la Plaza Independencia de Trelew, Chubut, con su hijo de dos años cuando fue detenido por la policía y trasladado a la Comisaría. Lo golpearon a lo largo de cinco horas hasta que se alguien se avivó de que el bebé había quedado en soledad en la plaza. Lo llevaron también a la comisaría.

El 25 de mayo, Rodrigo Pérez se encontraba en su auto en el centro de Caleta Olivia, Santa Cruz, cuando es bajado del auto por efectivos policiales que terminaron por esposarlo. No hubo motivos aparentes según consta en los videos. El hombre terminó internado con un preinfarto. El show fue presenciado por sus hijos de 6 y 8 años.

El 29 de mayo un centenar de vecinos de Merlo, San Luis, derribaron en medio de una protesta un montículo de tierra y piedras con el que se aisló a esa localidad de su vecina cordobesa, La Paz. Ocurrió luego de que Mario Cortés muriera al intentar cruzarlo.

La policía del Chaco ingresó el 31 de mayo a la vivienda de una familia Qom sin orden de allanamiento. El operativo terminó con cuatro jóvenes detenidos y torturados, con sus familiares golpeados y con una menor de 16 años en estado de shock por vejaciones. Ese mismo día, en Santiago del Estero, Rodrigo Etchúdez es detenido en su domicilio sin orden de allanamiento ni de detención. 24 horas antes había publicado en Facebook una “incitación a violar la cuarentena”, dado que pedía que se saliera a la calle a repudiar la “represión de Gerardo Zamora”.

Para no perder la continuidad, el primer día de junio Ezequiel Corbalán circulaba en su moto de madrugada por San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en compañía de Ulises Rial. Fue perseguido por móviles de la Bonaerense por no contar con permiso de circulación. Finalmente lo detuvo una patrulla sin luces que los embistió de contramano. Ulises murió en el acto. Tenía 25 años. Corbalán falleció cuatro días después. Tenía 31.

Fabian Andina, camionero, fue interceptado por la policía bonarense el 2 de junio. Pidió que lo dejen ingresar a su domicilio de General Madariaga para mostrar la documentación que lo autorizaba a circular. Terminó con desprendimiento de retina producto de la paliza recibida.

El 4 de junio se difundió un video que mostraba cómo un joven era interceptado por un control policial de la Comisaría Séptima de la policía de Chaco. El motivo era que circulaba en medio de la cuarentena. Mientras se alejaba del móvil, quedó registrado cómo le disparaban balas de goma por la espalda.

El mecánico Ariel Valerian entregaba un vehículo el 8 de junio cuando fue detenido por un retén de la Policía de Jujuy a la altura de Palpalá. Brutalmente golpeado, fue trasladado a un hospital en San Salvador donde estuvo en terapia intensiva hasta su muerte un mes después.

El 14 de junio, Sebastián iba en moto con su amigo Alexis por las calles de Saladillo, provincia de Buenos Aires, cuando la policía dispara con balas de goma y da inicio a una persecución que finaliza cuando los chocan. Tirados en el piso, un oficial le dispara a Sebastián con balas de goma en la cabeza, en el abdomen y una pierna para dejarlo tirado inconsciente y llevarse detenido a Alexis ante la vista de un vecino que llamó a una ambulancia. Una vez en el hospital, a Sebastián la policía le labra actas por violar la cuarentena. Al volver a su casa, la policía intenta detenerlo en su domicilio junto a su madre sin ninguna orden judicial. Al no conseguirlo, fueron a buscar a la abuela y se la llevaron a la comisaría para que llame al nieto.

El 15 de junio, Gabriel Fredes fue baleado en la cara desde una camioneta policial que disparaba balas de goma a personas y al interior de las viviendas en Trelew. Un mes después recibiría una visita domiciliaria sin orden judicial.

El 23 de junio la Comisaría 1° de Morón y el Juzgado Federal N°1 le inician una causa penal a Dilan Chávez por violación del artículo 205 del Código Penal, al considerar que su permanencia en la calle atentaba contra el aislamiento obligatorio. Dilan vive en la calle.

