Los  políticos viven afectados por un fenómeno inherente a su profesión. La historia suele tener sus propias ideas. Las causas y las consecuencias no siempre se concatenan de manera previsible. Los hechos pueden tomar un curso inesperado. Durante los procesos electorales esa incertidumbre se vuelve más exasperante. Para conjurarla, muchos dirigentes confían en ingenierías que ordenen el mercado de los votos.

Confían en que, estructurando la oferta, modelarán la demanda y producirán los resultados esperados. El oficialismo está hoy abocado a esa tarea. Amparado en el rigor de la pandemia, que ofrece una coartada inestimable, pretende modificar las reglas de la competencia para mejorar las chances de ganar. Sobre todo en el territorio decisivo: el conurbano bonaerense. Allí, donde la pobreza alcanzó magnitudes africanas sumergiendo a más del 50% de la población, reinan Cristina Kirchner y su grupo.

Para construir un resultado favorable, los alquimistas del Frente de Todos pretenden intervenir en el cuándo y en el cómo de los próximos comicios. Es decir: el cronograma y el menú de opciones disponibles para los votantes. La principal oposición, Juntos por el Cambio, debe definir una estrategia frente a las alteraciones que pretende el Gobierno. Es una decisión dificultosa. En esa fuerza conviven varias posiciones. Y no existe un liderazgo inapelable capaz de sintetizarlas. Tampoco hay un consenso respecto del nivel de conflicto al que conviene llevar la discusión alrededor del sistema electoral.

El primer problema que se debe resolver es el timing del torneo. En qué momento ir a votar. El oficialismo estableció su posición en esa celada que Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y Sergio Massa tendieron a dos opositores célebres por su candor, como Cristian Ritondo y Jorge Macri. Los invitaron a una conversación innecesaria sobre la ejecución de un fondo especial para el conurbano, con el que Massa sedujo al líder del massismo crítico, Ritondo: ya se había aprobado en el presupuesto del año pasado. También se hablaría de otro tema “de la gente”: la eliminación del límite a las reelecciones que existe en la provincia de Buenos Aires. En realidad, les terminaron planteando la necesidad de postergar las elecciones. Y lo dejaron trascender. Curioso homenaje del federalista Alberto Fernández al unitarismo bonaerense.

En el Frente de Todos entienden que les conviene demorar las elecciones todo lo posible. Además del placer de Fernández por procrastinar, hay otros motivos. Por un lado, la economía tarda en ordenarse mucho más de lo previsto. En especial la inflación. Por otro, la manera principal de conseguir votos consiste en devolver a la gente cuanto antes la sensación de normalidad. Algo que depende de la campaña de vacunación, que hasta ahora es un fracaso. Reducción de la inflación e inmunización contra el coronavirus son dos objetivos que requieren más tiempo que el establecido. El calendario electoral prevé que las primarias se realicen el 8 de agosto, y las generales, el 24 de octubre.

Juntos por el Cambio emitió una declaración anteayer, al cabo de una reunión de 17 dirigentes, en la que defendió la estabilidad de la normativa actual. La declaración advierte que todavía no hubo una propuesta formal del oficialismo. Y sugiere que cualquier negociación debe contemplar una “reforma estructural”. ¿Modificar la normativa para el largo plazo? ¿Adoptar la boleta única? Todo y nada. Fue una bocanada de humo lanzada por Martín Lousteau, para dejar abiertas cien jugadas en la partida de ajedrez con el oficialismo. Mauricio Macri, que el día anterior había realizado una ronda de consultas, también dejó en el aire la posición del grupo: “Esperemos a que nos digan qué quieren. Si es algo razonable, no tendremos formas de rechazarlo”.

La imprecisión opositora se debe a que allí aún no se ha logrado un consenso sobre lo que conviene hacer. La posición de la UCR, expresada sobre todo por Alfredo Cornejo, es aferrarse a las pautas actuales, al menos para que el oficialismo pague un costo mayor con el cambio. Muchos radicales están entusiasmados por la movilización de las últimas internas y creen que es el momento para hacer valer ese dinamismo en las negociaciones con los socios. La negativa a una postergación se basa, en muchos casos, en una coincidencia con el Gobierno: el paso del tiempo mejorará el clima económico y social. La inflación cederá un poco por el atraso cambiario y con el transcurso de los meses habrá más gente vacunada. En agosto esas tendencias serán todavía incipientes. Por eso es mejor ese mes para sacar la primera foto. Así razonan los que se abrazan al calendario establecido.

La Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, observa otra perspectiva. Su estrategia se sostiene en varias premisas. Una muy general, clave para entender la conducta de Carrió en estos tiempos, es que la democracia corre el riesgo de que un desencanto generalizado provoque un colapso que abra puertas a lo desconocido. Por lo tanto, en la medida que se pueda, hay que eludir el conflicto. Los demás criterios son pragmáticos. 1) Juntos por el Cambio necesita más tiempo para ordenar su situación interna, si se tiene en cuenta que las listas deben estar oficializadas el 19 de junio. 2) La vacunación beneficia más a la oposición que al oficialismo, por razones de composición social y etaria: el Frente de Todos tiene más capacidad de tracción y una base electoral más joven. 3) No es tan seguro que con el tiempo mejorarán las condiciones económicas.

Hay una segunda dimensión en la esgrima con el Gobierno. Ya no es cuándo, sino cómo organizar la secuencia electoral. La pista la ofreció Massa, que es un gran creador de martingalas. En 2009 inventó las célebres candidaturas testimoniales. Fueron más originales que eficaces. Francisco de Narváez le hizo conocer a Néstor Kirchner la primera derrota de su vida. Que fue también la última. Esta vez de la galera de Massa emerge otro prodigio: la suspensión de las primarias. El propósito de superficie ya fue expuesto: se trata de eliminar la dinámica catastrófica que puede desencadenarse de un fracaso en esa gran encuesta preliminar.

Sin embargo, el beneficio más valioso que puede extraer el oficialismo si no se realizan esas internas simultáneas es evitar una polarización en las elecciones generales de octubre. Para entender el razonamiento sobre el que se sostiene esta táctica hay que detectar que el Frente de Todos confía en el caudal de votos que le pueden sustraer a Juntos por el Cambio otras opciones opositoras, más pequeñas. Las más importantes son dos: el republicanismo disidente de Vamos, liderado por José Luis Espert y Ricardo López Murphy, y el peronismo disidente de Florencio Randazzo.

En varios rincones de la política se sospecha que desde el kirchnerismo no solo se celebra la existencia de esas alternativas, sino que se las estimula con lo que el yrigoyeniano De Vido llamaría “efectividades conducentes”. El liberal Carlos Maslatón acusó a Espert de recibir “una paga del peronismo”. Esa grave acusación hace juego con habladurías cada vez más insistentes. Una de ellas sostiene que ya en 2019 la carrera de Espert fue sostenida con aportes del formoseño Gildo Insfrán, cuyas inclinaciones neoliberales son indisimulables, y también por el fallecido Jorge Brito, desde el Banco Macro. El nexo en ese auxilio habría sido Massa. Este año esa proximidad estaría indicada por el consultor Daniel Ivoskus, que trabajó hasta hace pocas semanas en las oficinas que utiliza Massa en Puerto Madero.

Randazzo se lanza sobre una plataforma ligada a Eduardo Duhalde, quien está obsesionado por impedir la coronación de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense. Hasta le atribuyen haber impulsado el insólito escalamiento, no se sabe si virtual o presencial, del intendente Fernando Gray a la terraza del edificio de Moreno y 9 de Julio para hacer flamear la bandera del PJ. En estos días se lanzó en favor de Randazzo un grupo rozagante de duhaldistas, entre los que se encuentran Ángel Abasto, Mabel Müller, Oscar Rodríguez, Dardo Ottonello y Chiquito Reyes (sic). Un soplo de aire fresco. La aparición del exministro del Interior de Cristina Kirchner también produce suspicacias. Su última aventura, contra la actual vicepresidenta, fue comandada en 2017 por Alberto Fernández, apoyado por Gabriel Katopodis, actual ministro de Obras Públicas, y por el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. ¿El Presidente está detrás de esta nueva excursión de Randazzo? ¿Comparte con Duhalde la aspiración a limitar siquiera un poco la expansión de Kirchner y La Cámpora? Incógnitas de un país propenso a la paranoia.

