El país viene enfrentando una gran crisis sanitaria. Alberto Fernández superpuso otra, educativa, en el Gran Buenos Aires. Por si hacía falta agregar factores angustiantes, desde hace 48 horas generó un desaguisado judicial.

En todos los planos aparece el mismo fenómeno: una llamativa falta de reflexión y de solidez profesional cuando se toman decisiones.

Esta indigencia técnica deja en la penumbra un problema conceptual. Tanto en el orden sanitario como en el educativo, Fernández lidera una administración con inesperados impulsos reaccionarios.

Las novedades que se conocieron en los tribunales anteayer comienzan a explicar por qué Cristina Kirchner enfrenta un caudal tan abundante de dramas en los tribunales. Su secretario legal y técnico, el que debía velar por su firma, era Carlos Zannini. La cantidad de errores cometidos por Zannini en solo 24 horas vuelve más verosímil la tesis de que, en rigor, se trata de “personal sanitario”, no jurídico. Tenía razón Vizzotti.

La primera exhibición de mala praxis se produjo en las relaciones con la Corte Suprema. Para la mañana de ayer estaba prevista una audiencia entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires para discutir sobre la coparticipación federal. Es el pleito que se desató cuando Fernández quitó recursos a la ciudad para resolver un amotinamiento salarial de la policía bonaerense. Anteayer a la mañana, Zannini notificó al máximo tribunal que la Procuración del Tesoro enviaría a ese encuentro a los abogados Sergio Acevedo, Ricardo Yamone y Guillermo Anderson. Horas más tarde, volvió a comunicarse para informar que la Nación no asistiría a la audiencia porque desconoce la competencia de la Corte en los entredichos entre el Gobierno y la Ciudad. Esa posición supone desconocer el estatus de la Capital como ciudad autónoma.

El giro de Zannini es tan inexplicable como su pretensión. La Corte reconoció la autonomía porteña por lo menos en tres casos: Ciudad vs. Ejército Argentino, Ciudad vs. Córdoba y Bazán. Ayer la audiencia se celebró, pasando a un prudente cuarto a intermedio para el 12 de mayo.

La siguiente extravagancia jurídica de Zannini fue lo que le hizo hacer al juez contencioso administrativo Esteban Furnari. La presunción de que Furnari actuó como autómata de Zannini se sostiene en que ese magistrado es autor de trabajos académicos bastante razonables. Entre ellos, un libro sobre procedimiento contencioso administrativo federal.

Furnari, que es un juez de primera instancia de ese fuero, intervino en el conflicto por el funcionamiento de las escuelas porteñas para contradecir a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad, que había ordenado la apertura de esos establecimientos. Lo hizo a ciegas, porque nunca reclamó los expedientes.

Furnari, entonces, se pasó del fuero federal al porteño y, como juez de primera instancia, corrigió a un tribunal de segunda instancia. Esa corrección se basó en un argumento principal: el tribunal porteño no podía intervenir porque las disputas entre la Nación y la Ciudad son competencia de la Corte. Una pena que su resolución llegara al final de la tarde del martes. Un poco antes le habría servido a Zannini para entender el papel de la Corte.

Las rarezas del fallo de Furnari no terminan ahí. Si la competencia corresponde a la Corte, ¿por qué intervino él? A raíz de este rally de excentricidades, los libreros pasaban el texto de Furnari ($4100 en Mercado Libre hasta anteayer) de los anaqueles a las mesas de saldos.

Como es costumbre en los tribunales federales, para conocer el destino de un conflicto conviene más conocer las filiaciones corporativas de los magistrados que leer los expedientes. Dos reencarnaciones atrás, Furnari estaba ligado a Sergio Fernández, hermano de Javier y caudillejo del fuero contencioso administrativo.

Esa lealtad lo llevó a intervenir Aerolíneas Argentinas en el primer kirchnerismo. Cuando llegó al poder Mauricio Macri, Furnari cambió de padrino. Se subordinó a Juan Bautista Mahiques, miembro de esa pléyade de juristas surgidos en Mercedes y conocidos como “los salamineros”. Por la escalera de Mahiques llegó al binguero Daniel Angelici, uno de los principales gestores de Macri en los tribunales. Varios funcionarios de la anterior administración conservan en sus cuentas de WhatsApp las declaraciones de macrifilia de Furnari. Fuentes inmejorables aseguran que Angelici, mientras jugaban a los naipes, le prometió hacerlo camarista. Y designar juez a su hermano, que era secretario de Cámara. Tiempos de la República.

Este realineamiento ofendió a Fernández, que cortó la relación con su viejo “amigo”. Fue el precio que debió pagar el juez para que su hermano, Roberto, fuera incluido, después de un concurso razonable, en la terna de candidatos a cubrir una vacante contencioso administrativa.

