La aprobación del pliego de Alejo Ramos Padilla para que ocupe la titularidad del Juzgado Federal 1 de La Plata no es un episodio menor. En un año de cruciales elecciones, que definirán el rumbo del país para los próximos dos años, con la pandemia de coronavirus y la crisis económica como escenario, el magistrado tendrá a su cargo, nada menos, que el operativo electoral en una provincia que aporta el 40% de los votos en todo el país.

Pero además, ocurre en un contexto particular. El gobierno de Alberto Fernández, a partir de una estrategia urdida por la Vicepresidenta Cristina Kirchner, está ejerciendo una fuerte presión sobre la Justicia, cuyas aristas son el regreso de Eduardo Farah y el inminente nombramiento de Roberto Boico para la Cámara Federal, la posible designación de Daniel Rafecas como Procurador General, la puesta en vigencia de 6 artículos del Código Procesal Penal, y los cuestionamientos públicos del propio Presidente a la Corte Suprema.

Aparte de ello, no hay que olvidar la reciente decisión de la Cámara de Casación Penal de cambiar la jurisdicción de las causas por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri contra ex funcionarios K, de Lomas de Zamora a Comodoro Py, que habría desatado la furia de la ex presidenta.

El Juzgado Federal 1 de La Plata que tendrá como titular a Alejo Ramos Padilla tiene a su cargo cuestiones fundamentales del proceso electoral en todo el territorio bonaerense. Algunas de ellas son el control patrimonial de los Partidos Políticos, como también sus Nombres, Sellos, Símbolos y Emblemas. Por otro lado, supervisa la organización, el funcionamiento y la fiscalización del Registro de Electores y de los Delitos Electorales, y determina la elección, el escrutinio y la proclamación de todos los candidatos. En suma, el todavía juez de Dolores controlará la efectiva aplicación de la Ley Electoral en el distrito más importante del país.

Hace ya casi dos años, el 16 de mayo de 2019, el Fiscal subrogante ante el TOF de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva, solicitó requerimiento de instrucción contra Alejo Ramos Padilla por los presuntos delitos de abuso de autoridad y amenazas, durante su paso por la ciudad del sur bonaerense. En su escrito, el representante del Ministerio Público expresó que “se impone la necesidad de instruir una investigación penal que determine efectivamente la concreción, o no, de sucesos delictivos puntuales”. Y amplía: “Lo que corresponderá pesquisar es si el accionar del magistrado excedió de un mero plan de reorganización y ordenamiento del juzgado, en cuyo marco trajo para tal labor a personal de su confianza, para pasar a constituir verdaderos episodios delictivos”. A tal efecto, solicita que se informe si en la subrogancia del Juzgado bahiense “requirió autorización expresa para ser acompañado por dicho personal”.

A pesar del fuerte impulso que tuvo al comienzo, luego la causa entró en un clásico letargo al compás de los vaivenes políticos. Las declaraciones de las presuntas víctimas de coacción por parte del magistrado comenzaron en julio de 2019, antes de la feria judicial de invierno. Pero en agosto de aquel año el kirchnerismo ganó las PASO, y el expediente se paralizó. Al día de hoy, aun no definieron si imputarán o no a Ramos Padilla. Este medio intentó infructuosamente comunicarse con la Fiscalía a cargo de González Da Silva. Desde mails no contestados hasta evasivas por parte de los empleados. Hermetismo total.

Más datos: la cuestión de los supuestos abusos de Ramos Padilla, aparte de la causa penal, está en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de un recurso de avocación presentado en el Expte de Superintendencia Nro 49/15 que él mismo inició para controlar al personal del juzgado y justificar su designación por el supuesto caos que era el juzgado antes de su llegada.

Pero la Corte aún no resolvió si desestimará o no dichos recursos que, según fuentes consultadas, “analiza desde 2019, y es una de las tantas cosas que el Tribunal retrasa”. Otro funcionario judicial bahiense requerido asegura que “si la denuncia hubiese sido una pavada, ya la habrían archivado, y lo mismo vale para la Corte, que rechaza avocaciones todo el tiempo en dos renglones”. Y agrega: “Si se metieron a investigar es porque algo vieron. El tema es que (la Corte) está en una posición delicada porque si dice de más (que hubo abusos, por ejemplo) condiciona indirectamente a las instancias más bajas. Por eso suele pasar que las instancias administrativas esperen a las judiciales. que en este caso sería la causa penal”.

