“El sector se destaca por la fuerte presencia del fenómeno de pluriempleo. Mientras en el resto de la economía apenas el 9,6% de los ocupados tiene otra ocupación, en el sector salud esta proporción se eleva al 26,4%. Esta diferenciación se agudiza entre los profesionales donde un 43% de los trabajadores del sector tienen más de una ocupación, la jornada de trabajo promedio total para los trabajadores del sector Salud, es de 41,7 horas semanales. También se destacan con mayor cantidad de horas: los profesionales, los asalariados y los trabajadores del sector público. Los trabajadores que sólo tienen una ocupación trabajan en promedio 39,1 horas semanales, mientras que los pluriempleados se encuentran ocupados durante 52,2 horas a la semana”.

Este crudo diagnóstico, que bien podría aplicarse a la actualidad, en verdad pertenece a un informe del propio Ministerio de Salud de la Nación publicado en el año 2015. las recientes medidas restrictivas por el coronavirus tomadas por el Presidente Alberto Fernández no hacen más que poner de manifiesto un problema que se viene arrastrando hace años. Pero la pandemia y la prolongada cuarentena dispuesta el año pasado lo agudizan hasta extremos insostenibles.

Para peor, en su desafortunada alocución del pasado miércoles 14 de abril, además de generar una gran reacción en contra por la suspensión de las clases presenciales, el primer mandatario provocó la ira de los trabajadores de la salud de todo el país, al decir que “el sistema sanitario se relajó”, justificando de ese modo el toque de queda establecido para el AMBA desde las 20 hs.

“En un tiempo donde los contagios estaban disminuyendo abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar pero que creyeron que era oportuno tratarlos ahora y, así, en el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el Covid”, afirmó Fernández.

La respuesta no tardó en llegar. “Por respeto a tantos colegas, muchos que ofrendaron con sus vidas en sus puestos de trabajo y a los que siguen en el frente de batalla, es que repudiamos tales expresiones que hieren nuestros sentimientos más profundos. Y aún hoy continúan con salarios por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo la agrupación que nuclea a las Federaciones, Colegios y Círculos Médicos de la Argentina, COMRA. Justamente, los magros ingresos de los galenos es el gran tema en cuestión, una de las tantas deudas sociales del país y que el Gobierno nunca tuvo en cuenta a la hora de evaluar medidas para atravesar la pandemia de covid. Y en particular, cuando se trata de intensivistas, una de las especialidades que más hace falta hoy en día.

Según Glass Door, un sitio web que analiza y compara salarios, Argentina se encuentra muy por debajo en el ránking con respecto a los ingresos de los médicos en otros países. En Estados Unidos, un clínico percibe un promedio de U$S 4.166, mientras que en Brasil, gana U$S 1.891. En la región, le siguen Chile, con U$S1.515, Ecuador, con U$S 1.324, Perú U$S 988 dólares, Uruguay U$S 941 dólares. Y recién ahí aparece Argentina, con U$S 604.

En marzo de 2021, los médicos de los hospitales públicos bonaerenses agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) aceptaron un aumento del 44,6% propuesto por el Gobierno provincial, para pasar a tener un salario inicial de $55.236. Pero esto es solo una parte del problema.

El ingreso promedio de un galeno en la Argentina, oscila entre los $83.586 y $190.966, de acuerdo a la antigüedad y al lugar. Para tener una cabal dimensión de las inequidades del sistema, valga la comparación con lo que percibe un Subsecretario Administrativo del Poder Judicial: $208.661, de acuerdo a la escala salarial de marzo de 2021. Otro dato: un empleado de una Cámara Federal, que no necesita ser abogado para trabajar allí, gana de bolsillo $190.000. Y la jornada laboral no llega a 8 horas.

Algunos ejemplos concretos. Un neonatólogo, una especialidad que escasea, con 12 años de experiencia, tiene una remuneración de $100.000, con una carga horaria de 60 horas semanales. Así mismo, un médico generalista, gana apenas $46.000.

En septiembre de 2020, a través de una carta dirigida al Presidente Alberto Fernández, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), solicitó una urgente mejora en las remuneraciones de los médicos intensivistas, como así también de los kinesiólogos y las enfermeras de la misma especialidad, aduciendo que “los tres son los pilares fundamentales de la Terapia Intensiva”. Dicha misiva se dió a conocer cuando en varias regiones del país se estaba sufriendo una alarmante falta de recursos humanos en el momento más crítico de la pandemia de coronavirus. Una situación muy similar a la actual.

Firmada por la Presidenta, la Dra. Rosa Reina, y el vicepresidente, el Dr. Guillermo Chiappero, la entidad explicaba entonces que “esta pandemia que estamos atravesando ha dejado al descubierto las debilidades y carencias del sistema de salud, especialmente el público”, agregando que “una de estas carencias es la disminución progresiva en el número de profesionales enfermeros, médicos y kinesiólogos de las Unidades de Terapias Intensivas (UTI)”.

