Nadie debería sin duda ignorar que en el mundo actual existen crímenes repugnantes de todo tipo y que muchos de ellos son cometidos por organizaciones transnacionales, que cuentan para su accionar con frondosas conexiones locales en aquellos lugares en los cuáles actúan. Conexiones que, dicho sea de paso, llegan a desempeñar en ciertos casos observados las más altas funciones en el aparato estatal, mixto y privado de determinado país, formando un tejido criminoso difícil de identificar y enfrentar. Mucho más será lograr que la justicia pueda encausar a ciertos criminales en un debido proceso, hasta llevar a prisión a quienes resulten declarados culpables.  
    Uno de los delitos más aberrantes de nuestra época, sea con fines de esclavitud sexual -muchas veces acompañada de sadismo y muerte de la víctima-, laboral o de cualquier otra índole, es indudablemente el tráfico de personas.
    A menos de un lustro de celebrarse el bicentenario de la abolición de la esclavitud en nuestro país, la Argentina ha quedado bajo la lista de países observados por los EE.UU. por su actitud frente al tráfico de personas.
    El Congreso de los Estados Unidos, exige a la Secretaria de Estado someter este Informe el primero de junio de cada año, en cumplimiento de las enmiendas que se introdujeron al “Acta de Protección de Víctimas de la Trata” (“Trafficking Victims Protection Act” o TVPA por sus siglas en inglés).
    Según fuentes oficiales de la diplomacia estadounidense, los países que poseen un número significativo de víctimas relacionadas con el tráfico (o “trata”) de personas  son designados en una de tres categorías.  

ü      Categoría 1: incluye los países que cumplen con los “estándares mínimos para la eliminación de las formas severas de la trata”, según lo establecido en el TVPA.

ü      Categoría 2: incluye los países que no cumplen plenamente con los estándares mínimos, pero que están haciendo grandes esfuerzos para cumplir con estos estándares.

ü      Categoría 3: incluye los países que no cumplen con los estándares mínimos, ni hacen esfuerzos significativos para alcanzarlos.

 

La Lista de Observación de la Categoría 2 consiste en los países que:

 

ü      No han hecho “esfuerzos significativos” en el último año.

ü      Han evitado el renglón de Categoría 3 en base a los compromisos de reformas asumidos en contra de la trata en el transcurso del último año, o

ü      han tenido una cantidad muy significativa de víctimas del tráfico o un porcentaje creciente de víctimas.

 

    Los países que han sido clasificados dentro de la Categoría 3, quedan sujetos a restricciones estatutarias para el año fiscal siguiente, en lo que se refiere a asistencia extranjera no humanitaria, y asistencia no relacionada con el comercio. Además, el Presidente de los Estados Unidos podría instruir a los directores ejecutivos estadounidenses en las instituciones financieras internacionales para que se opongan al otorgamiento de préstamos, o a otro uso de fondos por parte de estos países, con excepción de aquellos que sean humanitarios o estén relacionados con el comercio o ciertos tipos de asistencia para fines de desarrollo.

    El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América acaba de publicar a principios del mes de junio de 2007 su séptimo “Trafficking in Person Report” (“Informe sobre Tráfico de Personas”), en el que nuestro país quedó clasificado dentro de la “Lista de Observación de la Categoría 2”.

    En una carta introductoria, la Secretario de Estado Condoleeza Rice afirma que dicho informe documenta los esfuerzos que efectúan gobiernos extranjeros para prevenir el tráfico de personas, perseguir a los criminales y proteger a sus víctimas. Asimismo, que el documento prueba los lugares más obscuros donde se comete este tipo de crimen, llamando la atención de algún país, amigo o enemigo, que no está haciendo lo suficiente para combatir el tráfico de seres humanos.


La heroína argentina del informe

    Sara Susana del Valle de Verón -ciudadana argentina- cuya fotografía aparece publicada en el documento del Departamento de Estado, figura en la galería de héroes que actúan para terminar con la esclavitud de hoy en día (“Heroes Acting To End Modern-Day Slavery”), resaltándose su condición de “cruzada indomable” contra el tráfico de personas.
    Se destaca asimismo que esta madre se sumergió en situaciones peligrosas, disfrazándose de prostituta para buscar a alguien que pudiera conocer el paradero de su hija desaparecida.

 

 

Sara Susana del Valle de Verón

(Foto en Informe, Pág. 42)

 

    El Informe menciona que a pesar de pistas falsas y amenazas de muerte, la Sra. de Verón puso al descubierto redes de tráfico de personas operando en las provincias de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz. También, que como resultado de su trabajo valeroso, acompañando a la policía en redadas que culminaron con el arresto de 24 traficantes sospechosos, tres de los cuales fueron formalmente acusados, fueron rescatadas de la esclavitud cien mujeres jóvenes.

    Sara Susana del Valle de Verón había sido ya distinguida como una de las 10 “Mujeres Valientes” alrededor del mundo honradas por el Departamento de Estado de los EE.UU. en marzo de 2007.


