Gestionaron la compra de tachos de efedrina, la búsqueda de una droguería para importar cantidades al por mayor y la adquisición de una casa para montar un «laboratorio» de precursores químicos. En definitiva, formaron parte de la quinta de Ingeniero Maschwitz por la que su jefe, Juan Jesús Martínez Espinoza, fue condenado por contrabandear esa sustancia en suelas de zapatos hacia México. Y por eso mismo estos intermediarios, argentinos ellos, esperan desde el 29 de agosto de 2013 el juicio por la parte que les toca. Como pudo reconstruir el portal Encripdata, siempre sucede algo que hace suspenderlo. Una y otra vez en estos siete años. Y este año no es la excepción.

Una muestra de eso es que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 San Martín suspendió a principios de año el juicio por enésima vez a los intermediarios: Gerardo Marcial Martín, Carlos Edelmiro González, Marcelo Carlos Gabriel Lisanti y Marcial Omar Crespi.

Todo comenzó el 17 de julio de 2008 cuando el juez federal Federico Faggionatto Márquez le ordenó a la Policía Bonaerense allanar una quinta ubicada en el cruce de Echeverría y Güemes. Según la versión oficial, una persona denunció de manera anónima la existencia de una «cocina» de cocaína porque hasta la calle llegaban los olores de productos químicos, pero según algunos testigos del triple crimen de General Rodríguez, Sebastián Forza se jactaba de ser quien hizo caer el «laboratorio» de Ingeniero Maschwitz.

Otra posibilidad es que el sinuoso espía Julio César Pose le haya pasado el dato a la Administración de Control de Drogas (DEA) para que Estados Unidos cortara el negocio en la Argentina.

Como sea que haya sido, los policías arrestaron aquel 17 de julio de 2008 a nueve mexicanos, todos empleados de Martínez Espinoza, y el argentino Luis Marcelo Tarzia.

La Bonaerense encontró el 13 de agosto de 2008 los cuerpos de Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en General Rodríguez.

Martínez Espinoza cayó el 2 de octubre de 2008 en un hotel de Asunción con cinco kilos de efedrina dentro de un paquete de yerba. Paraguay finalmente lo extraditó el 14 de noviembre de ese año a la Argentina.

Tarzia falleció el 1 de enero de 2009 en la clínica Santa Isabel.

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó el 25 de marzo de 2010 al primer juez del caso, Faggionatto Márquez, pero por irregularidades en otro expediente.

El Tribunal Oral Federal 4 San Martín sentenció el 10 de agosto de 2012 a 14 años de prisión al mexicano Martínez Espinoza y también al argentino Mario Segovia aunque, por la cantidad que traficó como si fuera azúcar, lejos estuvo de ser el verdadero «rey de la efedrina».

El tercer juez del caso, Adrián González Charvay, finalmente procesó el 14 de septiembre de 2012 a estos cuatro intermediarios de Martínez Espinoza.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento el 6 de diciembre de 2012. Entonces, la fiscalía pidió el 7 de febrero de 2013 elevar el expediente a juicio y el magistrado resolvió en ese sentido el 29 de mayo de 2013.

Los jueces del tribunal Alejandro de Korvez, Marcelo Gonzalo Díaz Cabral y María Lucía Cassain recibieron el expediente el 29 de agosto de 2013, pero como ya habían sentenciado a Martínez Espinoza y Segovia, se excusaron para llevar adelante el nuevo juicio.

Eso demoró todo un año. Recién el 4 de noviembre de 2014 María Claudia Morgese Martín, Daniel Antonio Petrone y Héctor Omar Sagretti, los nuevos magistrados, convocaron a las partes al debate. Sin embargo, González, Lisanti y Crespi plantearon la incompentencia del tribunal.

Eso postergó todo otros dos años. El tribunal hizo lugar al pedido, pero el Tribunal Oral Federal 3 porteño no aceptó hacerse cargo, entonces la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que volviera al tribunal de origen y al final se quedó con el caso el 12 de diembre de 2016.

Pero tampoco comenzó entonces. En el medio, Matías Mancini y Esteban Carlos Rodríguez Eggers asumieron en 2018 y Nada Flores Vega, en 2019.

Ya con el expediente en la mano, Mancini, presidente del tribunal, convocó a las partes a la audiencia multipropósito para el 19 de febrero de 2020 con miras a abrir el debate el 22 de junio de ese año.

Sin embargo, al mes siguiente de la audiencia, el Gobierno anunció el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la Corte Suprema de Justicia decretó la feria extraordinaria por el coronavirus. Con la reanudación en forma remota, el juez Mancini por fin puso fecha: 1 de diciembre de 2020.

Pero, una vez más, todo quedó en la nada: el magistrado suspendió la audiencia por la «imposibilidad material de digitalizar los 144 cuerpos del expediente».

En el medio, Martín, a través de su abogado, pidió la suspensión del juicio en su contra por problemas de salud y también el sobreseimiento por el tiempo transcurrido desde los hechos imputados. El letrado sostuvo que su cliente atravesaba «diversas dolencias físicas de extrema complejidad, situación que impone su evaluación por los facultativos que este digno tribunal designe, con el objeto de establecer si su estado de salud físico y psíquico actual le permite afrontar un juicio oral en condiciones de defenderse».

La psiquiatra forense Ana María Arias, perito del Cuerpo Médico Forense, concluyó que Martín «presenta un debilitamiento de sus funciones psíquicas compatible con un síndrome orgánico cerebral bajo la forma clínica de deterioro cognitivo moderado por lo que en el aquí y ahora no se encuentra en condiciones de comprender las imputaciones que se le hacen como así también de prestar declaración y ser sometido a juicio».

El fiscal de juicio Carlos Cearras dictaminó a favor del imputado porque «no podría ejercer el derecho de defensa» y los jueces aceptaron suspender el proceso sobre Martín, pero no sobreseerlo y le ordenaron al abogado presentar informes semestrales sobre el estado de salud.

Este año, ya sin Martín en el banquillo de los acusados, los magistrados amagaron con iniciar el juicio, pero luego consideraron que era más urgente resolver los casos que tuvieran personas bajo prisión preventiva, por lo que al final volvieron a postergarlo.

Así, las vueltas de la justicia hicieron que Segovia ya esté en condiciones de solicitar salidas transitorias o incluso la libertad asistida mientras que Martín, González, Lisanti y Crespi no saben siquiera si alguna vez deberán sentarse en el banquillo de los acusados.