El pedido formal hacía hincapié en las condiciones laborales de la especialidad, aclarando que es “una actividad crítica de alto riesgo, muy estresante, al ser de guardia activa en la gran mayoría de los lugares de trabajo”. A la vez, cuestionaban que la remuneración que percibían no es acorde al tipo de actividad, “con alta responsabilidad en la toma de decisiones de pacientes que están padeciendo patologías de alto riesgo de vida”. 8 meses después, con la segunda ola de contagios encima, lamentablemente poco ha cambiado.

Un médico intensivista percibía de bolsillo por una guardia de 24 horas, entre $10.000 y $24.000. Dichas sumas varían de acuerdo a la provincia donde desarrollan su trabajo. Por su parte, los ingresos de los enfermeros, muy variables, iban entre los $23.000 y $52.000 por 40 horas semanales de trabajo, y los kinesiólogos, también por cada guardia de 24 horas, cobraban entre $11.300 y $15.000. En el caso de los médicos, SATI reclamaba elevar el salario de bolsillo a $75.000 por cada guardia, $120.000 mensuales con un régimen de 36 horas semanales para los enfermeros, y $45.000 a los kinesiólogos.

En marzo de este año, la Dra. Rosa Reina explicaba que “los médicos tienen como régimen laboral 36 horas semanales con 24 horas de guardia. La remuneración que se recibe actualmente oscila entre los $ 20.000 y los $50.000, por lo que el valor hora de un médico intensivista es de 600 pesos la hora. En muy pocos lugares se puede llegar a 1000, pero son escasísimos”. Y agregaba que durante la pandemia se trabajó “más de 24 horas o dos días seguidos porque cuando se enferma un compañero, ese lugar hay que cubrirlo porque no se puede desarmar la terapia intensiva”.

Como este medio informó, en Mar del Plata se cumplen ya 14 días de protesta de los enfermeros del Hospital Interzonal de la ciudad, que depende de Provincia. Los profesionales de la salud aseguran estar “agotados” y “sin reconocimiento” por parte del Estado, denunciando que su salario básico es de $35.000, por lo que deben tener dos empleos para “armar un sueldo”. Y a su vez, detallaban que hay casos en que un trabajador del sector, “con 20 años de antigüedad, ganan $48.000, siendo categorizadas como administrativas cuando realizan tareas nada menos que en Terapia Intensiva”.

La carta de 2020 culminaba explicando que debido a las bajas remuneraciones, “cada profesional intensivista se ve obligado a trabajar en más de un establecimiento (pluriempleo) para mejorar sus ingresos y su calidad de vida. Estas condiciones han puesto a la especialidad de Terapia Intensiva como una de las que presenta el porcentaje más alto de Síndrome de Burnout entre sus profesionales”. El síndrome de Burnout está relacionado con una respuesta de estrés crónico en el trabajo. Generalmente, se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental. Idéntica situación que trazaba en 2015 el Ministerio de Salud. Y pasaron seis años y una pandemia.

Peor aún. En 2014, analizando el período comprendido entre 2007 y 2013, el Colegio Argentino de Terapia Intensiva (CATI) difundía un comunicado en el que afirmaba que la carencia de especialistas es un “peligro nacional”, revelando que, por las condiciones laborales, se triplicó la falta de médicos formados, por lo que cardiólogos, clínicos o médicos de otras disciplinas están cubriendo algunos de esos puestos. “El sistema de salud está en estado crítico, una realidad que no se está considerando cuando se piensa en las políticas de salud. Hay un colapso, en el que la terapia intensiva es la más deteriorada del sistema“, se dijo entonces desde CATI. La Argentina cíclica.

En un informe publicado en 2017, que este medio ya citó en diferentes oportunidades, se confirmaba una situación por todos sospechada: “De las casi 900.000 personas que trabajan en el sector de la salud, el 60% lo hace en la actividad privada”. Las malas condiciones laborales y los bajos salarios explican gran parte de esta realidad, cuando debería ser al revés, ya que la gran formación de un médico se tiene que dar en los Hospitales Públicos.

La comparación con los sueldos del Poder Judicial surge inevitable. Para la reforma de la Justicia que se encuentra paralizada en el Congreso, la Magistratura, que hace meses que no sesiona y cuya mayoría de empleados y consejeros ni siquiera concurre al lugar, tenía previsto gastar $850 millones de los casi $1.300 millones del Consejo que figuran en el Presupuesto 2021, para los sueldos de los nuevos jueces contemplados en el texto enviado al Senado.

Las partidas destinadas al Poder Judicial para el actual ejercicio son $81.718.628.649, cuando buena parte de la Justicia está trabajando en forma remota. Quizá, sólo una parte de esa cifra se podría destinar a la Salud Pública, habida cuenta de la situación actual.

A la hora de evaluar restricciones, no se trata precisamente de aspectos menores.