Una interpelación parlamentaria mantenida casi en secreto y nuevas revelaciones de periodistas suizos ponen en dificultades al gobierno federal y a la juez de Ginebra, Christine Junod, imperturbables en el rechazo a que Abolghasem Mesbahi, el arrepentido iraní actualmente residente en Alemania, satisfaga su oferta de concurrir a Ginebra y localice el banco a “200 metros del Hotel du Rhône” de esta ciudad, donde se encontraría la cuenta del régimen integrista imperante en Teheran, desde la cual se financiaron las 400 operaciones del terrorismo de los mollahs en los últimos años, cuenta la que también habría sido utilizada para pagarle 10 millones de dólares al ex-presidente Menem, presuntamente en relación con los atentados contra la Embajada de Israel y la Amia en Buenos Aires. El ministro argentino de justicia, Gustavo Beliz, ha pedido una audiencia con su homologa suiza, Ruth Metzler para el próximo 11 de noviembre en Berna, con el objeto de desbloquear el caso.
Agathe Duparc, en el semanario “L´Hebdo”, y Frank Garbely, de la televisión, especialistas en asuntos de corrupción, han revelado estos días nuevos datos sobre el “affaire” Menem. Por un lado la revista destapa el contenido de una interpelación parlamentaria presentada por escrito el pasado 2 de octubre por el diputado federal por Ginebra, Christian Grobet, pidiendo la intervención del gobierno federal para que garantice el cumplimiento de los exhortos enviados desde la Argentina que solicitan sin resultado desde hace dos años investigar a Menem, y que la juez Junod convoque a Ginebra al “testigo C”, y se establezca la verdad sobre la supuesta cuenta suiza de la dictadura iraní para financiar sus acciones en el extranjero.
Por otro, el realizador de la cadena estatal en lengua francesa, añade una nueva piedra al edificio que fuera mostrado en su anterior emisión del pasado 15 de junio. Tras haber sustentado con documentos judiciales la acusación del “testigo C”, que la policía de Ginebra concertó un pacto con él para permitirle actuar como agente de los servicios de inteligencia de Iran en Suiza durante los años 80, y que esa misma policía abrigó un topo que informaba por otros canales a la central de informaciones en Teheran, Garbely agrega otro elemento inquietante. Expone pruebas documentales que Hamid Nagaschian, el alto cargo iraní señalado por el “testigo C”, como el encargado de cumplir la orden del Consejo de la Revolución de atentar en Buenos Aires (imputado en el sumario argentino por el Ministerio Público, contra quien el juez Galeano no ha librado orden de captura) fue tolerado en Suiza durante los años 80 en sus actividades de espionaje y trafico de armas y drogas. Nagashian alternó así sus labores como agente irani que negoció en Suiza con las autoridades estadounidenses y europeas las tratativas del Irangate y las de la liberación de los rehenes occidentales en la Libano (trama en la que asimismo cumplió tareas el “testigo C”) junto con su desempeño en funciones diplomáticas oficiales de Iran en la embajada de su país en Berna, amen de operar libremente desde una sociedad en Zurich, “Hamid Trading Ltd”. La especialidad de Nagaschian era comprar armas pagando con drogas.
El quilombo suizo desatado por Carlos Saúl Menem
Tras la detención preventiva de Carlos Menem el 7 de junio de 2001, los bancos suizos, obligados por la ley antiblanqueo de 1998 a denunciar cuentas sospechosas, comunicaron inmediatamente a la justicia su cuenta en la UBS de Ginebra, y la de su secretario, Ramón Hernández en un banco de Zurich bajo cobertura de la sociedad instrumental de Liechtenstein “The Spark Foundation”. Saldos, alrededor de 7 millones de dólares.
Enterados varios jueces argentinos de la existencia de esas cuentas, enviaron comisiones rogatorias para que se investigara a Menem y varios de sus allegados, con la intención manifiesta que, además, se notificaran esas cuentas para incorporarlas como pruebas documentales en los sumarios que se ventilaban en Buenos Aires.