El 24 de junio, Roxana Monteros denunció que fue golpeada y abusada por tres policías de la policía tucuman en Lastenia durante un allanamiento sin orden judicial. Ese mismo día, también en Tucumán, Walter Nadal es detenido por presunto robo. Ya estaba reducido en el piso cuando le apoyaron la rodilla en el cuello hasta matarlo por asfixia. En los medios todos hablaban del Black Lives Matters por un caso similar en Estados Unidos. Pero nadie le dio bola a Nadal. Y eso que su nombre es gringo.

El 28 de junio fue hallado un joven inconsciente junto a un montículo de tierra instalado por el municipio de Junín para impedir la circulación. Internado por traumatismo de cráneo, al recuperarse contó que se llama Luciano Ferreyra, que cuenta con 19 años, y que chocó al ser perseguido por una patrulla policial que lo dejó abandonado.

Tras el notable éxito de los montículos de tierra durante los primeros meses de la cuarentena, en Hersilia, Santa Fe, decidieron replicar el método. Obviamente, el resultado era previsible: Osvaldo Mansilla circulaba con su moto el 10 de julio por la noche cuando se llevó puesta la traba no señalizada. Muró. Tenía 55 años.

El periodista del Canal Rural de Río Cuarto, Gabriel Varela, se encontraba en Santiago del Estero el 11 de julio mientras trabajaba cuando fue detenido por la policía dentro de su auto. Es más, lo dejaron dentro de su auto tres horas. Luego lo escoltaron hasta la frontera provincial para expulsarlo. Gabriel contaba con permiso nacional. “Acá estamos en Santiago del Estero” contestó el personal policial.

Gabriela Cano estaba en tratamiento oncológico en el Hospital de Clínicas. Cuando acudió en abril con fuertes dolores, fue echada. Obvio: solo se atendía Covid. Falleció en julio y el Clínicas tiene una causa abierta por incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona. Gabriela tenía 32 años.

El 15 de julio la formoseña Roxana perdió a su hija Milagros, de 17 años, luego de contraer Covid mientras luchaba contra la leucemia. Como Formosa no tenía para atender el cuadro oncológico, Milagros estaba en Buenos Aires con su madre. Las autoridades porteñas le entregaron directamente las cenizas de su hija por protocolo y el gobierno de Formosa no la dejaba regresar, al igual que a miles de formoseños. Roxana solo quería volver con sus otros hijos.

Imaginemos a 14 niños de 12 años celebrando el Día del Amigo con distanciamiento social ya a fines de julio con las reuniones sociales autorizadas. Ya no existe el aislamiento sino el distanciamiento. Bueno, ahora imaginemos que cae un camión policial, los levanta a todos, no avisa a los padres, los llevan a una comisaría y les quitan los celulares. Sí, pasó. En la capital de San Juan.

Maria Rosa Lencina, llegó a la guardia del Hospital Fernández el 25 de julio con 38 semanas de embarazo y fuertes dolores. Sin embargo, le indicaron que no estaba para internarse y que debía volver en unos días para programar una cesárea. Al día siguiente, tanto María Rosa como su hijo, estaban en el Hospital Rivadavia. Muertos.

El primer día del mes de agosto, veinte ciclistas recorrían el camino entre La Calera y Villa Carlos Paz, en Córdoba, cuando fueron interceptados por la policía. Fueron multados por cruzar el límite departamental y les secuestraron las bicicletas. El límite no está señalizado. Quedaron en zona peligrosa y volvieron 15 kilómetros a dedo, lo cual es más grave que circular en bicicleta.

El 4 de agosto Mabel Díaz llevó a su padre a Ceres, Santa Fe, a 15 kilómetros de su domicilio en Selva, Santiago del Estero, para una atención médica de emergencia. Tuvo que volver a pie. La policía de Santiago del Estero fotografió su casa y la notificó de la causa abierta por violar la cuarentena.

