La forma en la que el presidente Alberto Fernández dio a conocer el miércoles las nuevas medidas restrictivas a la circulación generaron un gran malestar entre varios funcionarios del oficialismo, que hasta última hora defendieron a capa y espada decisiones contrarias a las que se adoptaron finalmente.

"Esta vez no lo hablé. Trato de hablar siempre. Las medidas anteriores las dialogué, las conversé. Esta medida no la consensué: la tomé yo y me hago cargo yo. Son las fuerzas federales las que van a hacer cumplir esto", aseguró el jefe de Estado esta semana al ser consultado sobre la suspensión de la presencialidad en las clases.

La decisión tomada por el Presidente dejó mal parados al ministro de Educación, Nicolás Trotta, y a la ministra de Salud, Carla Vizzoti, quienes horas antes de que se decidiera dejar atrás las clases presenciales habían asegurado por diversos medios que no estaba probado estadísticamente que la actividad escolar generara más contagios.

De hecho, el ministro de Educación había reafirmado la necesidad de "priorizar la escuela" en el esquema de "presencialidad parcial, alternada, cuidada y con protocolos", y dicho que la modalidad constituía "un ámbito seguro", en el contexto del incremento de casos de coronavirus. Esa misma mañana, Vizzotti ratificó lo expresado por Trotta y sostuvo que las medidas restrictivas debían ser adoptadas por los gobernadores para asegurar que toda decisión fuera focalizada.

Al parecer, con el correr de la jornada, en el Gobierno se dieron cuenta que los gobernadores no iban a tomar nuevas decisiones restrictivas por su cuenta, por lo que tuvieron que dar marcha atrás con la determinación de esperar a que eso sucediera.

Un día más tarde de anunciar las medidas, Fernández aseguró que los alumnos de las escuelas jugaban "a cambiarse el barbijo" entre ellos, por lo que la escuela no era un ámbito seguro para evitar los contagios. Incluso en Casa Rosada varios funcionarios ligados al entorno presidencial comunicaron que eran los gobernadores quienes debían tomar medidas, ya que el decreto presidencial los habilitaba a hacerlo, para lo cual iban a contar con "todo el apoyo del Gobierno Nacional".

"La suspensión de clases presenciales debería haberse comunicado de otra manera. El problema principal es que las clases generan que aumenten los pasajeros en el transporte público entre un 15 y 20 por ciento", explicaron a la agencia Noticias Argentinas en Casa Rosada.

Además, según pudo saber esta agencia, en el entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hubo nuevos cuestionamientos a la forma en la que fueron comunicadas las medidas por parte de Fernández. Aclararon que durante el día de los anuncios, hasta la tarde, "prácticamente ningún ministro" conocía las medidas que Fernández tomaría horas después.

En la oposición también cuestionaron la forma en la que el Presidente toma y comunica las medidas. "El decreto anterior no duró ni una semana. Ni siquiera el tiempo mínimo suficiente como para saber si tuvieron o no resultados para bajar los contagios. Es cierto que la pandemia te obliga a tomar decisiones sobre la marcha, pero otra cosa es estar siempre improvisando", dijo a NA un importante funcionario del gobierno porteño.