Ante estas circunstancias la Oficina Federal de Policía en Berna otorgó la competencia a Ginebra como Cantón director de los procedimientos. Se abrió un sumario penal nacional suizo por presunto blanqueo de dinero contra “Menem y otros” en donde entraron las dos cuentas. En paralelo se inició un expediente de interayuda judicial con la Argentina para responder a las comisiones rogatorias provenientes de cinco jueces federales de Buenos Aires (Cavallo -reemplazado por Ballestero-, Servini de Cubría, Urso –suplantado por Speroni-, Oyarbide y Galeano).
Tras cambiar dos veces de instructor, quedó a cargo de los dos procedimientos la juez Christine Junod, una magistrada con 13 años de experiencia, que fue presidenta del colegiado de los jueces de instrucción de Ginebra durante algún tiempo (actualmente no lo es más), casada con un alto cargo de la policía local, candidata al puesto de Procurador General de Ginebra en el 2002 por el Partido Liberal (centro-derecha), quien perdió la elección popular para ocupar la cabeza de la fiscalía ante el actual Procurador Daniel Zappelli, sostenido por el Partido Radical (más de centro-derecha).
Descartando los exhortos del entonces juez federal Gabriel Cavallo, que investigaba a Kohan, y de la juez Servini de Cubria, que perseguía a Domingo Cavallo, los cuales abandonaron rápidamente insistir en sus requerimientos a Suiza, otros tres magistrados despacharon comisiones rogatorias sucesivas abundando con información para fundamentar sus peticiones. Urso y luego su reemplazante Speroni, enviaron suplicatorios a Suiza el 9 de agosto, 21 de agosto, 19 y 25 de septiembre de 2001, 5 y 13 de junio y 17 de octubre y 11 de noviembre de 2002, pidiendo investigar a Menem, Monzer Al Kassar y muchos más por trafico de armas. Subrayando el imperativo de verificar en Ginebra las alegaciones del “testigo C” contra Menem, acusado de cobrar 10 millones de dólares del régimen iraní, Galeano hizo lo suyo el 6 de diciembre de 2001, 25 de enero, 22 de mayo, 21 de agosto y 29 de agosto de 2002, documento este último entregado en mano a las autoridades suizas el 11 de septiembre de 2002 por el fiscal de la causa AMIA, Eamon Mullen, en una reunión con funcionarios de la justicia federal y magistrados antiterroristas, en el cual estuvo ausente la juez competente, Christine Junod. Por su lado, el 2 de agosto de 2002, Oyarbide mandó una comisión rogatoria solicitando investigar a Menem por cuatro delitos de corrupción (violación de los deberes de funcionario público, cohecho y/o trafico de influencias, enriquecimiento ilícito y encubrimiento agravado), y después un complemento de comisión rogatoria el 29 de ese mismo mes de 2002, haciendo incapié en el reportaje de la CNN de pocas semanas antes sobre Carlos Menem, en el cual éste asumió tener una cuenta en Suiza.
Entre tanto, el 27 de agosto de 2002, la Oficina Federal de Justicia en Berna emitió un comunicado en las tres lenguas oficiales helvéticas, reproducido en castellano a través de la embajada suiza en Buenos Aires, indicando, en sustancia, que las rogatorias recibidas estaban mal hechas o adolencian de carencias y/o de errores, invitando a los magistrados argentinos concernidos a una reunión en Berna para el siguiente mes de octubre, donde asistiría la juez Junod con el objeto de disipar dudas y compaginar las exigencias suizas con las necesidades argentinas. El encuentro se postergó para el 7 y 8 de noviembre de 2002 pero ningún magistrado argentino acudió a la cita.
El 28 de octubre de 2002, el portavoz de la Oficina Federal de Justicia, Folco Galli, emitió declaraciones verbales recogidas por algunos medios señalando que la juez Junod había admitido a tramite las rogatorias argentinas, sin dar ninguna precisión esclarecedora por escrito. En Suiza, solo el portal de internet paraoficial Swissinfo hizo circular el 6 de noviembre un artículo en italiano de 20 líneas, probablemente inspirado en el contenido de dos escuetas notas diplomáticas de la Oficina Federal de Justicia a la Embajada argentina en Berna del 8 de octubre y 5 de noviembre de 2002, vagas en su formulación, desprovistas de elementos concretos sobre el alcance de la decisión, dejando flotar la ambivalencia en un tema criminal grave que no debería dejar espacio a ninguna ambigüedad. Hasta el día de hoy los jueces argentinos involucrados no recibieron las correspondientes notificaciones oficiales directas de magistrado a magistrado que corresponden, especificándoles qué, como y por qué Suiza resolvió lo que aparentemente resolvió, una simplificación que encubre la voluntad de no satisfacer a las exigencias argentinas, como queda palmariamente demostrado a lo largo de este despelote judicial que ya lleva dos años de infructuosas e inconducentes gestiones. No obstante, se supuso que la admisibilidad suiza abarcaba todos los delitos y extremos cursados desde Buenos Aires, lo cual llevó a que “Clarín” anticipara que Junod “daría informes sobre las cuentas de Menem (15-10-2002) y que “La Nación” sostuviera que Suiza “aceptó investigar a Menem (7-11-2002).
