Cuando la acumulación de retrasos en los ajustes de precios de los servicios TIC generaba una escalada en las tensiones entre operadores y gobierno (con planteos administrativos y hasta judiciales), el Enacom comenzó a abrir la válvula y liberar (parcialmente) la presión.

Primero fueron los servicios móviles, a través de la resolución 203/21, (publicada el 19/2) que autorizó aumentos del 7,5% para febrero y 2,5% para marzo. Pero sólo para quienes cumplieron con la resolución 1466/2020, que en el caso de las móviles autorizó aumentos del 5%, o para quienes al menos se hubieran comprometido expresamente a devolver los aumentos por encima de este valor. A los pocos días (23/2) se publicó la resolución 204/21 que estableció los aumentos de los demás servicios TIC para los meses de febrero y marzo. Algunos creyeron ver en esta definición adelantada de los servicios móviles una forma de mostrar buena voluntad por parte del gobierno en las horas previas del viaje presidencial a México. No sólo por la relación entre los países per se sino también por la reunión del primer mandatario con Carlos Slim, quien además de ser el principal accionista de América Móvil (Claro), también tiene diversos intereses en el país, incluyendo la financiación de la vacuna contra el covid19 conocida como Oxford-AstraZeneca, cuya producción llevan adelante en colaboración Argentina y México.

En el caso de los aumentos establecidos en la resolución 204/21, son diversas las variables a considerar introducidas, por lo que es más sencillo analizar los aumentos a través del siguiente cuadro:

Como se puede ver, en esta ocasión el gobierno comenzó a aplicar cierta progresividad en los aumentos, aunque manteniendo la asimetría en función del tamaño de operador. En el caso de Internet, los aumentos superiores fueron para los productos de más de 50 Mbps, así como para el segmento empresas haciendo pagar más a quienes más pueden. Pero a su vez, si se mantiene esta tendencia, es una forma de incentivar a los operadores a mejorar la capacidad de sus redes. Claro que no siempre los ISP ofrecen en términos reales lo que sus productos prometen, por aquello del best effort, lo cual puede ser un incentivo para maquillar las características de sus productos y así obtener aumentos mayores.

Una estrategia similar se observa en el caso de la TV paga por cable o inalámbrica. Existe el criterio de mayor aumento a proveedores más chicos (discriminando a sus clientes) pero también el de la progresividad, al autorizar aumentos superiores en el caso de los paquetes Premium (fútbol, HBO, etc.) así como el servicio bajo demanda. En el caso del fútbol, puede haber incidido que el gobierno viene negociando con los tenedores de los derechos de transmisión la disponibilidad gratuita de algunos partidos por la TV Pública (en un revival reducido y ¿sin cargo? del extinto “Fútbol para Todos”). En el caso de la TV paga satelital, no hay discriminación por cantidad de clientes ya que hay un único proveedor, DirecTV.

En definitiva, el gobierno introdujo un criterio progresivo en los aumentos, impactando más entre quienes más consumen (tanto en términos cualitativos como cuantitativos). Sin embargo, mantiene las asimetrías en función de la cantidad de clientes que terminan perjudicando a estos últimos cuando su operador es mediano/chico. Una asimetría que habría que reducir en lugar de acentuar.