El gobierno sacó de la galera, una licencia de 45 días con la que apartó al Vicegobernador Eugenio Quiroga de sus funciones, por un hecho que nunca explicó, circunscribiendo todo “a una denuncia personal” efectuada contra el funcionario por un tercero que no describió, apurándose a explicar entre paréntesis, que no tiene nada que ver con sus funciones. Esto más bien, sonó a una medida “preventiva” por algo que el alto funcionario hizo y que no conviene ventilar y mucho menos conectar con sus funciones ejecutivas.

Unas horas después, Quiroga, por las redes sociales (vergonzoso que use esa comunicación no oficial, por la calidad del puesto que ocupa) salió a decir más o menos lo mismo que había dicho el gobierno, agregando que “respeten a su familia”. A la vista de los acontecimiento que han trascendidos, pensamos que sería interesante que el propio Quiroga sea el primero en repetarla

El domingo, el Intendente Fernando Cotillo, su amigo, dio la orden a una empleada del municipio que lidera una organización sobre los derechos de la mujer, el niño y la familia cuya sigla es OPIDDNA, tan ignota la organización que ni siquiera en google se puede encontrar, para “cerrar la trinchera y apurar el corset informativo”. La licenciada a cargo, entonces, antes de resguardar a la persona que estaba en riesgo (como hubiera correspondido) le pidió a la jueza del menor y la familia que emita una resolución para cerrar cualquier tipo de difusión y trascendencia en los medios y las redes sociales.

Emitido el documento legal, una verdadera aberración jurídica que hemos analizado, el objeto del gobierno, no solo no se logró sino que potenció el efecto multiplicador. 

OPI ha recibido decenas y hasta cientos de consultas sobre el tema, salidas al aire en radios, canales y diarios, han copiado y tomado nuestra información, que tenemos disponible gracias a las inmensas fuentes de información que posee esta Agencia en todos los órdenes de esta provincia, en temas de enorme impacto social, que los medios que se titulan como tales, ocultan sin vergüenza.

Cabe aclarar que de esto exceptuamos a las redes sociales, algo que para hacer periodismo nunca tenemos en cuenta. Es un ámbito “anti-periodismo”, que cualquier medio serio no puede ni debe tomar como fuente.

¿Qué pasa?, no pasa nada

Los colegas de medios nacionales se asombran por el cerrojo informativo que existe en Santa Cruz respecto de este tema, que circunda al vicegobernador Eugenio Quiroga.

Fopea, ADEPA, Fundación LED y otras organizaciones de libertad de expresión en el país han levantado la voz, respecto del bozal legal que la justicia en Santa Cruz intenta poner a los medios, para que no se hable de un tema que incluye un escándalo político-personal de (nada menos) que el vicegobernador de la provincia.

En Santa Cruz, todos callan. Vergonzosamente ni siquiera los sindicatos de periodistas, radio y televisión que actúan en la provincia, han sido capaces de expresarse con respecto a esta resolución antidemocrática que emitió una jueza de familia de Caleta Olivia, donde con la excusa de que los medios no hablen ni mencionen a menores y familias, tal como el periodismo profesional sabe y respeta, porque está dentro de las obligaciones inherentes a nuestra función, el verdadero objeto de la pieza legal, mal fundamentada y estructurada, tiene por fin anular cualquier tipo de noticias, análisis y opinión sobre la persona de Eugenio Quiroga. Esto “pasa desapercibido” para la prensa provincial.

Sin embargo, tanto esta resolución, como la urgente licencia que sacó el gobierno para Quiroga, que sorprendió al propio Vicegobernador y fundamentalmente el silencio de los medios provinciales y más aún del sindicato de prensa, en defensa de los propios periodistas de esos medios, hizo que la bola de nieve sea más grande y ha logrado que todo el país hable del tema y seamos solo dos medios provinciales OPI y Fm News los que llevamos adelante la tarea de despejar las nubes que arman desde el Ejecutivo provincial y los trolls del intendente Cotillo y La Cámpora que actúan en las redes tratando de destruir la verdad.

La tarea periodística seria y bien fundamentada, en estas circunstancias, es fundamental para desarmar las operaciones que montan los sectores encargados de defender al gobierno y también es importante para dejar al desnudo (una vez más) quién es quien en los medios de Santa Cruz.

Ayer, un colega amigo de un medio nacional me preguntaba por “el miedo” que sentirían algunos de hablar, como si viviéramos en el planeta Marte. Nosotros nos encargamos de explicarles claramente que no se trata de miedo, sino de cuidar el bolsillo. 

Lo peor de esto es que, esos mismos periodistas que hoy se  autosilencian y callan ante un atropello de una jueza sobre la actividad libre que debemos ejercer en democracia, son los mismos que mañana, cuando sus patrones los ponen en la calles, lloran por los rincones pidiendo solidaridad.

Todos cosechamos lo que sembramos. Y en esta oportunidad, cuando una justicia adicta a la política y encubridora de la clase política VIP, manosea a los medios, intenta someterlos, sojuzgarlos y presionarlos para que no molesten a funcionarios corruptos e inmorales, los medios bien constituidos de la provincia, callan y los gremios genuflexos, hacen silencio; y no son para nada inocentes. 

Por eso y no por otra cosa, a esas pseudo organizaciones nadie les da importancia cuando dicen “luchar en defensa de la gente de prensa”. Todo es una ridícula máscara para parecer que se hace, lo que en realidad no les dejan hacer. Es indudable que el gobierno ha logrado, una vez más en Santa Cruz, achatar al periodismo y anular el democrático derecho de informar libremente. (Agencia OPI Santa Cruz)