La seguridad presidencial es de vital importancia, por lo que debe ser siempre muy estricta, sin excepciones. Los viajes del primer mandatario no pueden improvisarse sino que requieren de una planificación exhaustiva: nada puede dejarse librado al azar. Lo que ocurrió en Lago Puelo es un llamado de atención y no puede volver a ocurrir. El presidente Alberto Fernández corrió un peligro innecesario, de hecho, su vocero, Juan Pablo Biondi, recibió un golpe en la cabeza cuando los manifestantes (hayan sido presuntos ambientalistas o “infiltrados”, como se denunció) arrojaron piedras contra la camioneta que los trasladaban.

Queda claro que el tipo de vehículo que se usa para transportar al Presidente no es una cuestión menor. Es necesario utilizar automóviles adecuados (probablemente blindados), que estén a la altura de lo que implica la seguridad presidencial. En Chubut, se trasladó a la comitiva en una combi de Parques Nacionales, similares a las usadas para hacer turismo, la cual terminó con todos sus vidrios rotos. Ni siquiera tenían tratamiento antivandálico que es tan habitual en las grandes ciudades del país.

El Presidente no debería trasladarse sin que se haya desplegado un operativo de seguridad exhaustivo organizado para tal fin, en especial cuando se trata de territorios conflictivos. Precisamente, es probable que Chubut sea hoy la provincia con mayor cantidad de conflictos acumulados. En este caso, quienes atacaron a Alberto Fernández se manifestaban en contra del proyecto del gobernador Mariano Arcioni de habilitar la minería en algunas zonas de la provincia, pero este es tan solo uno de los tantos focos de conflicto.

Lo cierto es que podría haber estallado cualquier de ellos: Chubut tiene el antecedente del movimiento RAM (que muchas veces suele expresarse a través de mecanismos violentos); hay sectores movilizados como consecuencia de los problemas fiscales (hace meses que los empleados de la administración pública cobran sus sueldos con retraso); no hay clases hace prácticamente dos años (a la cuarentena por Covid-19 se suma el conflicto docente que viene de 2019); y ahora aparece el impacto de los incendios forestales (con la sospechas que existen acerca de que podrían haber sido intencionales y las acusaciones cruzadas al respecto). Los potenciales focos de conflicto ponen de manifiesto que el viaje del presidente Fernández requería una mínima evaluación de los riesgos, la cual necesariamente hubiese llegado a la conclusión de que los cuidados deberían haber sido los máximos posibles. Lo cual llamativamente no ocurrió.

Un aprendizaje de cara al futuro

La Argentina se encamina a un escenario electoral en el que, al igual que ocurre en Chubut, los focos de conflicto potenciales también son múltiples. Se trata de un país con una economía maltrecha, con fuerte aumento de la pobreza y del desempleo, una inflación que no da tregua, hechos de inseguridad también crecientes, fuertemente dividido por una grieta política, y en medio de una crisis sanitaria donde la vacunación avanza demasiado lento. No se trata de un entorno estable y tranquilo, más bien todo lo contrario. Por lo tanto, no se puede permitir que el Presidente quede expuesto a sufrir un episodio de violencia, el cual podría desencadenarse intempestivamente y por motivos diversos (tal como lo demuestra lo ocurrido en Lago Puelo, en donde Alberto Fernández fue a recorrer las zonas afectadas por el fuego, pero terminó siendo apedreado por presuntos manifestantes que se expresaban en contra de la minería).

Aquellos que rodean a Alberto Fernández deben garantizar que se conserve la investidura presidencial. Uno de los aspectos cruciales que deben ser protegidos es la palabra del Presidente, cuidando los qué, los cómo y los cuándo de cada cosa que dice el mandatario. Pero otro aspecto no menor es su seguridad física. El mensaje de vulnerabilidad que transmiten las imágenes de Lago Puelo perjudica a Alberto Fernández y causa un daño institucional. Al final del día, la gobernabilidad depende de estas pequeñas cosas.