El 6 de agosto un grupo de jóvenes es baleado por la policía cordobesa cuando huían en su auto de un asalto. Blas Correa fue alcanzado por una bala y sus amigos lo trasladaron a la Clínica Aconcagua. Le negaron la atención. Lo llevaron un hospital municipal. Murió. Una policía confesó que plantaron un arma para simular enfrentamiento. Blas tenía 17 años.

El 8 de agosto en San Juan son detenidas por la policía ocho mujeres por practicar hockey sobre césped en una plaza. Tenían permisos de caminantes. La industria de las barreras y terraplenes llega a San Fe, donde Nelson García, choca contra una barrera que divide las localidades de Las Toscas y San Antonio de Obligado. Falleció en el Hospital Central de Reconquista una semana después. Tenía 33 años.

Carmen Acosta marchó desde Rawson hasta Formosa para despedirse de su madre, quien cursaba los últimos días de un cáncer terminal. En mayo presentó el permiso al gobierno de Formosa y quedó varada en Chaco. Las autoridades chaqueñas la pidieron que volviera a Rawson. Finalmente, al igual que todos los miles de formoseños varados, logró ingresar a la provincia en agosto y obligada a cumplir con una cuarentena en un hotel. Fue en esos días cuando su madre murió.

El 16 de agosto, Sabrina Coria fue detenida de forma violenta en Bariloche por pasear a su perro. Fue liberada luego de que el video de su detención comenzara a circular por todos lados. Ese mismo, en otro éxito de los terraplenes bonaerenses, Lincoln no quiso quedarse afuera y sumó a su propio muerto. Lucia Ponti fue hallada sin vida en el terraplén. Tenía 32 años.

El 17 de agosto, en medio de las manifestaciones contra el Gobierno, al menos 70 personas fueron identificadas en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, y notificadas del inicio de causas penales por violar la cuarentena. Lo mismo ocurriría en distintas localidades del país. En Santiago del Estero, la folklorista Roxana Carabajal pasó la noche en la escuela de policía sin nintún protocolo por haber querido evitar la detención de tres chicos que jugaban a la pelota. La acompañaron Sandra Farías y los tres chicos.

Yanina Marchesani, una enfermera que trabaja en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata, viajó hacía San Clemente a visitar a sus hijos. Contaba con permisos, hisopado y bajo el amparo legal. Fue detenida cuatro horas en un retén policial de General Lavalle. Caminó más de diez kilómetros bajo la lluvia mientras la filmaba una camioneta del municipio.

El 19 de agosto, los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro –y su familia–, denunciaron intimidaciones por parte de la policía Bonaerense: patrulleros apostados cerca de sus domicilios y una carta de un comisario retirado que los intimaba a despegar a la policía de la muerte de Astudillo. Ese mismo día, de nuevo en Santiago del Estero, un cadete de reparto es brutalmente detenido por la policía provincial con una golpiza que se convirtió en tendencia en las redes sociales. La policía dijo que el muchacho tenía envoltorios de cocaína, dinero y una balanza. Otros videos demostraron que nada de esto estaba presente al momento de la detención. La policía comunicó que la requisa se hizo en otro lado: en la comisaría y con tres testigos que nadie sabe de donde sacaron sin labrarles una causa por violación de la cuarentena.

Martín Samia es un camionero que sufrió un preinfarto en el límite de San Luis y Mendoza el 21 de agosto. Fue trasladado a un hospital en Balde, San Luis, pero le negaron la internación y lo dejaron en la localidad de Desaguadero. Por un par de horas también le impidieron ingresar a Mendoza pese a que lo esperaban a metros del límite para trasladarlo. Finalmente llegó a un hospital en Guaymallén. También rechazaron la internación. Quiso hacer denuncia: fue denunciado por incumplir con los protocolos. El mismo día llegó al final de su vida Solange Musse, una mujer de 35 años que se había convertido en tema de conversación obligado: con un cáncer terminal, en los últimos días de su internación pidió desesperadamente que dejaran ingresar a la provincia de Córdoba a su padre, quien venía desde Neuquén. El hombre fue obligado por la policía de La Pampa a no detener su marcha hasta Neuquén. Tras una sucesiva negación de permisos, Solange había publicado una carta con una frase que se convirtió en remera: “Hasta mi último suspiro tengo mis derechos”. El padre logró ser autorizado para ingresar a la provincia… cuando su hija ya había muerto.

