El 29 de mayo del año en curso, el ministro de Salud porteño, Alberto de Micheli, firmó una resolución en virtud de la cual los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, puedan llevar a cabo "abortos no punibles", sin tener que pedir autorización judicial. Es decir, que tal interrupción del embarazo se podrá solicitar solamente en aquellos casos en que la gestación ponga en riesgo la salud de la madre o si fuera producto de una violación a una mujer con discapacidad mental, excepciones estas que están contempladas en el Código Penal.
    Esta resolución se sanciona en momentos muy particulares, dado que el día lunes próximo pasado –28 de mayo- se celebró el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, jornada en la cual se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que promueve el "aborto seguro, legal y gratuito" en todo el país. El impulso de dicho proyecto llevaron a cabo 250 organizaciones de derechos humanos, movimientos feministas, partidos políticos y funcionarios/as de distintos niveles que forman parte de la campaña por el derecho al aborto.
    Lo concreto es que este proyecto de ley establece que: “toda mujer tiene derecho a la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primera doce semanas del proceso gestacional y acceder a la realización del aborto en los servicios del sistema de salud".
    Para poder llevar a cabo la medida, en cada centro de salud se creará un equipo integrado por un tocoginecólogo, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social y un abogado, designados por el director.
    Éstos tendrán a su cargo la evaluación de cada caso, para poder determinar si está abarcado por la resolución, aunque no tendrán un plazo mayor a los cinco días hábiles.
    “El dictamen se elevará a el/la directora/a del hospital, quien lo refrendará. El mismo tendrá carácter vinculante para el efector de salud. En el supuesto de existir divergencias entre los miembros del equipo interdisciplinario deberá decidir el/la director/a del hospital, pudiendo requerir a tal efecto la opinión del Comité de Bioética, con la celeridad que exija la emergencia o urgencia del caso”, se indica en el protocolo. Se prevé la objeción objeción de conciencia para los profesionales que se nieguen a practicar un aborto, pero en ese caso, el facultativo no podrá integrar el equipo que tendrá en sus manos la decisión final.
    Por otra parte, tal resolución del gobierno de la ciudad, coincide con la muerte de una joven de 20 años que en el norte de la ciudad de Santa Fe falleció de cáncer encontrándose embarazada y luego de haber pedido sus familiares autorización para realizarse un aborto terapéutico contemplado en el art. 86 del Código Penal, y de esta forma poder realizar el tratamiento de quimioterapia debido a un sarcoma maxilar que padecía. Tratamiento este que se encuentra contraindicado en casos como el de esta joven.
    Si bien la joven había realizado denuncias a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, dichas autoridades nada pudieron hacer, ya que el hospital en el que esta se encontraba trató de desviar la situación y obligaron a la misma a continuar con el embarazo que le impedía comenzar el tratamiento para su cuadro oncológico, conforme declaraciones de la abogada Mirta Manssur, representante de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, la cual denunció el caso y argumentó que hubo un "abandono de persona".
    En otro orden de cosas, se ha establecido que durante las próximas semanas se definirán en qué centros de salud se atenderán este tipo de casos. Y se anunció que serán tres en las zonas norte, sur y oeste.
    Solamente resta esperar si esta resolución será aplicable en la práctica y posibilitará que ante determinadas situaciones y casos concretos se aplique y la solución llegue a tiempo, evitando la muerte por las conocidas prácticas ilegales o inadecuadas de abortos no autorizados de jóvenes mujeres que, ante la desesperación de un embarazo no deseado -por los motivos que fuere, abusos, violaciones, o situaciones de riesgo- pierdan su vida injustificadamente.

Graciela Catalán Álvarez