Con una inflación del 4,8% sólo en el mes de marzo, el gobierno busca de diversas formas actuar sobre sus efectos: la suba de precios. A veces de manera autoritaria, enviando diversas tropas a controlar precios. Otras, como en este caso, negociando. Es por esto que se anunció un compromiso entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica) para establecer un congelamiento de precios de venta al canal de determinados electrónicos producidos en el país hasta el mes de octubre. O sea, hasta las elecciones. Después se verá.

Básicamente, el compromiso implica mantener los precios vigentes al 1º de abril de los celulares, televisores, acondicionadores de aire y microondas (básicamente, lo que se produce en Tierra del Fuego) y tendrá validez hasta el 31 de octubre del presente año, aunque podría ser prorrogado. No obstante, están previstas revisiones de precios a partir del 1º de junio, donde se considerarán las variaciones en el tipo de cambio (algo clave debido al alto componente de los costos en dólares) así como de los precios internacionales, estos últimos muy afectados como consecuencia de la pandemia, particularmente en lo que hace a electrónica. No obstante, en el compromiso no se menciona que se considere la inflación local. Un dato no menor cuando esta se encuentra en niveles del orden del 4%, lo que en 3 meses (momento de la primera revisión) la llevaría a valores de alrededor del 12% acumulado o más.

El alza de los precios internacionales de algunos de los principales componentes de los celulares es una realidad. Por un lado, por la escasez de semiconductores avanzados [ver “El petróleo del siglo 21”], situación que se vio agravada por el adelantamiento de compras de estos componentes, a lo que se suma mayores costos en la logística, todavía afectada por ciertas restricciones. También influye en el alza de precios internacional las inyecciones de dinero que realizaron los gobiernos de varios países del mundo (caso EE.UU.) como una forma de mitigar los efectos económicos de la pandemia y que potenciaron la demanda.

Adicionalmente, el acuerdo incluye la posibilidad de que los celulares puedan volver al régimen de Ahora 12, para la compra en cuotas. Régimen del cual fueran excluidos el año pasado debido a la gran cantidad de recursos que demandan estos productos debido a su masividad. Para tener una dimensión, en el 2020, el peor de su historia reciente en términos de ventas, fueron 6,5 M de celulares vendidos, aunque este año podría llegar a los 8 M. De confirmarse, esta financiación estaría disponible sólo para los equipos cuyo precio de venta al público sea inferior o igual a $ 50.000 (aproximadamente US$ 500 a la cotización oficial). O sea, que se financiarían equipos de gama baja y quizás algunos de gama media. Esto es razonable, ya que no tiene sentido que el Estado financie la compra de bienes de gama alta. No obstante, la gama baja representó el 82% del mercado el año pasado.

De todos modos, conviene no entusiasmarse tanto con la posibilidad de la financiación vía Ahora 12. El acuerdo dice “El MINISTERIO, a efectos de coadyuvar a la consecución del presente compromiso, reestablecerá la participación de los teléfonos celulares en el programa Ahora 12, comenzando con los equipos de gama baja, entendiendo por tales aquellos cuyo precio de venta al público sea igual o inferior a Pesos Cincuenta Mil ($50.000.-), ello en cuanto las circunstancias lo permitan”.

En cuanto al contexto de este compromiso, hay que tener en cuenta que los miembros de AFARTE vienen luchando desde hace un tiempo por lograr la extensión del régimen de promoción de Tierra del Fuego, cuyo vencimiento está previsto para fines del 2023. Y si bien el actual Ministro de Desarrollo Productivo era inicialmente reacio a mantenerlo, su posición habría cambiado con el paso del tiempo, evaluándose actualmente no sólo su extensión temporal sino también su ampliación a otras actividades. Así, el acuerdo de precios podría contemplarse como una prueba de amor entre las partes.

Tal como sucedió con los servicios TIC, cuyos precios comenzaron a ser regulados a partir de su declaración como servicio público a mediados del 2020, el gobierno persiste en su estrategia de domar la inflación en base al control de precios. Una estrategia que sólo sirve para actuar, temporalmente, sobre sus efectos pero que no resuelve los desequilibrios de fondo que la originan. Todo sea por llegar lo mejor posible a las elecciones.