Macri envió el pliego de Roberto Furnari al Senado. Alberto Fernández lo retiró de allí, con muchos otros, apenas se hizo cargo del gobierno. Hoy, el hermano del juez Furnari depende de que el Presidente se incline por él, como hizo Macri. Mejor no suponer que su increíble fallo de anteayer tuvo que ver con esta decisión. El puente entre Furnari y la política tiene varios brazos. Uno sigue siendo el mismo: los salamines. Es decir, la relación con los mercedinos Eduardo “Wado” de Pedro y Gerónimo Ustarroz, amigos kirchneristas de Mahiques. Otro, Fernández. No Sergio, sino su hermano, Javier, el hombre a quien Antonio Stiuso identificó como su gestor en Tribunales.

La aparición de Soria

Para garantizar que la peripecia de la educación porteña sería psicodélica, intervino Martín Soria. El ministro de Justicia reclamó a la Corte que se pronuncie con rapidez, “como cuando aceptó el per saltum para tratar el caso de dos camaristas trasladados por Macri ilegalmente”. Primera curiosidad: Soria exige fallos de la Corte cuyo contenido, después, ignora: el tribunal dijo que Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados en el marco de la ley. Segunda humorada de Soria: el conflicto por la presencialidad educativa está paralizado porque el Ejecutivo todavía no contestó ante la Corte Suprema el planteo de la Ciudad. Debería urgir a Zannini, no a los jueces. ¿Sergio Massa no podrá evitar que su ahijado político, Soria, cometa esas distracciones?

La Corte está frente a dos cuestiones. La primera es directa: ¿quién debe abrir o cerrar las escuelas porteñas? ¿La Nación o la Ciudad? En el fondo de esta alternativa palpita el problema de la autonomía porteña. La Corte ya se pronunció varias veces a favor de ella. Dos de sus ministros, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, participaron de la Constituyente que decidió ese nuevo estatus. Al tribunal le debe resultar irritante volver sobre sus pasos. Es decir: la balanza parece inclinarse a favor de que se reconozca el derecho de la Ciudad a administrar la educación.

Sin embargo, esa salida coloca a los máximos jueces frente a otra incomodidad: dar la razón a Horacio Rodríguez Larreta significaría decidir que los chicos vayan a clase. Es una decisión sanitaria riesgosa, que la Corte no está en condiciones de asumir. Este problema podría resolverse de dos maneras: 1. Que la Corte reconozca el derecho de la Casa Rosada de disponer medidas excepcionales en medio de una peste. 2. Que, aun admitiendo que el que debe decidir es Larreta, el tribunal emita una larga y grave exhortación a asegurar que los alumnos estarán fuera de riesgo. Algo parecido a decir: “Larreta tiene la facultad de abrir o cerrar las escuelas, pero debería pensar si no es mejor cerrarlas”.

La regresión educativa

Este laberíntico conflicto procesal disimula el carácter retardatario de la política del oficialismo en relación con la pandemia. No está para nada demostrado que la salud de los alumnos esté más protegida fuera de la escuela. Sobre todo, en el conurbano bonaerense, que es donde Alberto Fernández se empeña en clausurar las aulas.

En cambio, sí existe evidencia de que para la mayoría de los chicos de esa región impedir la presencialidad es impedir las clases. Según la Evaluación Nacional de Continuidad Educativa, el 43,9% de los hogares del conurbano carecen de computadora. Y el 18,9%, de internet. En la ciudad esos números se reducen a 20,2 y 8,2%. El 51% de los habitantes del conurbano son pobres y el 63% de ese universo tiene menos de 17 años. Nadie discute que los chicos que viven hacinados, con padres poco capacitados, tienen menos posibilidades de avanzar en el colegio, sobre todo cuando el método es virtual. No hace falta argumentar demasiado para que se note que la decisión de Fernández, de Axel Kicillof y, por encima de ellos, de los sindicalistas de Ctera implica una imperdonable regresión.

Este rumbo reaccionario en materia educativa se reproduce también en el campo sanitario. Una de las razones del nuevo confinamiento, que incluye el cierre de las escuelas, es el naufragio de la campaña vacunatoria.