Recién el 30 de enero de 2003 pudo saberse gracias a un cable de la agencia AFP fechado en Ginebra, y a una entrevista con la juez Junod aparecida ese día en la revista argentina “Veintitres”, que en realidad la magistrada admitía la cooperación con Argentina “exclusivamente” por el hipotético nexo de Menem con el atentado de la AMIA, tomando aspectos parciales de las rogatorias de Galeano y Oyarbide, rechazando de plano investigar a Menem por los delitos vinculados al trafico de armas a Ecuador y Croacia (Speroni), y dejando de costado las infracciones de corrupción esgrimidas por Oyarbide.
No hay que ser jurista para deducir que se trata de una astucia que objetivamente envía la diligencia a una vía muerta porque si no se encuentra una relación bancaria entre las cuentas de Menem y Hernández denunciadas por los bancos y la voladura de la AMIA, el procedimiento de colaboración judicial con la Argentina va al archivo. De la esperada notificación de las cuentas de Menem y Hernández a la Argentina habría por tanto que olvidarse.
Estas presunciones se agravaron el 11 de septiembre de 2003 por un cable de AFP desde Ginebra, reproduciendo revelaciones del diario católico de Friburgo “La Liberté”, según un reportaje de la agencia privada de noticias suiza “Infosud” asimismo publicado al día siguiente por la “Tribune de Genève”, donde la juez Junod reconoció lo que anticipara la revista suiza “L’Hebdo” el 10 de julio de 2003, esto es que había desistido de traer a Ginebra al “testigo C” a identificar el banco donde supuestamente Menem cobró los 10 millones de dólares que habría pagado Iran. El 16 de septiembre de 2003, la noticia mereció una cobertura especial de la agencia oficial argentina Telam, aprovechando la visita a Ginebra de su prosecretario, Horacio Raña.
Las publicaciones helvéticas antes citadas, y la propia televisión suiza en una emisión del 15 de junio de 2003, adelantaron que el testigo C -según documentos judiciales suizos relativos al asesinato en las afueras de Ginebra el 24 de abril de 1990 del opositor irani, Kazem Radjavi- ya había testimoniado en Suiza por ese homicidio y que sus declaraciones eran creíbles. Esas pruebas documentales traslucen la versión de este ex-agente de los servicios de inteligencia iraní, caído en desgracia en 1988, quien siguió viviendo en Iran hasta que en 1996 amigos que continuaban trabajando en los organismos de seguridad le advirtieron que lo matarían, lo cual lo empujó a huir por vía terrestre a Pakistan. Desde allí, siempre de acuerdo con “C”, contactó por teléfono un amigo iraní refugiado en Bruselas, quien lo conectó en Paris con el ex-presidente iraní Abol Hassan Bani Sadr, el que finalmente le consiguió el asilo en Alemania. Cuando llegó allí “C” aportó a las autoridades alemanas confesiones sobre tres temas. 1. Matanza de la cúpula de la oposión kurda-iraní en el restaurante Mykonos de Berlin en septiembre de 1992, causando cuatro muertos 2. Pacto secreto con la policía de Ginebra para operar en los años 80 cuando se desempeñaba como agente en Europa, y existencia de una mujer en esa policía que paralelamente oficiaba de informante en favor de los servicios de inteligencia de Iran (gracias a él se llegó a los nombres de las dos personas incriminadas, Leon Jové era su oficial “tratante” y la “topo”, Françoise Spindler). 3. Pago de 10 millones de dólares en beneficio de Menem desde una cuenta en Ginebra donde había 200 millones de dólares del régimen iraní para financiar acciones terroristas, cuenta existente en un banco “a 200 metros del Hotel du Rhône”, que “C” dijo que podía localizar si venía a Ginebra porque no recordaba con exactitud su ubicación. De momento, la justicia, tanto en Alemania como en Suiza, han comprobado que “C” ha dicho la verdad en los dos primeros puntos. Falta dilucidar lo relativo al tercero que atañe a Menem.
