La economía mendocina ha sido golpeada por la pandemia de coronavirus como el resto de las provincias del país. El gobierno radical de Rodolfo Suarez observa los monitores de inversión y empleo con preocupación. Desde hace varios años que la provincia cuyana no produce ni crea trabajo genuino de forma sostenida.

Un déficit que se repite en todo la Argentina y que se agravó con la pandemia y, es por ello, que el gobernador mendocino maximizó todo lo que pudo los veinte minutos en los que dialogó con el Presidente Alberto Fernández cuando se movilizaban en automóvil desde el aeropuerto hasta las instalaciones del INTA en Luján de Cuyo para participar del acto de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) el pasado 6 de marzo.

El gobernador le pidió por dos proyectos. La activación de un plan de construcción de 1300 viviendas que se encuentra aprobado en las oficinas del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y, desde luego, el laudo a favor para la construcción del dique Portezuelo del Viento en Malargue.

Ha sido bautizada “La obra del siglo” por los mendocinos y no se trata de un hecho menor. Es una represa por la que se requiere una inversión millonaria y de la que participan una empresa de capitales chinos y una compañía tradicional de Mendoza como es IMPSA.

La ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona, una compañía simbólica del capitalismo industrial nacional, atraviesa un período de reestructuración de su deuda con distintos acreedores que culminará el próximo 16 de marzo, cuando en una reunión de asamblea de accionistas, se autorice la emisión de nuevas acciones por un total de 20 millones de dólares. Ahora bien, es en este proceso donde la administración de Alberto Fernández intercederá. Hasta el momento en los despachos de Casa Rosada se avanza con la idea de suscribir estas acciones de manera mayoritaria y, ceder un 20% aproximadamente, a la gobernación mendocina.  

La emblemática compañía que hasta el 2017 perteneció a la familia Pescarmona hoy está en manos de entidades bancarias y financieras acreedoras y se convertirá, prácticamente, en una firma estatal y en su directorio estarán representados funcionarios nacionales y el gobierno de Mendoza se asegurará un lugar.

La normalización de IMPSA será un aval importante para la concreción de la obra hidroeléctrica que se llevará a cabo con el aporte de la empresa china Sinohydro que ha conformado una UTE- Unión Transitoria de Empresas- junto a IMPSA; Obras Andinas S.A. del empresario Omar Álvarez que en algunos círculos empresariales relacionan con José Luis Manzano ; Y CEOSA del inversor Fernando Porreta que tiene experiencia en haber participado de licitaciones entre los años 2010 y 2015.

Previamente, el área de Planificación e Infraestructura de Mendoza dio luz verde al bloque de empresas para que exponga su propuesta económica y en los próximos días se realizará la apertura de la propuesta económica. En declaraciones periodísticas a Medios Andinos, el ministro Enrique Vaquié afirmó “va a ser pronto y no falta mucho para la adjudicación de la obra. Es probable que el 15 de abril se pueda terminar con la adjudicación a la UTE que se presentó”.

Fue la única que lo hizo. Y esa es una de las críticas que se escuchan en cámaras empresariales locales e internacionales y en la oposición política al gobierno de Rodolfo Suarez. Para muchos actores políticos y económicos se realizó una “licitación dirigida” para favorecer, fundamentalmente, a IMPSA. 

El proceso ha tenido trabas por la oposición de la provincia de La Pampa pero además fue criticado por su escasa apertura al mundo.  Ejecutivos europeos afirman en voz baja que “por favorecer, en principio a IMPSA, que nadie desconoce la importancia de esta firma por su rica historia, se terminó por beneficiar a empresas estatales gigantes de China. Muchas compañías nuestras en sociedad con otras empresas del país, podrían haberse presentado y mejorado la oferta, pero los pliegos no terminaron por convencer”.

Sin embargo, antes del ingreso de capital a IMPSA y de la apertura de la única oferta hay otra fecha marcada con rojo en el calendario para continuar avanzando con el proyecto de Portezuelo del Viento.

El lunes 15 se reunirá en Buenos Aires la mesa de trabajo del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) para definir los términos de referencia de la Evaluación de Impacto Ambiental Integral.  Allí se analizará el pedido de las provincias que integran el organismo para analizar si existen consecuencias negativas aguas abajo de la represa. La administración de La Pampa es la más crítica en estas reuniones.

Por esta cuestión, los veinte minutos que el Gobernador tuvo con el Presidente en plena Vendimia, sirvieron para que Rodolfo Suárez rogara por la activación del laudo presidencial a lo que el primer mandatario respondió con gestos concretos.

La Nación continuará enviando a Mendoza los fondos correspondientes al acuerdo que alcanzarán los 1023 millones de dólares en el año 2024. La quinta cuota del financiamiento comprometido por el Estado nacional se hará efectivo el 28 de marzo y superará los 29 millones de dólares. El proyecto Portezuelo del Viento es una rara avis en medio de la pandemia y de las restricciones a la circulación de divisas. Desde que comenzó el año el proyecto ya tiene en su haber 55,6 millones de dólares transferidos desde la Nación.