Que no iban a cerrar, que no se iba a volver a fase uno, que las clases son prioritarias, que si se adoptan medidas, las clases no se verán afectadas, que el cristinismo no opina lo mismo, que el mundo no tiene vacunas, que se nos complicó, que hay que esperar a los resultados de las últimas medidas antes de anunciar nuevas.

Finalmente, Alberto Fernández de Kirchner dio un discurso a su estilo –convocado para las 18 pero al aire y grabado a las 20 horas– en el que dejó en claro que no han dado resultado las medidas que adoptó el Gobierno hasta ahora. Como si viviéramos en un termo. Así que, por si no se enteraron, no se puede circular a partir de las 20 horas y hasta las seis de la mañana y la actividad comercial cesará a las 19 horas.

Luego se llevó puesto al jefe de Gobierno porteño al decir que él tiene que velar por la salud de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires porque es la Capital de la Nación y que él, el tipo que nunca supo colocarse el barbijo al punto de terminar enfermo luego de vacunarse, será el encargado de cuidarnos a todos. Ah, de paso cerró las aulas nuevamente, a pesar de los informes emitidos por el Gobierno de la Nación. Y a pesar de que doce horas antes el ministro de Educacion dijera que la presencialidad no se debatía. Y a pesar de que nueve horas antes la ministra de Salud dijera que con las escuelas estaba todo bien. Misterios sin resolver de cómo toma sus decisiones el Presidente y para qué corno tiene ministros.

Dicen que con el diario del lunes todos somos directores técnicos. Esta frase, joven centennial, corresponde a una época en la que los analistas del diario del lunes te decían cómo tenía que haber jugado el equipo que perdió el fin de semana inmediato anterior.

Con el asunto del Covid-19 fue algo así pero con tres a seis meses. O sea: con el diario de marzo todos sabemos lo que debía haberse hecho en diciembre. Y lo sabíamos, más o menos, pero poco importó. Esa cosa de la imitación: Europa cerraba casi todo, nosotros cerramos todo. Al mismo tiempo.

El 18 de marzo de 2020 Italia alcanzaba los 184 mil casos positivos de coronavirus y registraba 475 muertes en 24 horas. Ese mismo día, Alberto Fernández se ponía los pantalones largos y anunciaba un cierre total de actividades al estilo italiano para frenar la ola de contagios: 97 en total y tres muertos.

Es cierto, poco sabíamos del virus, de su comportamiento y demás. Y es cierto que un año después puede parecer fácil criticar la medida. Pero vuelvo a comparar los números: cierre total por 200 lucas y 500 muertos por día versus cierre total por 97 contagiados y tres muertos.

El motivo del decreto, tal como se presentó en su momento, era el de aplanar la curva de contagios y preparar el sistema de salud. Y eso sí sabíamos que era un bolazo de entrada: si algo necesita una pandemia como esta es unidades de terapia intensiva y estas no solo son camas y respiradores, sino que tienen un valor adicional que no se puede comprar y se llaman intensivistas. Un médico intensivista, un enfermero intensivista, kinesiólogos intensivistas.

Pasaron los meses, los testeos masivos no existían y la única política que se aplicaba parejito era la de la violación de derechos humanos fundamentales y no me refiero solo al de la circulación: muertes en manos policiales, detenciones ilegales, secuestros de automóviles, “suicidios” en comisarías varias, y un largo listado que pueden leer aquí.y un largo listado que pueden leer aquí.

Luego se comprobó en Europa que las escuelas no eran el foco de contagio que se creía, pero aquí permanecieron cerradas. Es más, en algunas provincias se les impidió a los menores de edad entrar a acompañar a su padre o madre a un local, pero estos sí podían hacerlo en compañía de otro adulto.

También pudimos ver cómo en los países europeos comenzaron a abrir y cerrar las cuarentenas. Flexibilizar, probar, dar marcha atrás, volver a probar, dar marcha atrás, y así. Aquí fue un continuado de encierro –para ustedes, dado que yo, como periodista, tengo el privilegio de casta de ser personal esencial para circular por donde se me cante– durísimo con cagadas a pedos de un Presidente que decía que “o lo entendemos por las buenas o lo entendemos por las malas”. El moderado ese del que hablan los medios de comunicación.

Finalmente comenzaron a surgir las vacunas. Y se prometieron millones para diciembre, aunque no aclararon el año. Nobleza obliga. Luego dijeron que tendríamos 20 millones para fines de enero. Tampoco explicaron de qué año. Cuando las provincias pidieron comprar por sus propios medios, el Nieto de Cafiero de la Nación dijo que no, que eso es potestad del gobierno nacional. Y eso que no se lo pidió el gobernador de Mendoza o el Jefe de Gobierno porteño, sino el mismísimo Sergio Uñac, más peronista que discutir cuál es el verdadero peronismo.

