Una de las decisiones más polémicas del actual gobierno en materia de servicios TIC desde su asunción fue sin dudas la declaración de éstos como servicio público. Una decisión que abrió la puerta al congelamiento de precios y a la fijación de sus actualizaciones en una economía inflacionaria. Esto es así porque el congelamiento inicial y los aumentos posteriores tuvieron un impacto negativo en la ecuación económica de los prestadores TIC de todo tamaño y color. Para analizar el impacto de estas medidas en el caso del acceso a Internet, se parte del relevamiento que dio lugar al informe “Oferta de acceso fijo a Internet en Argentina”, realizado en octubre de 2020, relevando 1.883 productos de acceso ofrecidos por 314 ISP en 133 localidades del país. Si bien no es un censo, es una muestra bastante significativa.

En aquél entonces, y utilizando la agrupación de ISP en base a los criterios del gobierno para determinar el nivel de aumentos autorizados, el precio promedio de un acceso a Internet de los ISP de más 100.000 clientes (Telecom, Telecentro, Telefónica, Supercanal, Claro y Gigared) era de $2.668. En el caso del resto (los de menos de 100.000 clientes), era de $1.870. A pesar de la brecha del 43%, esto no significa necesariamente que los grandes ISP sean más caros que los pequeños. Esto se debe a que hay marcadas diferencias en cuanto a la capacidad en Mbps de bajada de los accesos gracias a tecnologías como HFC (cablemódem) y FTTH (fibra óptica). Así, mientras el producto promedio ofrecido por los 6 grandes es de 110 Mbps, para el resto es de tan sólo 18 Mbps. Esta comparación no apunta a cargar contra los pequeños ISP. Si sus productos son de menor capacidad se debe a variables que suelen estar fuera de su control: costos mayoristas más elevados en áreas de menor densidad poblacional, dificultades para migrar hacia tecnologías de fibra óptica por restricciones locales (uso de postes, por ejemplo), escalas y densidades poblacionales que sólo son viables con tecnologías inalámbricas (de menor capacidad), entre otras.

A partir de este año, el gobierno comenzó a autorizar ajustes de precios por los servicios que estaban congelados desde, mínimamente, marzo del 2020. Pero en una desacertada política de regulación asimétrica, los ajustes no fueron parejos para todos, sino que mientras que a los ISP grandes sólo les autorizaron una actualización del 5% en enero, para el resto fue del 8% en enero y un 7% en febrero, acumulando un 15,6% en lo que va del 2021. Pero al hacerlo, la asimetría fue trasladada a los clientes.

Tomando como base los precios de octubre (congelados hasta fin de 2020), el acceso promedio de los grandes ISP equivale hoy a $2.801, mientras que para el resto es de $2.161. Así, luego de las actualizaciones autorizadas en cada caso, la brecha entre unos y otros pasó del 43% al 30%. Pero analizando el valor del precio por Mbps, el de los primeros pasó de $24 a $25, mientras que el de los segundos lo hizo de $104 a $120. De este modo, el precio por Mbps de los más chicos pasó de costar 4,3 veces en comparación con los más grandes ISP a 4,7 veces. Una diferencia que termina perjudicando a los clientes de los primeros. O, visto de otra forma, se ajusta más el precio de los productos de menores prestaciones. No parece la forma de asegurar un mayor y mejor acceso para todos.

Más allá de esta asimetría, la regulación de los precios de los servicios TIC tiene además el efecto de desalentar la competencia. Se debe a que los aumentos autorizados se aplican a los productos existentes, pero no a los nuevos, cuyos precios son fijados libremente. Esto resultó en que, aunque sigan vigentes para quienes ya los tenían contratados, varios ISP discontinuaron estos productos para reemplazarlos por otros con precios alineados con la inflación (o más, ya que después quedarán sometidos a las actualizaciones reguladas dentro de un marco inflacionario). Como resultante, a quien hoy tenga un producto de 50 Mbps, por ejemplo, se le hará más difícil cambiar de proveedor, porque significará que, si migra, terminará pagando mucho más por un producto de iguales características, pero cuyo precio fue fijado libremente y con un margen para resistir una devaluación futura por aumentos fijados por debajo de la inflación.

En resumen, esta regulación asimétrica termina perjudicando a un grupo no menor de clientes (aproximadamente 2M) y atenta contra los beneficios de la competencia. De optarse por un tratamiento asimétrico, este debe favorecer a los ISP sin perjudicar a sus usuarios. Si lo que se busca es una asimetría que favorezca a los operadores más pequeños habría que buscar por el lado de los costos y no de los ingresos para no discriminar entre clientes de uno u otro. Como se ve, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones…