Las reglas electorales constituyen, tal vez, la institución más relevante de una democracia. En la Argentina son manipulables por el poder de turno. Entre ellas, el calendario de votación.

Si la aprobación social del Gobierno es alta, funciona como un incentivo al adelantamiento de los comicios. Para aprovechar el buen momento.

Si prevalece la crítica a la gestión, se postergan. Para ganar tiempo. Hoy las encuestas no favorecen al oficialismo. Por eso busca aplazar las legislativas. Una opción es correr el cronograma, con elecciones generales en noviembre. Otra, unificarlas con las PASO en octubre.

Agosto –cuando deberían elegirse candidatos en las primarias– sería demasiado pronto para acomodar dos variables claves en la definición del voto: el progreso de la campaña de vacunación y la marcha de la economía.

Avanzado el año, la recuperación sería más perceptible en las estadísticas. Los datos se compararán con los peores del año pasado.

No sucederá lo mismo con la inflación, si no se reduce la emisión pesos y no se recomponen las reservas en dólares del Banco Central.

Encarar un programa antiinflacionario serio demandaría algún esquema de ajuste. Pero sus efectos eventualmente benéficos tardarían en llegar. En el corto plazo, sería piantavotos.

Por eso la alternativa es seguir reprimiendo la inflación mediante congelamientos y controles, aunque resulten cada vez más difíciles de sostener.

Se anuncia que al mismo tiempo se buscará recomponer el poder de compra perdido por los salarios. Alcanzó al 4% en el último año para los trabajadores en blanco, según la consultora Ecolatina.

Lo favorecidos serían los estatales, a tiro de la chequera oficial. Y los privados con representación sindical. El alivio del Impuesto a las Ganancias vendría a coronar esa movida, y a introducir una cuña en la clase media descontenta.

El paraguas es demasiado pequeño para proteger a quienes quedaron a la intemperie. La crisis dejó sin trabajo o empujó a la informalidad a millones de trabajadores.

El economista Eduardo Levi Yeyati indicó que la mitad de la fuerza laboral, empleados o cuentapropistas, quedó atrapada en la informalidad. El estudio, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, detectó una pérdida real de ingresos del 34% en esa mitad de la población activa que habita el lado oscuro del mercado laboral.

Sin soluciones de fondo a mano, el Gobierno apela a la especialidad de la casa: construir un relato que de una parte beneficiada haga el todo. Y que ponga las culpas afuera. Los responsables de la inflación serían los empresarios codiciosos que especulan con la “mesa de los argentinos”, empezando por los productores agropecuarios.

El resultado está abierto y se verá en las urnas.