Con el agua al cuello el gobierno comenzó a legalizar cuestiones que ya estaban dadas de hecho y así se pasó del Aislamiento al Distanciamiento. Pero justo, justo explotó la situación en el interior del país. A nadie se le ocurrió que las provisiones no llueven del cielo y que viajan en camión. Podrían haber testeado a los camioneros a su ingreso a las provincias, pero los turros tenían la manía de llegar cuando la gente estaba ocupada aplaudiendo a los médicos.

La gente ya circulaba sin que nadie le dijera nada, los ejercicios de la terraza se trasladaron a las plazas y el gobierno dio el visto bueno cuando ya a nadie le importaba pedir permiso. Volvió el fútbol, volvió el bingo, volvió el casino, volvió el bar, volvió el restaurante, volvió la escuela… no, la escuela debía esperar. Lo que no volvió porque nunca se fue es el concepto de “esencial” a tipos que se juntaban a comer delante de cámaras para la entreteniciencia familiar de gente aislada de sus familiares.

Y cuando llegó la hora de la vacunación, de la mitad de la población vacunada para diciembre de 2020 y de las veinte millones de vacunas para fines de enero de 2021 pasamos a 750 mil vacunados en abril. Digan lo que quieran, pero si se requieren dos dosis, esa es la cantidad de vacunados hoy.

En medio vimos mensajes horribles: vacunaron a un militante de la garompa, a pibes de 18 años, a padres de funcionarios, a funcionarios más jóvenes que yo que venían de jugar un picadito de fútbol, se fueron 3 mil dosis en un vacunatorio VIP, se chorearon trescientas en un municipio, se echaron a perder otras tantas por dejarlas al sol, y así sucesivamente. Como para generar confianza, ¿vio?

¿Qué decía el Presidente mientras todo esto ocurría? Que había que reformar el Poder Judicial.

Voy a intentar ser claro con algo que me cuesta poner en palabras. ¿Cómo se hace para ser racional en una situación así? La racionalidad dicta que sí, que lo más lógico, prudente y urgente es cerrar el país para aplanar la curva. El problema es que la racionalidad también me indica que nos prometieron un montón de cosas cuando cerraron la primera vez: no prepararon el sistema de salud y la inversión más grande de camas fueron los hospitales móviles que regaló el ejército yanqui. Y si hay algo en lo que la Argentina ha tenido siempre un gran expertise es en la organización e implementación de campañas vacunatorias. Lo sabe cualquiera que ronde los cuarenta años para arriba y haya vivido la campaña de la meningitis o la del sarampión o la de la polio. Ni eso. O porque no hay vacunas o porque cuando las hay no tienen idea de cómo hacerlo y terminan en el brazo de una secretaria que cuando comenzó la pandemia estaba en la secundaria.

Y para redondear, basta decir que el Banco Mundial le asignó al ministerio de Educación 200 mil dólares para la compra de laptops y mejoras de conectividad para chicos de escuelas rurales. Comenzaron a ejecutarlo a fines del año pasado. Estaba disponible desde febrero de 2020. Y después dicen que hubo clases, virtuales, pero clases. ¿Cómo hicieron esos chicos? ¿Tomaron clases por telepatía? Era fácil de encontrar al ver que la página de compras del gobierno nacional dejó de cargar allí todas sus adquisiciones y terminé por recurrir a las bonificaciones de los organismos multilaterales de créditos.

Y aquí estamos, con el presidente mirando de costado mientras habla a cámara, vacunado y enfermo por no cuidarse, y uno no puede dejar de preguntarse que, si teniendo al mejor equipo de asesores del país, el hombre no logra entender que la vacuna no previene ni evita el contagio, qué nos puede deparar para el resto de las responsabilidades que le atañen.

Cínicos o idiotas, no hay una tercera opción. Dejo de lado el acto de aquellos que se chorean vacunas, lo que siquiera califica para la segunda opción. La idiotez, en todo caso, podría caberle al que pensaba que nadie se iba a enterar mientras subían las fotos a Instagram. Y aquí viene uno de los temas que para mi son cruciales en la historia argentina.

Un médico se manda una cagada y se come un juicio por mala praxis, lo cual consiste en determinar si actuó con dolo o culpa, si hizo daño a propósito o no. Si fue a propósito, no hay mala praxis. Si fue sin querer, hay que determinar si falto a los deberes propios de su profesión por imprudencia o negligencia, por hacer de más o por hacer de menos.