Las publicaciones suizas ya mencionadas, más el portal francés de Internet www.geopolitique.com evacuaron dos hipótesis ante la juez Junod para intentar explicar su negativa a hacer comparecer a “C” en Ginebra, las cuales fueron desmentidas por ella en alguna de esas notas y por el portavoz de la Oficina Federal de Policía en Berna, Folco Galli, un aspecto resumido además en un cable de la agencia oficial suiza ATS, del 25 de septiembre de 2003. La primera hipótesis expone que sería insoportable para Suiza descubrir en la actualidad que su sistema bancario abrigó la cuenta mediante la cual Iran financió unas 400 operaciones terroristas durante los años 80 y 90, cuando decenas de dirigentes occidentales se gargarizan desde el 11 de septiembre de 2001 con la urgencia de luchar contra el terrorismo internacional y están llamados por el Consejo de Seguridad de la ONU a impedir su financiamiento. La segunda alude a que por ser esposa de un alto responsable de la policía de Ginebra, la juez Junod no tendría interés en traer a declarar a “C”, quien ha hecho público que se concertó con dicha policía para sus actividades de espionaje y terrorismo, y que en esa misma policía hubo un “topo” al servicio de Iran.
Tal vez acicateada por un reclamo cursado por el juez Galeano el 11 de septiembre de 2003, pidiéndole respuesta a sus comisiones rogatorias, y quizá preocupada por el anunció efectuado en medios argentinos confirmado por el embajador argentino en Berna, Guillermo González, que el gobierno argentino va a nombrar un abogado suizo para personarse en la causa, ha trascendido que la juez Junod va a suscribir, “antes que termine el otoño”, un documento que de alguna manera respondería a los exhortos argentinos de manera directa, o sea de juez a juez, algo que hasta ahora nunca hizo.
Entre las fundamentaciones que se manejan en Suiza para justificar la negativa de Junod figura el principio de la doble incriminación, es decir que uno de los principales delitos invocados por la Argentina, el del enriquecimiento ilícito, no se haya inscripto en el Código Penal suizo y por ende la Confederación no puede otorgar la cooperación. Sin embargo, es de rigor saber al respecto que existe abundante jurisprudencia del Tribunal Federal de Suiza, equivalente a la Corte Suprema de Argentina, dejando por sentado que el juez helvético no está obligado a seguir a la letra la tipificación del juez extranjero y que sobre la base de los hechos que le son puestos en conocimiento desde el exterior puede caratular de acuerdo al Código Suizo, lo cual permitiría canalizar la demanda argentina a través del delito de corrupción que podría reemplazar al enriquecimiento ilícito, según el artículo 322, titulo 19 del Código Penal de Suiza.
Juan Gasparini
Especial desde Ginebra
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Recuadro
¿QUIÉN ES EL TESTIGO C?
Nacido el 17 de diciembre de 1957 en Teheran, Abolghasem Mesbahi estudió teología en la celebre universidad de Quom. En febrero de 1979, a punto de convertirse en imam, lo pescó la revolución islámica liderada por el ayatolla Jomeini, quien lo designó jefe del campo de detención de Dschamschidieh, cerca de Teheran, reservado para los responsables militares de la dictadura depuesta del Sha Reza Palavi. Pero aquella función fue temporaria. En agosto de 1979, Mesbahi es nombrado número dos de la embajada en París, a cargo de las tareas de inteligencia. Expulsado de Francia en 1984 por su labor de espionaje, retorna pocas semanas después a Alemania en sus nuevas funciones de coordinador de los servicios secretos en Europa Occidental, bajo el paraguas del primer ministro, Hussein Musawi. Para dotarse de una cobertura e infiltrar a los sectores de la oposición a la dictadura, Mesbahi se inscribe en la Universidad de Ginebra para hacer un doctorado en ciencias políticas con el renombrado profesor Jean Ziegler, actual relator especial de la ONU para la alimentación. En virtud de lo ocurrido en Francia y del tenor de sus actividades, en uno de sus pasajes por el aeropuerto de Ginebra a principio de 1987 es interrogado por Leon Jobé, oficial de policía, con quien forja un acuerdo: a cambio que lo dejen circular libremente, promete por escrito que no emprendería actos terroristas en Suiza.