En el laboratorio electoral del oficialismo calculan que las primarias, cualquiera sea el momento en que se realicen, conspiran contra estas fuerzas destinadas a segmentar el frente opositor. Es probable que sea cierto. Esa instancia electoral preliminar puede inducir al voto útil. Es decir: ciudadanos que se inclinaron por los liberales de Vamos o por Randazzo, si ven que esas listas redujeron mucho el volumen de Juntos por el Cambio, pueden corregir su preferencia en las generales. Es decir, resignarse a votar por la principal oposición para que el oficialismo no salga favorecido con una oposición pulverizada. En otras palabras: las primarias pueden provocar una polarización inconveniente para el Gobierno en las elecciones generales.

Varios dirigentes de Juntos por el Cambio calculan que una posición intransigente, que se niegue a cualquier postergación en el calendario, daría la excusa al oficialismo para realizar modificaciones por su propia cuenta. No solo prorrogar los comicios. También, suspender las internas. Para eso debería conseguir 129 votos en la Cámara de Diputados. No es un número imposible. Solo debería sumar a los 119 propios, los 4 cordobeses de Juan Schiaretti, 6 del bloque encabezado por José Luis Ramón, los electrones locos Andrés Soto, Antonio Carambia, Pablo Ansaloni, Felipe Álvarez, Alma Sapag y Eduardo “Bali” Bucca. En este recuento, Massa juega con otro factor favorable: los gobernadores radicales no son afectos a las primarias y podrían apoyar su anulación a cambio de contraprestaciones fiscales del Gobierno. ¿Los sectores más recalcitrantes de la oposición antikirchnerista podrían utilizar un cambio unilateral de la legislación para denunciar una operación chavista de Fernández? Esa tentación siempre está vigente en algunos reductos de Pro.

La razón en la que se justifica la manipulación del calendario electoral es la disparada de la pandemia. Algunos dirigentes de la oposición no se animan a discutir en público esa presentación del problema. Más aún: las autoridades porteñas la comparten. Pero los que se quejan de que la multiplicación de casos es una coartada muestran estos números: según publicó la cuenta @mar_gnfr de Twitter, en el pico de octubre pasado, se realizaron 32.827 tests, de los cuales 13.924 fueron positivos. Es decir, la positividad fue del 42,4%. Anteayer se realizaron 75.392 tests, de los que 20.870 fueron positivos. Es decir, 27%. ¿Hay más casos o se sabe de más casos debido a que hay más tests?

Más allá de esta polémica, el verdadero frente de conflicto para el oficialismo es el de la vacunación. La asistencia de la ministra Carla Vizzotti a la Cámara de Diputados anteayer permitió que se divulgara información escandalosa. El que más incomodó a la funcionaria fue el radical José Cano. Este odontólogo tucumano le preguntó a Vizzotti, sin obtener una respuesta clara, por algunas peculiaridades del contrato entre el Gobierno y AstraZeneca, el laboratorio que debía proveer las vacunas que fabricaría en el país Mabxience, uno de los laboratorios del Grupo Insud, de Hugo Sigman.

Cano mostró el convenio, según el cual AstraZeneca debía entregar en el primer semestre 22.429.842 dosis de vacunas. El diputado preguntó por qué todavía no se entregó ninguna. Por qué se consideró que el primer semestre comienza en marzo. Para ese mes AstraZeneca debía suministrar 2.382.000 dosis; para abril, 4.040.000; para mayo, 4.040.000; para junio, 3.451.000 y para julio 8.518.000. Las versiones que circulan en el oficialismo afirman que recién aparecerán algunas en mayo.

Cano hizo una revelación inquietante, que nadie desmintió: en noviembre el Estado pagó el 60% del contrato, hasta ahora incumplido. Más raro aún porque cuando se anunció el lanzamiento de esta vacuna, con conmovedores elogios a la industria nacional y a la “articulación público-privado”, se dijo que el sector público no pondría una moneda en la adquisición.

El interrogatorio de Cano se podría completar con un par de datos. Como reveló Hugo Alconada Mon en la nacion el domingo pasado, la encargada de negociar con Pfizer la provisión de vacunas, Sonia Tarragona, es una funcionaria que viene de trabajar en los laboratorios de Sigman. Y, como reveló el lunes Francisco Olivera, Pfizer le ofreció a Alberto Fernández, en diciembre, entre 12 y 14 millones de dosis, dado que la experimentación del producto se haría, en gran medida, en el país. Incógnitas sin respuesta. Misterios de la articulación público-privado (Diario La Nación).