¿Cuál sería la mala praxis del político? Algo hay en el Código Penal respecto del incumplimiento de deberes de funcionario público, al decir que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. Si la pena le parece un chiste, espere a ver el artículo que dice que el funcionario público que “ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio” será reprimido con… una multa de 750 pesos.

Pero no existe la mala praxis en la administración pública. No hay una investigación por ineptitud en manos del Poder Judicial al que tanto critican. Quienes deben definir si hubo mala praxis de un político son otros políticos mediante el procedimiento de juicio político. Y para ello tiene que existir una o alguna de las siguientes opciones: el mal desempeño de las funciones, la comisión de delitos en ejercicio del cargo, o la comisión de delitos por fuera de la función pública.

¿Saben cuántos funcionarios públicos políticos a nivel nacional han sido sometidos a juicio político desde 1983? Ninguno. Cero. Nadie. Fuera de la Corte Suprema de Justicia, no ha existido un funcionario político que pague por sus actos y no por sus delitos. Los motivos son básicamente dos: uno que la causa de “mal desempeño” es absolutamente subjetiva aún en situaciones insólitas. Por ejemplo: cuando Mauricio Macri recurrió al FMI, muchos pensaron que fue por incompetente y otros que era el método correcto. Totalmente subjetivo, dependiente de la ideología o forma de ver el mundo de cada uno. Pero las otras causales son bien objetivas, solo que para poder avanzar en el juicio político se estila que exista una sentencia previa. Sí, judicial.

No podemos esperar mucho de este sistema dado que las penas más graves para los funcionarios públicos también son irrisorias. Solo basta con mencionar que lo máximo que puede llegar a recibir un funcionario por un delito cometido en su ejercicio son doce años en uno solo de los casos y el resto de los delitos que lo atañen tienen penas similares a las del robo simple, pero sin sus ventajas. El chorro termina sopre años antes de llegar al juicio. Si alguna vez un político llega a un Tribunal Oral, su sentencia debe ser confirmada por el tribunal intergaláctico de justicia para que quede firme la condena.

Quienes deberían modificar estas cosas son los políticos que legislan. Y ya sabemos que nadie atenta contra su propia especie.

Vuelvo al punto de inicio. Es lo que hay y así estamos. Sí, es la única opción que quedaba en el país en el que apostar a la responsabilidad ciudadana es olvidarnos que una tonina se murió en una playa por que la gente quería sacarse selfies, donde un buen lugar para estacionar es la rampa para discapacitados, donde todavía nos llegan cadenas de Whatsapp con pedidos de reenvío para que no nos cobren los mensajes.

Me encantaría apostar a la responsabilidad ciudadana pero eso no existe. No la tiene el Presidente, mirá si la vamos a tener nosotros. Y hablo en plural porque las encuestas no mienten: el 73% de la gente dice que se cuida y a su vez un número similar dice que ha visto a los demás no cuidarse. Pero también es cierto que en el camino transcurrido desde el 18 de marzo de 2020 hasta aquí se pudieron haber hecho miles de cosas coherentes y hoy otra sería la realidad.

Lo sabemos todos, los que putearon anoche, los que miramos con resignación y tristeza, y los cremados emocionales que salieron a decir que “los que protestan quieren que se mueran sus padres y abuelos para heredarlos” o se reían porque había “un cacerolazo en Recoleta”, cuando nada debería preocupar más que no interrumpir el sueño de Cristina.

Lamentablemente apostamos a otras variables: a boludear al gobierno sueco, al catalán, al chileno, al uruguayo, al alemán, a decir que un tecito alcanza para curar al bicho, que el virus no llega a la Argentina porque China queda lejos, a culpar a un surfer, a las escuelas, a los teatros, a los restaurantes y a todo lugar que sirva para que el ser humano no sea una máquina de trabajar y pueda dispersarse un poco. Y todo para que al acercarnos a Constitución veamos los trenes tan abarrotados que es un milagro que cierren sus puertas.

Tantas opciones, tantas oportunidades y terminamos con una pobreza real del 53% reconocida por el propio Daniel Arroyo cuando dijo que está en el 42% gracias a todos los planes sociales otorgados. Y con el resto de la clase media separada de la línea de la pobreza por una franja tan ancha como lo pueden ser 90 dólares. Y sin escuelas. Otra vez.

No es la incompetencia o la inutilidad lo que me saca de quicio. Ni siquiera he perdido los estribos. Es solo que, de vez en cuando y solo para variar, me encantaría que alguien no me culpe por su propia soberbia.

Giovedì. La vida es eso que pasa mientras buscamos a quién culpar.