Cuando comienza un año electoral las expectativas no fallan jamás: siempre se anunciarán medidas para intentar suavizar los ánimos de las clase media, y este año 2021 que comienza no fue la excepción: rápidamente el Gobierno diseñó un proyecto para modificar el Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría (en palabras simples, la modificación en dicho impuesto que se le retiene a los empleados en relación de dependencia) y elevar así el mínimo no imponible a partir del cual un trabajador debe comenzar a tributar. 

Si las modificaciones avanzan en el Congreso y finalmente ven la luz, quienes ganen hasta $150.000 ya no deberán abonar el tributo lo que beneficiará a más de 1.250.000 empleados. Gran noticia para todos, desde ya.

Como todo tiene un detrás de escena que muchas veces se desconoce, aquí también vale la pena aclarar algunas cuestiones: toda reducción impositiva (que es una buena noticia en si misma) implica indefectiblemente (al menos en una primera instancia) una menor recaudación para las arcas públicas.

En este caso, ese costo fiscal rondaría los 40.000 millones de pesos, cifra nada despreciable. Para subsanar esta merma en los recursos el gobierno tiene dos caminos: por un lado, financiarse y por el  otro, achicar el gasto público (gasto que hoy es récord en la historia del país). En la primera alternativa, la financiación es un anhelo que solo podrá pensarlo algún distraído.

Hoy Argentina no tiene crédito y menos aún, para financiar una medida electoral. En relación a achicar el gasto público la historia no nos da demasiados empujones anímicos: solo en democracia el gasto de Estado se ha multiplicado por tres, gastando recursos en cuestiones tan variadas como un Ministerio de la Mujer, una Aerolínea “de bandera”, 2.000 empleados para la estruendosa Biblioteca del Congreso o 18 millones de planes sociales.  

Si la financiación es inaccesible y la baja del gasto una utopía, la respuesta es bien clara: hay que subir algún otro impuesto donde la clase media no tenga la capacidad de verse afectada (carecería de sentido bajar la carga de un impuesto para subir la de otro que le afecte al mismo sujeto, más allá que en Argentina no puede descartarse absolutamente nada). En este caso el impuesto elegido es el Impuesto a las Ganancias pero aquel que afecta a las empresas.

La lógica es entonces es sacarle a unos para darle a otros que puedan representar mejores resultados electorales. Sin extenderme demasiado en el detalle, la realidad es que se pretende que las grandes empresas (que para el proyecto de modificación serían las empresas que ganan más de 2.600.000 por año o unos $217.000 por mes, universo al que perteneces incluso muchos drugstores bien ubicados de la Ciudad de Buenos Aires) comiencen a pagar un 35% de Impuesto a las Ganancias contra el 30% que pagarían si esta alocada idea nunca hubiese existido.

Este cambio generaría recursos adicionales por cerca de 80.000 millones de pesos (40.000 millones era el costo fiscal de la modificación para los empleados en relación de dependencia, por lo que el Estado se hace con una jugosa diferencia a su favor de 40.000 millones de pesos que utilizaran desde ya, para más gasto político).

Hasta aquí solo cuentas, números y un claro ganador: el Estado. Si este fuese el final, el otro gran ganador sin dudas debería ser la clase media, a quién toda esta mezcla informativa le mejorará algo sus ingresos. Pero claro, por desgracia no todo es para festejar.

Por un lado este año la inflación se estima que rondará (en el más optimista de las estimaciones privadas que hasta hoy se conocen) el 45% anual, por lo que aquello que discutimos hoy, a fin de año los valores habrán quedado atrasados y nuevamente tendremos que sentarnos a discutir nuevas modificaciones para que los salarios mas bajos no vuelvan a verse afectados.

Para mala suerte de muchos, el año 2022 ya no será un año electoral por lo que estas cuestiones no serán prioridad ni se les abrirá el paso al debate). Por otro lado (y aquí la cuestión más gravosa de todas), el aumento de la carga impositiva en buena parte de las empresas del país generará en el mediano plazo menos empleo, peores salarios y por sobre todo, menos inversiones en el futuro. Un país que tendría que estar abocado a una única misión que tenga como finalidad la de generar empleo, reduciendo la carga impositiva para incentivar inversiones y poniendo reglas del juego claras para aquellos que quieran arriesgar su capital en la Argentina, lo único que hace es castigar a los pocos jugadores que quedan simplemente por un capricho electoral.

Argentina no saldrá jamás de su decadencia crónica si no comienza a recorrer un camino que esté sostenido sobre tres pilares básicos: las instituciones sólidas (por sobre todo la Justicia), la inversión (con lo que se genere trabajo genuino) y la educación (que ya somos conscientes que a casi nadie le importa).

Mientras le intentan hacer un mimo a la clase media, les están en paralelo destruyendo las posibilidades de crecer, mejorar sus salarios y con esto, tener una mejor calidad de vida a buena parte de la sociedad. Un año electoral en la Argentina es un año perdido, y esta no será la excepción. Como siempre, las consecuencias de la decadencia de nuestros dirigentes se reflejarán en tiempos venideros, con menos trabajo y menos posibilidades para todos.