La VEVAK
Entre septiembre y octobre de 1985, la cúpula de los mollah había convocado a unos 40 de sus dirigentes para poner en marcha la VEVAK, equivalente de la CIA en Iran. Mesbahi participa de la comisión de fundación y se enrola en una de las dos corrientes que se disputan el control, la que plantea limitar las diligencias a la colecta y análisis de información. Sin embargo, sus adversarios vinculados a los Pasdaran (guardianes de la Revolución) imponen una estrategia que abarca también la ejecución de opositores en el exterior y perpetrar atentados, ubicando en la jefatura a Ali Fallahijan, quien con el tiempo se convertirá en Ministro de los Servicios de Información y Asuntos de Seguridad, famoso a raíz los pedidos de captura internacional lanzados en su contra desde Alemania y Argentina por haber presuntamente ordenado las dos operaciones de castigo más espectaculares del régimen: liquidar en Berlín a la conducción de los independentistas kurdos de Iran, el 17 de septiembre de 1992, y aniquilar la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), el 18 de julio de 1994 (86 muertos y 120 heridos).
Mesbahi cuenta que abandona la VEVAK en febrero de 1986 y consigue un puesto en el ministerio de relaciones exteriores, de donde en marzo de 1987 lo rescata el presidente del parlamento, Hashemi Rafsanjani, quien lo mandata como negociador con Alemania, Francia y Estados Unidos para la liberación de rehenes en el Líbano, secuestros instigados por Iran y realizados por el Hezbolla. La mayoría de las tratativas se llevan a cabo desde Ginebra, con la anuencia del policía Jobé y el consentimiento de Rafsanjani. Pretende que sus interlocutores no eran otros que Mitterrand y Chirac en Francia, Bush (padre) Reagan y Carter en Estados Unidos, Vogel, Koshnik y Eppler en Alemania. Uno de los hoteles que mas usaba para pernoctar en sus desplazamientos y en el que celebraba encuentros fue el Hotel du Rhône de Ginebra, y la cuenta para pagar sus gastos e informantes era la misma de la que habría cobrado Menem.
Inesperadamente los vientos cambian para Mesbahi en noviembre de 1988. Relata que lo detienen cuando vuelve de una misión ante el ex-presidente James Carter, de quien trae dos cartas, una para Jomeini y otra para Rafsanjani. Dice que es acusado de traición sin proceso judicial alguno. Lo encarcelan 120 días y luego lo asignan a residencia con su familia, mujer e hijos. Le conceden la liberación el 20 de marzo de 1989 y puede volcarse a la actividad privada y a la enseñanza en la Universidad de Teheran. El VEVAK lo controla y le impide retornar a funciones oficiales, tolerando no obstante que siga frecuentando algunos de sus conocidos del aparato del Estado. En febrero de 1996, repentinamente, uno de ellos le avisa que, “¡admitió tu ejecución!”. ¿Quien?, pregunta. Respuesta: Ali Khamenei, entonces jefe del “Comité para asuntos especiales” que aprueba los asesinatos en el extranjero, poco más tarde “guía supremo de la Revolución”, sucesor de Jomeini. El 6 de abril de 1996 es la fecha que Mesbahi escapa por la frontera con Pakistan. Tarda 12 dias en llegar a la ciudad de Koweite, de donde telefonea a su contacto de Ginebra, Leon Jobé, para darle una noticia preocupante: hay una mujer topo en la policía que trabaja para Iran. El 22 de abril siguiente llama a un conocido en Alemania que lo conecta con el ex-presidente de Iran, Abol Hassan Bani Sadr, exilado en París tras haber sido apartado por un “putch” interno digitado por Jomeini en 1981, quien le consigue que lo acojan como refugiado en Alemania.
