La jueza María Servini le prohibió la salida del país al abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, imputado en una causa por la presunta persecución a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, y convocado a prestar declaración indagatoria para el próximo 26 de mayo.

La jueza resolvió así un pedido del abogado de De Sousa, Carlos Alberto Beraldi, quien lleva adelante la querella contra la denominada “mesa judicial” del gobierno de Cambiemos.

“En este expediente, basado en las pruebas existentes e incorporadas al proceso, se alcanzó el estado de sospecha necesario como para considerar que Fabián Rodríguez Simón participó en la comisión de un delito, con lo cual encuentro que el presupuesto de verosimilitud en el derecho se encuentra acreditado”, sostuvo la jueza, al justificar la medida cautelar contra Rodríguez Simón.

Servini explicó que existe “peligro de fuga”, uno de los riesgos procesales que ameritan una medida cautelar como la adoptada con la prohibición de salida del país, ya que “durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente en nuestro país, Rodríguez Simón habría podido viajar al exterior, más específicamente a la República Oriental del Uruguay, aún con las restricciones que en ese momento estaban vigentes en ambos países, por motivos de trabajo, lo cual demostraría que podría trabajar y tendría arraigo fuera del territorio nacional”.

Existe “ un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente”, añadió la magistrada.

“En este expediente se investigan diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional -encabezado por el entonces presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri- o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”, describió la jueza.

Servini atribuyó a Rodríguez Simón los mismos hechos por los que lo llamó a indagatoria: partícipe de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto) "en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”.

Según la jueza, “en esas reuniones Rodríguez Simón se jactaba de representar o hablar en nombre del entonces Presidente de la Nación: se decía representante del Presidente Macri o del Gobierno Nacional”.

Más aún, “una de las reuniones con Rodríguez Simón se desarrolló en la Casa Rosada, en presencia del entonces Vice Jefe de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, quien tuvo que interceder para bajarle el tono a las manifestaciones realizadas por Rodríguez Simón”.

Servini sólo comunicó la prohibición de salida del país a las autoridades migratorias, pero consideró que no era necesario retenerle el pasaporte al abogado.

Además, rechazó un planteo de Beraldi para que le dictara a Rodríguez Simón la inhibición general de bienes.