Como ya lo hemos señalado muchas veces, Ramos Padilla fue designado por el Consejo de la Magistratura dominado entonces por el kirchnerismo el 18 de junio de 2015 para subrogar el Juzgado Federal 1 de la ciudad de Bahía Blanca, cargo en el que se mantuvo hasta su renuncia el 31 de diciembre del mismo año. Allí estaba radicada la causa 10451/2014 en la que se investigaba una gran emisión de facturas apócrifas por parte de importantes grupos económicos bahienses para beneficiar a Austral Construcciones S.A., firma propiedad del presunto testaferro kirchnerista Lázaro Báez.

Al momento de asumir, Ramos Padilla nombró a 16 personas ajenas a la jurisdicción provenientes de Dolores, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, y hasta de la Policía Federal. Revistieron funciones, entre otros,  Mauro Labozzetta y Gustavo Puppo, del Juzgado de Dolores; Leandro Massari y Victoria Fraga, empleados de la Procuración, a quienes el magistrado pidió expresamente a la ex procuradora; Pablo Vicente Fermento y Juan Pablo Guidini, ambos empleados de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del MPF; Pablo Andrés Vassel, designado a instancias de la por entonces Presidenta del Consejo de la Magistratura Gabriela Vázquez, perteneciente a Justicia Legítima; Noelia Matalone, contratada en la Oficina Anticorrupción por el ex vicepresidente Amado Boudou y por el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina (Decreto 65/2012), y Mario Vajsejtl, cabo de la Policía Federal y custodio personal de Ramos Padilla, un hombre que solía presentarse armado frente a los funcionarios judiciales.

Apenas tomó posesión del cargo, el 24 de junio de aquel año, inició un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información” fuera de todo registro formal, sin la presencia de ninguna de persona de contralor, ya sea un instructor o un auditor, sin el debido respaldo documental y la inexistencia de firmas de los “informantes”, según denunciaron los presuntos damnificados.

Resulta curioso contrastar estos hechos con algunas imputaciones del propio Ramos Padilla contra Carlos Stornelli, que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata desestimó en su mayoría. En el caso “Brusa-Duvat”, por ejemplo, el magistrado sostuvo que, “para vulnerar la voluntad de la presunta víctima, a quien Marcelo D´Alessio identificaba como el “arrepentido” o el “Centeno de PDVSA”, y lograr que prestara en primer lugar su testimonio frente a diversos periodistas, y luego formulara una denuncia penal ante el fiscal, se habría acudido a distintas estrategias de acción psicológica sobre la víctima”.  

Tres años después de iniciado, el sumario fue archivado al no verificarse ninguna irregularidad. Pero los funcionarios sumariados en su momento por Ramos Padilla comenzaron a contar lo sucedido en sede judicial el 31 de agosto de 2016, manifestando todos ellos una fuerte presión psicológica y acoso laboral por parte del Juez y de su entorno, por lo que se dispuso la apertura de un sumario. Lo mismo repitieron desde julio de 2019 ante el Fiscal González Da Silva.

Uno de los funcionarios judiciales de Bahía Blanca aseguró en el sumario abierto en 2016, exactamente al minuto 6 de su declaración, que cuando fue interrogado en ocasión de la “reorganización” del Juzgado dispuesta por Ramos Padilla, Mauro Lambozetta “me hizo un montón de preguntas, tomó nota y tenía escritos con información que traían previamente a la llegada al Juzgado”.

Algunas de las declaraciones más importantes de las presuntas víctimas del Juez, hechas en agosto de 2016 y reafirmadas ante el Fiscal González Da Silva fueron las siguientes:

“La presión estaba y estuvo latente desde un primer momento, y nosotros sufrimos en los primeros tiempos presión psicológica y después directamente aprietes”, por parte de las personas que el Juez llevó a trabajar con él; “Dicho personal realizó tareas de obtención de información en relación a las relaciones interpersonales (amistades, enemistades, etc) entre los empleados del Juzgado, para saber de qué lado estaba cada uno”; “Todo el tiempo estábamos bajo la amenaza del apriete encubierto, diciéndonos que como estábamos contratados nos iban a remover a fin de año”; “La presencia del cabo Mario Vajsejtl era absolutamente intimidante, exhibiendo todo el tiempo el arma en la cintura; “Sentí miedo, inseguridad, y una intimidación constante. Llegué a pensar en renunciar”