Según el sitio Our World in Data, la Argentina está, en cantidad de dosis aplicadas, por detrás de Brasil (33,8 millones), México (14,3 millones) y Chile (13,3 millones): solo 6,3 millones. Entre los numerosos factores que explican este fracaso, hay uno principal: Alberto Fernández apostó toda su campaña a la vacuna de AstraZeneca, motivado porque la produciría en la Argentina Hugo Sigman, “el hombre que vacunará a Latinoamérica”, según lo presentó el diario El País. Más aún: Fernández pagó a AstraZeneca 60% del contrato sin recibir una dosis. ¿A esa predilección se debe que el Gobierno haya renunciado a buena parte de las vacunas disponibles en el programa Covax de la OMS? Difícil determinarlo. ¿La opción por Sigman explica por qué se menospreció el acuerdo con Pfizer-Biontech? Jorge Argüello trabaja ahora por este contrato en los Estados Unidos, confiado en que se cumplirá la promesa del enviado Juan González a Fernández: una especie de Plan Marshall sanitario para los aliados de la región, después de julio, cuando los norteamericanos estén todos vacunados. Massa compite con Argüello, confiando en su amigo Gustavo Cinosi, a quien Cristina Kirchner considera parte del lawfare interamericano. ¿Fue Cinosi el anfitrión de la comida de Tigre, en lo de los Massa? ¿Por eso no fue invitado Máximo Kirchner? Preguntas que se hacen en el Instituto Patria.

La única certeza: Fernández todavía no explicó qué sucedió con sus entusiastas anuncios de agosto. Solo habló Sigman. Alegó que hizo su parte y que el incumplimiento se debe a que el laboratorio mexicano Liomont no suministró el envasado.

Desde Liomont lo desmintieron, aclarando que el proceso llevará, tal vez, meses. Más allá de su relativa responsabilidad en esta crisis, hubo un gigantesco error de Sigman por no haber revisado todo el proceso productivo y, sobre todo, por haberse ufanado de ser la figura clave de una campaña continental. Inesperado fallido en un empresario de su dimensión.

Con su desacierto, Sigman abrió la puerta a otro “experto en mercados regulados”: Marcelo Figueiras. Titular del laboratorio Richmond y esposo de la exsenadora kirchnerista María Laura Leguizamón, Figueiras consiguió en febrero, mientras el Gobierno negociaba con Rusia la provisión de Sputnik V, un contrato con el instituto Gamaleya para producir esa vacuna en el país. Como en el caso de Sigman, Figueiras corre con una ventaja: el Estado adquirirá toda su mercadería, como él mismo dijo ayer.

La intención de que hubiera un laboratorio privado formando parte del negocio apareció en el primer minuto: HLB Pharma Group aspiró a ocupar ese lugar. Uno de sus directivos, Ariel García, viajó a Moscú con los funcionarios oficiales. Pero el sueño terminó cuando se conocieron algunos antecedentes controvertidos de la empresa. Cuando dejó de ser ministro, Ginés González García, fue denunciado por ese laboratorio en los tribunales federales.

La proximidad de Figueiras al oficialismo no requiere explicaciones. Aun así, el incontinente Daniel Gollan, ministro de Axel Kicillof, las ofreció: “Veníamos trabajando en secreto con Figueiras desde el primer día. Le dimos el dato de que laboratorios argentinos podían producir la Sputnik. Y él viajó de inmediato a Moscú”. Como se ve, transparencia absoluta.

Figueiras está unido al kirchnerismo por muchos lazos: desde su esposa hasta Amado Boudou. Sin embargo, quienes quieren leer debajo del agua, observan su amistad con el financista Miguel Sulichin. Es el hermano de Fernando Sulichin, sponsor bolivariano de Oliver Stone en su documental sobre Putin y canal clave del kirchnerismo para llegar a la Sputnik V. Sulichin comió varias veces con Alberto Fernández en Olivos. A pesar de estos contactos valiosísimos, Figueiras se queja ante sus íntimos y de algunas figuras de la oposición por las trabas que encontró con su vacuna en la ANMAT y en el INTI. Atribuyó su drama al bloqueo de Sigman. Capitalismo de no tan amigos.

La apuesta de Fernández a un modelo de “articulación público-privada”, como le gusta decir a Sigman, contrasta con experiencias mucho más transparentes y, sobre todo, mucho menos reaccionarias.

La más cercana está en Brasil. Allí se administraron 33 millones de vacunas. La mayor parte son producidas por laboratorios estatales. Fiocruz, por ejemplo, acaba de entregar a las autoridades seis millones de dosis de AstraZeneca. El paulistano Butantan produce la Coronavac, de origen chino. Y algo más novedoso. Inventó su propia vacuna: la Butanvac. Son institutos del sector público, colegas del Malbrán de la Argentina. Como al comienzo de la pandemia no tenían capacidad suficiente, un grupo de empresarios les donó la ampliación de instalaciones.

Curioso destino el de Alberto Fernández: un liberal como Joao Doria, gobernador de San Pablo, y un extremista de derecha como Jair Bolsonaro le dan lecciones sobre el rol del Estado en un tema estratégico como la vacunación. Un pequeño aporte para él, que sueña con reformar el capitalismo (Diario La Nación).