Los ragos de Tansu Ciller
Ante la fiscalía de Karlsruhe, en Alemania, Mesbahi efectua dos declaraciones en septiembre y diciembre de 1996, cuyo contenido es trasmitido a las autoridades judiciales helvéticas. Detalla que por dos vías distintas, un antiguo colega en sus aventuras de Francia, Mahmoud Rajabi, y Said Emani, un compañero de viajes en misiones a Suiza, supo y vio una foto correspondiente a una mujer policía de Ginebra, que colaboraba con Iran, la cual habría aportado indicios que permitieron el asesinato en Ginebra, de Kazem Radjavi, un profesor universitario irani, opositor a la dictadura integrista, abatido el 24 de abril de 1990. El “testigo C” anticipó que el retrato de la informante se asemejaba al de la ministra de relaciones exteriores turca, Tansu Ciller, y cuando le mostraron varias instantaneas de mujeres que podrían ser la verdadera topo no dudo en identificar una de Françoise Spindler, oficial de policía en Ginebra, secretaria y amante del jefe de la policía local en aquella fecha, Jean Robert Warynsky.
Alertada Carla del Ponte en febrero de 1997, para esa fecha Procuradora General de Suiza antes de pasar a cumplir similares funciones ante el Tribunal para la ex-Yugoslavia y Ruanda, se puso a indagar. Descubrió que en 1994, afectada a las oficinas de seguridad del aeropuerto de Ginebra, Françoise Spindler asumió el caso de un candidato al asilo en Suiza de origen iraní, Fereidoun Ilkhan Bakhtiari, con quien terminó contrayendo matrimonio. Inmediatamente las escuchas telefónicas pusieron de manifiesto que la intersada había adelantado su demisión a la policía para septiembre de 1997, con el plan de ir a instalarse con su marido a Iran, a donde habían ido de visita en 1996. Detenida con su esposo en junio de 1997 durante dos días, finalmente se le propuso que se quedara en Ginebra, lo que ella aceptó retirando su propuesta de renuncia. En el año 2000 le dictaron una falta de mérito a pesar que la justicia no abandono la convicción que lo relatado por el “testigo C” fue cierto y existió un “topo” en Ginebra que trabajó para los servicios iranies. Hoy ella continua en la policía, donde ha sido promocionada. En cambio, León Jobé, fue separado de la institución.
El restaurante Mykonos
La operación que acabó con Kazem Radjavi el 24 de abril de 1990, en las afueras de Ginebra, fue llevada a cabo por un equipo de la VEVAK, cuyos integrantes fueron identificados por la justicia suiza, quienes lograron huir munidos con pasaportes iranies falsos. El “testigo C” contribuyó con sus declaraciones completando el currículo de varios homicidas y añadiendo que la decisión de eliminar a Radjavi había sido tomada por Rafsandjani cuando asumiera la presidencia de la República, quien delegara su ejecución en Ali Fallahijan, su ministro de información y seguridad.
La misma cadena de mando decidió despachar a la dirección del Partido Democratico del Kurdistan de Iran, invitada a una reunión de la Internacional Socialista en Berlin, del 14 al 18 de septiembre de 1992. El escarmiento fue anunciado pocos días antes en la televisión iraní por Ali Fallahijan en un sulfuroso discurso. A las 22,50 horas de aquel 17 de septiembre, fueron muertos a balazos en el restaurante Mykonos de Berlin los kurdos iranies Sadegh Charafkandi, Fattah Abdoli, Homayoun Ardalan y Mahamadpour Dehkordi, dejando herido a Tabib Ghaffari, administrador del restaurante. Las impresiones digitales en una de las armas abandonadas en el lugar del crímen permitieron identificar y detener a uno de los autores, el libanes Abbas Rhayel, abriendo la pista para capturar a otro libanes, Youssef Amin, cuyas confesiones condujeron a la arrestación del irani Kazem Darabi. El juicio tuvo sentencia definitiva el 10 de abril de 1997. Concluyó con la identificación del resto del grupo, pronunciando duras condenas. El “testigo C” fue una pieza clave para coronar la reconstrucción de los bárbaros acontecimientos. La culpabilidad de Ali Fallahijan, establecida por el tribunal como quien teledirigió la operación desde Teheran, significó la primera sanción penal por hechos de sangre en Occidente tomada contra el Estado de Iran.