Las referencias sobre la argentina

    Debido a la extensión de las menciones a la Argentina (dieciséis en total) en el “Informe sobre Tráfico de Personas” 2007 del Departamento de Estado, resulta necesario resumir sus partes medulares:

 

Con referencia a los delitos

 

ü      Argentina es fuente, tránsito y país de destino para hombres, mujeres y niños traficados para el propósito de explotación sexual comercial y fuerza de trabajo.

ü      Muchas víctimas son traficadas dentro del país desde áreas rurales a urbanas para explotación en prostitución.

ü      Mujeres y niñas argentinas también son traficadas a países vecinos y Europa Occidental para explotación sexual. Asimismo, y primariamente desde Paraguay y Brasil, también son traficadas a la Argentina y Europa Occidental para explotación sexual comercial.

ü      Bolivianos y peruanos son traficados a la Argentina para “trabajos forzados” en fábricas o campos de agricultura donde se explota a los obreros.

ü      Los casos informados de tráficos de personas se han incrementado en la Argentina, lo cual puede deberse al crecimiento del conocimiento público de la cuestión, como también al alto número de inmigrantes en el país; algunos de los cuales son vulnerables a ser traficados.

 

Con referencia al Gobierno Nacional Argentino

 

ü      El Gobierno de la Argentina no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico (de personas); sin embargo, está haciendo esfuerzos significantes para eso. La Argentina permanece por segundo año consecutivo en la “Lista de Observación de la Categoría 2”, según la clasificación ya mencionada, por su fracaso en mostrar evidencia de incremento de esfuerzos para combatir el tráfico de personas, particularmente en términos de proveer mayor asistencia a las víctimas y poner freno a la complicidad oficial con dicho crimen.

ü   Aclara que aunque hubo momentos a lo largo de los últimos dos años para aprobar reformas comprehensivas contra el tráfico, hay anteproyectos de leyes  todavía pendientes en el Congreso Argentino.

ü      La sobrecarga del sistema judicial criminal de la Argentina también aminora los esfuerzos del gobierno argentino para perseguir a los traficantes de seres humanos.

 

Exigencias del Informe

 

    El Informe 2007 exige a la Argentina el cumplimiento de los siguientes puntos en los años por venir:

 

ü      Promulgar e implementar una muy necesaria ley contra el tráfico de personas.

ü      Intensificar y agilizar los esfuerzos de procesamiento contra traficantes.

ü      Incrementar el entrenamiento antitráfico para jueces y policía.

ü      Proveer mayor asistencia a las víctimas.

ü      Hacer mayores esfuerzos para investigar, procesar y condenar a los funcionarios públicos que faciliten el tráfico de personas.  

 

    El Informe menciona en duros términos la complicidad de funcionarios públicos argentinos en el tráfico de persona. Hace hincapié en un caso notorio que involucraba a bolivianos explotados en fábricas de Buenos Aires, en el que dos sospechosos fueron sobreseídos de los cargos, por razones técnicas judiciales. Asimismo -siempre según el documento del Departamento de Estado-, existen informes creíbles que indican que funcionarios oficiales de la autoridad competente intimidaron algunos de los testigos o les ofrecieron sobornos para cambiar sus testimonios. Además, que ha sido informado sobre la corrupción generalizada y la connivencia de funcionarios con los traficantes a nivel provincial y local, consideradas un serio impedimento para llevar adelante casos judiciales.

    Se reconoce no obstante que el gobierno argentino ha incrementado el entrenamiento antitráfico para funcionarios judiciales y del orden público, incluyendo el área crítica de la Triple Frontera con Brasil y Paraguay. Por otra parte, admite también que el gobierno actual ha tomado el liderazgo dentro del Mercosur para una campaña de prevención contra el tráfico de seres humanos, conduciendo otra a nivel nacional contra el trabajo de los niños.
    El cuadro siguiente corresponde a nuestro país:

 

 

Cuadro de Categorías 2001/2007

Informe 2007 del Departamento de Estado (Pág. 57)

 

    Resulta en consecuencia vital exigir a las autoridades nacionales y provinciales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y a toda la dirigencia política, cultural y social de nuestro país, que se respete y promueva debidamente el cumplimiento de las normas internacionales en cuanto al tráfico de personas se refiere.

    Podrá así tal vez evitarse en un futuro -que no debería pasar de próximo-, la vergüenza que significa constatar la inserción de la República Argentina en una lista de países observados, gracias a no haber hecho esfuerzos importantes en el último año contra el tráfico de personas, o que “han tenido una cantidad muy significativa”  o un “porcentaje creciente de víctimas” de tales flagrantes delitos.

    Si en otros países del llamado “primer mundo” sucede a veces lo mismo, aunque tal vez con formas más encubiertas, ello no puede constituir excusa alguna para que la Argentina  no cumpla con sus obligaciones internacionales, e incluso pueda exigir lo mismo a quienes en este momento “pontifican” sobre cómo combatir semejante flagelo.

 

Horacio Calderón
Experto en Medio Oriente y Africa del Norte
Especialista en Contraterrorismo