Cuando comenzaba a relajarse la actitud denunciadora de la ciudadanía, el 22 de agosto llegó desde San Juan la noticia de que el gobierno provincial colocaba fajas en las puertas de las viviendas particulares con sospechas de contagio. En letras rojas se lee “Personas en aislamiento”. La asociación que nuclea a los médicos provinciales aseguraron que la medida es propia de la Inquisición. Ese mismo día, Leonardo Rodríguez y Marcela Benedetti son detenidos mientras circulaban en bicicleta por zonas descampadas. Estuvieron cinco horas detenidos en la Comisaría 26 de Fernández Oro, provincia de Sana Fe.

El 22 de agosto, en Loreto, Santiago del Estero, Mario Lobos fue ingresado en un centro de aislamiento por haber concurrido a comprar en un corralón donde se detectaron contagios, El hombre, de 73 años, sufrió picos de hipertensión y, sin atención médica, recurrió al intendente José Artaza. Artaza lo denunció por amenazas. Mientras tanto, en la localidad de Santa Isabel, Santa Fe, la policía irrumpe en un domicilio por violar el horario de reuniones. Son detenidos Mario Kovacevich, de 77 años, junto a sus hijos. Mario terminó con lesiones en la cabeza.

A fines de agosto, Antonella y Victoria Garay recibieron el décimo rechazo a sus pedidos de ingreso a la provincia de San Luis para poder despedirse de su padre con cáncer terminal. El hombre murió antes de ver a sus hijas. El 30 de agosto, en San Juan, cuatro adolescentes son detenidos mientras jugaban a la pelota. Terminaron desnudos en una comisaría.

El 28 de septiembre, a través de un video de la fundación “Brazos Abiertos” se conoció la situación de Ámbar, una niña de dos años con retinoblastoma –una forma poco frecuente de cáncer ocular– que tenía turno para hacerse atender en el Garrahan el primero de abril, pero que ya en septiembre seguía sin conseguir que le permitieran salir de Santiago del Estero.

Victor Mallorquín, formoseño, se encontraba realizando un tratamiento oncológico en Resistencia, Chaco, cuando el gobierno de su provincia le negó el ingreso para regresar a su domicilio y continuar el tratamiento en en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa. Por suerte, su esposa recibió la autorización para el regreso de su marido el 25 de noviembre. Victor había fallecido en julio. Víctor era policía de la provincia de Formosa.

Y este largo listado es, les juro, una breve, brevísima y caprichosa selección de un vademecum de violaciones a derechos y garantías en un país en el que nunca se decretó el Estado de Sitio y en el que, incluso si se quisiera recurrir a una medida tan extrema, nuestra Constitución garantiza la integridad de los habitantes.

En Santiago del Estero se ha detenido a personas por regar el cesped de sus veredas y a periodistas. A una en particular se la llevaron en medio de un móvil en vivo por tener el barbijo mal colocado. En la Ciudad de Buenos Aires durante los primeros meses de la cuarentena, junto con el parte diario de contagios, informaban la cantidad de autos secuestrados sin ninguna orden judicial. Y nadie decía nada.

Si notamos un relajamiento en la actitud de las autoridades desde marzo pasado es porque fue realmente brutal lo ocurrido en los primeros meses. En la actualidad las violaciones continúan, de forma más esporádica o más leves, pero continúan. Quizá sea por eso que dolió tanto Formosa: no es que sea la única, sino que es la que hoy vemos en el centro de la cuestión, la que continúa practicando el deporte de la supresión de derechos en pos de otro derecho.