_ “Ramos Padilla se presentó acompañado de una docena de personas. La actitud de algunos de ellos era absolutamente intimidante, llegando hasta a “tantear” en los estantes del escritorio, como si buscaran micrófonos. Hasta llegaron a revisar los residuos descartados por el personal”, “Uno de ellos me decía que me tenía que sentir muy agradecido con el gobierno kirchnerista y tenía que tener en mi despacho un cuadro de Néstor Kirchner”

_ “La llegada de Ramos Padilla se vivió como una intervención, al llegar al Juzgado encontramos la puerta cerrada, se nos hizo esperar, se cambiaron todas las cerraduras y el clima era como que éramos culpables de algo”; “Me sacaron de mi despacho con lo puesto, quedé sin rumbo, son oficina, sin nada. Ante esta situación estuve muy mal psíquicamente y tuve que ser medicado. Me iba llorando y llegaba llorando al Juzgado, a mí me produjo mucha violencia. Lloraba frente a mis hijos. No podía creer lo que veía, todo cerrado, todo fajado”.

_ “A Ramos Padilla se lo esperó con tensión y nerviosismo, sabiendo que era de Justicia Legítima. Él y su gente tenían como una distorsión de la realidad, en los hechos y verbal, porque se encontraban preocupados por cosas que no tenían lógica”; “Se pedía una permanente elaboración de informes y extracción de fotocopias, algunas veces a pedido del Juez a fin de llevarlas a Buenos Aires; “El Dr. Pablo Vassel, del Consejo de la Magistratura, decía todo el tiempo que él estaba para controlar”.

_ “En todo ese tiempo, el Dr. Ramos Padilla llevó adelante un proceso que demandó mucho esfuerzo de parte nuestra, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Yo trabajaba de 8 a 20 hs, incluso sábados y domingos para poder cumplir con lo requerido por el Juez. Tampoco se respetó el período de lactancia de una empleada que había sido madre”; “Toda la gente que estaba en el Juzgado que había venido con el Juez, no sabíamos quiénes eran. El ambiente generado en ese tiempo fue amenazador. Era un clima raro, no era un buen clima de trabajo”.

Durante su subrogancia, se produjo un extraño hecho protagonizado por Vajsejtl, Massari y Puppo, que motivó una denuncia por parte de la Cámara Federal de Bahía Blanca a partir de una información suministrada por la Titular del Juzgado 2 de dicha ciudad, Dra. María Gabriela Marrón. El auto oficial Renault Megane dominio HRL350 perteneciente al Juzgado subrogado por Ramos Padilla sufrió un siniestro el 31 de agosto de 2015 en una ruta cercana a la localidad de Tres Arroyos, cuando era conducido por el cabo Vajsejtl acompañado por el Dr. Puppo y por Massari, provenientes desde Mar del Plata a las 3:30 am. Las circunstancias del choque nunca quedaron del todo claras, pero el coche quedó depositado, seriamente dañado, en un destacamento policial. Lo que la Cámara de Apelaciones intentó determinar fueron las razones sobre la utilización del automóvil oficial por parte de personal ajeno a la sede. La denuncia dice textual: “No se informó, ni tampoco se requirió autorización, respecto de su uso para el transporte de larga distancia de personas ajenas a esta jurisdicción, ni de las circunstancias por demás anómalas que rodean este episodio”. Sobre Gustavo Puppo, afirma que “Ramos Padilla nunca informó las circunstancias de su desempeño en esta sede, pese a los reiterados requerimientos que le efectuó el Tribunal”. Y designa al hecho como “un posible delito de acción pública”. Este siniestro motivó una de las presentaciones contra el Juez de Dolores en el Consejo de la Magistratura.

En su descargo para titularizar el juzgado que finalmente ocupará, Alejo Ramos Padilla reafirmó lo hecho en la ciudad del sur bonaerense: “En la segunda mitad del año 2015, por disposición del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, me hice cargo del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca que, según el propio Consejo, atravesaba una “grave crisis institucional”, agregando que “con un esfuerzo enorme y en el exiguo plazo de seis meses logré atender todas las dificultades que atravesaba el Tribunal”.

A confesión de parte…….