La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, que eximirá de ese tributo a más de un millón de trabajadores, lo que en principio parece ser una gran noticia. La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo político (sólo se abstuvieron tres diputados de Juntos por el Cambio), por lo que no debería encontrar demasiados obstáculos para convertirse en ley en el Senado.

La iniciativa establece que los asalariados con sueldos brutos de hasta $150.000 y jubilados que cobren el equivalente de hasta ocho jubilaciones mínimas quedaran eximidos del impuesto a las Ganancias. El gobierno asegura que la medida servirá para recomponer el poder adquisitivo del salario (que se viene reduciendo de forma violenta desde mediados de 2018) y promover la recuperación del consumo.

El mandato que el presidente Alberto Fernández obtuvo de las urnas es el de sacar a la Argentina de la dura crisis económica en la que cayó a partir de 2018, para posteriormente romper con el estancamiento que arrastra desde el 2011. Por el contrario, pandemia mediante, la Argentina se hunde cada vez más.

En 2020, como consecuencia del coronavirus que afectó a todos los países del mundo, pero también como resultado de los severos desmanejos económicos, el PBI argentino cayó un 10% (por encima del promedio regional y mundial). Según las últimas cifras del INDEC, el desempleo se ubicó en el 11% al cierre del año. En este marco, el Frente de Todos está ávido por mostrar señales positivas en materia económica. Y en un contexto en el cual hay poco para mostrar, la reforma del impuesto a las Ganancias aparece como una gota de agua en medio del desierto.

Probablemente, Sergio Massa sea uno de los grandes ganadores políticos, ya que logró posicionarse como el gran promotor de esta iniciativa. El presidente de la Cámara de Diputados hace lo posible por preservarse dentro de la dinámica de desgaste constante que existe en el oficialismo. Prefiere aparecer para ser el mensajero de las (pocas) buenas noticias que tiene para dar el gobierno y tomar distancia de las dificultades y los errores de gestión. Algunos medios se refirieron incluso al “proyecto de Sergio Massa”.

Respecto a la medida en sí, cualquier alivio tributario es siempre positivo, sobre todo en un contexto como el actual, con la caída sostenida del ingreso de los asalariados. Sin embargo, mientras la Argentina siga sin un plan económico consistente, este tipo de iniciativas implicará únicamente un alivio transitorio. Se trata de una visión de corto plazo (mucho tiene que ver el objetivo electoral del gobierno) y de equilibrio parcial.

Los cambios en el impuesto a las ganancias representan una reducción en la recaudación en torno a los 48.900 millones de pesos, que deberán financiarse a través de otros mecanismos: aumentos de otros impuestos (Ingresos Brutos están volviendo a subir en las provincias) y/o emisión monetaria (mayor inflación).

La media sanción es un alivio en el sector privado, que se carga sobre los hombros del sector privado.

Otro de los tributos que subiría para compensar esta merma en el presupuesto nacional es el impuesto a las Ganancias para las empresas, lo cual generará un mayor deterioro de la competitividad y un obstáculo para la creación de nuevos empleos. La reducción de Ganancias para los asalariados beneficia al sector formal de la economía, aquellos que ya están dentro del sistema, pero en la Argentina gran parte de los trabajadores se encuentra en la informalidad sin que se faciliten las condiciones para que accedan a empleos de calidad. De nuevo, un alivio en el sector privado, que se carga sobre los hombros del sector privado.

Por eso, el alivio en términos impositivos es solo en apariencia. Además de la suba de Ingresos Brutos y el impuesto a las Ganancias para empresas, que termina afectado a la creación de empleo; el peor de los impuestos sigue sin ser atacado. El régimen de alta inflación (el impuesto más duro en términos distributivos por su carácter regresivo) no desacelera a la velocidad que prometía el gobierno.

De hecho, los analistas económicos pronostican que la inflación de marzo se ubicara nuevamente en torno al 4%, por lo que el objetivo del ministro Martín Guzmán de una inflación anual del 29% ya parece ser inalcanzable, a solo tres meses del 2020. Con cada salto inflacionario, el salario real de los trabajadores (de todos ellos, formales e informales, de altos o bajos ingresos) cae. En resumen, la buena noticia esconde un problema mayor que persiste y sigue sin resolverse, ni siquiera abordarse.