Es realmente fenomenal el número de personas que fallecieron yirando entre provincias para ser atendidas por algún médico mientras cada autoridad provincial les rechazaba el ingreso. Y acá pido disculpas por caer en la misma variable del acostumbramiento: un solo caso ya debería ser un escándalo. ¿Van cientos? Y estos son los casos que se conocen, que trascienden porque alguien denuncia o filma. ¿Cuántos van realmente? En Formosa es habitual desde marzo que todo aquel que viole la cuarentena sea imputado por el 205 –como en casi todo el país– y pase quince días detenido. Sí, quince días. Pero no es sistemático, eh.

Y todo mientras el presidente del bloque oficialista en el Senado afirma que “durante una pandemia no hay derechos”. Y ninguna autoridad le pide explicaciones porque ninguna autoridad tiene la autoridad moral para pedir explicaciones. ¿Quién podría hacerlo si nadie dijo nada ante cada intendente que amenazaba con expulsar a sus habitantes contagiados? ¿Quién podría hacerlo si en Formosa la fiscal de Estado amenaza con iniciar causas a los que vuelven a la provincia con orden judicial “si aparece algún caso nuevo positivo”? Niños abofeteados en comisarías, niños que pierden el control de sus esfínteres antes el abuso del Estado en seccionales policiales. Familias a las que les quitan el último segundo de humanidad al impedirles siquiera estar presentes en un sepelio.

El caso de Abigaíl Giménez nos duele porque sabíamos que en algún momento iba a ocurrir algo así. Y lo sabíamos porque ocurría, solo faltaba que alguien lo filmara. Como puede leerse en este listado, el número de abusos de la provincia de Santiago del Estero ha sido largo y fructífero, al igual que su hermana Formosa, que en el mismo día del video de Abigaíl tenía a más 7.500 formoseños varados en la frontera impedidos de ingresar. Tan solo dos días después, Mauro Ledesma moría ahogado en el río Bermejo ante la desesperación de poder ingresar a Formosa de algún modo. Fue en octubre, mucho, muchísimo antes de que Pietragalla fuera a recorrer Formosa. Todavía esperamos alguna definición de San Juan, donde hasta una chica de 18 años falleció por falta de atención médica y su familia no pudo hacer nada.

Y es que no podemos esperar ninguna declaración ni sobre San Juan, ni sobre Formosa, ni sobre Santiago del Estero, Córdoba o ninguna de las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque el clima de restricción de derechos fue y es nacional. Y fue aceptado.

Yo, en persona, en medio de junio tuve que tramitar mil permisos y pasar cinco controles para poder llevar a una amiga con un cáncer terminal de un punto A a un punto B. Los cinco controles eran dentro de la misma provincia de Buenos Aires. Ni siquiera se calentaban en comunicarse entre ellos.

Nadie con poder de decisión dijo una palabra ante las marcaciones de casas, el pedido de renuncia al sistema de salud para comerciantes que decidan abrir, los funcionarios públicos iniciando causas penales a manifestantes, las atroces muertes, detenciones y vejaciones permanentes que el Secretario de Derechos Humanos, si se enterara cuáles son las funciones y misiones del Secretario de Derechos Humanos, debería tener tan presentes como lo tiene este periodista sin los recursos ni la obligación del Secretario de Derechos humanos. Salvo que solo importen algunos Derechos Humanos, lo cual contradice a toda legislación sobre Derechos Humanos. Pero son detalles, cosas que podemos dejar pasar mientras aspiramos a un bien mayor, que sería conservar la vida para vaya a saber uno qué sin libertad ni guita para pagar las cuentas y con un horizonte marcado por una vacunación más retrasada que el plan económico del Gobierno.

Y después nos sorprendemos porque hay autoridades que no se calientan en la educación de los menores: se han llevado presos a chicos por jugar a la pelota, mirá si les van a garantizar el derecho a la educación.