Cuando los procesos se tornan opacos y la desconfianza comienza a operar en las mentes de las personas la certidumbre en la ciencia y en el método científico comienza a perder popularidad.

La falta de información y las conclusiones que no terminan de confirmase sumado al secretismo de muchos burócratas que generan órdenes de compras millonarias con los laboratorios que desarrollan vacunas contra el Sars-CoV-2 y sus efectos terminan por explicar la razón por la que un tercio de la población mundial no quiere vacunarse.

Una reciente encuesta mundial realizada por Gallup indica que el 32% de los adultos, 1.300 millones de personas, se hallan reacias a vacunarse.

Pero lo anterior representa los efectos sociales acerca de una tendencia que se verifica en la Argentina pero que no es patrimonio único de nuestro país.

Por el contrario, las prácticas oscurantistas en torno a la difusión pública de los ensayos y de los contratos por vacunas con los principales laboratorios del  mundo se han convertido en pandemia con la excepción de unos pocos estados que dan el ejemplo de poner sobre la mesa los documentos que se firman con los laboratorios. EE.UU. es un ejemplo de buenas prácticas.

Sin embargo, el relevamiento realizado por Transparency International, una organización no gubernamental (ONG) que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política entre cuyos trabajos de investigación se destaca el reporte anual del índice de Percepción de Corrupción, y la Universidad de Toronto, arrojó varios resultados preocupantes para que la ciudadanía mundial cuente con información completa y veraz.

El estudio titulado For whose benefit  (¿a quién beneficia?) relevó el desarrollo y la venta de las principales 20 vacunas contra el Covid-19, incluidas las inyecciones de origen chino Sinopharm y CanSino y el fármaco de Oxford/AstraZeneca que tienen presencia en nuestro país, y repasó la información existente de cerca de 200 contratos firmados para la venta de vacunas hasta fines de marzo de este año.

Los resultados son desalentadores. Algunas de las conclusiones afirman que, del análisis de los 86 ensayos clínicos registrados para los 20 principales productos farmacéuticos se habían notificado sólo el 45% de los resultados de estos ensayos.

De esta cifra, el 41% proporcionó los resultados más importantes a través de un comunicado de prensa o en una conferencia de prensa, sin volcar los datos completos de los ensayos en revistas especializadas o en reseñas académicas para someterlos al escrutinio de otros profesionales.

Ese es uno de los reproches que se realiza, desde la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), al Instituto Gamaleya productor de la vacuna Sputnik V.

Esta tendencia de presentar resultados científicos, que debieran ser indubitables, a través de comunicados de prensa, ha recibido el reproche de la ONG y los académicos canadienses quienes han alertado acerca de los peligros de ofrecer resultados científicos parciales a través de boletines de difusión.

Transparency International (TI) afirma que esta tendencia de mezclar la ciencia con la opinión pública a través de voceros y comunicados sin realizar explicaciones profundas acerca de los métodos para desarrollar fármacos permiten a las empresas secuenciar los comunicados informativos junto con los movimientos  bursátiles de los que participan muchas de ellas, obteniendo una hipotética oportunidad de obtener beneficios económicos privados.

Otro de los puntos relevados que ponen en duda el proceso de ensayos de vacunas en fases es que sólo se publicaron un 12% de los protocolos realizados. No hubo protocolos publicados para el 88% de los ensayos clínicos analizados por lo que los investigadores no encontraron la forma de conocer las condiciones en las que se llevaron a cabo.

Para Jonathan Cushing, director del programa de Salud Global de Transparency  International, “estos resultados son preocupantes y tienen importantes implicancias no sólo para la respuesta al Covid-19, sino también  para futuras emergencias sanitarias. La falta de transparencia de muchos ensayos clínicos, combinada con los  enormes incentivos financieros para producir tratamientos eficaces, deja la puerta abierta a la información selectiva de los  resultados y a la manipulación directa de los datos. Todo esto lleva a que se generen en el público un espacio para verdades a medias, engañosas y potencialmente peligrosas que  producen desinformación y teorías conspirativas, que  a su vez contribuyen a la indecisión sobre las vacunas”.

La información oculta de los  contratos entre laboratorios y  estados es la regla y no la excepción.

El trabajo analizó 183 contratos para 12 vacunas firmados por gobiernos alrededor del mundo. De  los contratos publicados, la mayoría incluyen ediciones importantes en la información clave, como por ejemplo, el precio de cada dosis pagado por cada país y los planes de entrega de los productos.

Precisamente dos de los puntos donde los diputados de la oposición en la Argentina buscan echar luz teniendo en cuenta la escasa información existente acerca de los acuerdos alcanzados por la administración de Alberto Fernández con laboratorios de origen ruso, chino, y con AstraZeneca. La cuestión por la ausencia de acuerdo con Pfizer/BioNTech y las cláusulas contractuales que impiden acercar a las partes merecen un libro aparte.

Estas lagunas informativas que surgen en muchos países democráticos con leyes que avalan el acceso a la información pública es una tendencia que sólo evitó la República Dominicana, único país que publicó el contrato sin información oculta. La mayoría presenta páginas enteras tachadas que ocultan información fundamental.

El reporte revela que sólo el 7 % de los contratos entre desarrolladores y gobiernos se publicaron por canales oficiales.

El escaso 7 % de información publicada de manera oficial representan 11 contratos firmados por el Reino Unido, Brasil, EE.UU., República Dominicana, que lo hizo sin tachaduras, y el bloque de la Unión Europea. Los cinco citados firmaron varios acuerdos con laboratorios y no todos fueron publicados. Estados Unidos fue la única nación que dio a conocer formalmente los 6 contratos  que firmó a la fecha.

La ausencia de escrutinio público en una cuestión tan importante para todas las sociedades puede generar un proceso de despilfarro y corrupción de los fondos públicos. Lo que resulta en menos productos para salvar y proteger vidas.

La transparencia que se pide proporciona información vital para conocer los precios por dosis que puede garantizar que los fondos públicos se gasten de la manera más eficaz posible.

Los funcionarios de los gobiernos pueden mejorar su comprensión de los procesos de compra; la sociedad civil y los periodistas pueden monitorear el proceso para identificar irregularidades e investigar posibles actos de corrupción y los legisladores pueden representar al pueblo monitoreando los detalles de los  acuerdos generando una supervisión adicional, sana para los procesos de compra de insumos, en medio de una pandemia.

Con la pobre información hallada el reporte enseña que  existe una “notable variabilidad en los precios de las vacunas. Algunos compradores pagan más de lo que se espera en comparación con el PBI per cápita de sus respectivos países”.

Por ejemplo, Sudáfrica, que posee una renta media, están pagando por la vacuna desarrollada por Oxford/AstraZeneca, un 25 % más por dosis que lo que pagan los países de la Unión Europea con una renta alta de ingresos.

Para los investigadores de la Universidad de Toronto “lo que hemos visto, no sólo en el caso de la vacuna contra el Covid-19, es que, en la mayoría de los casos, las naciones pobres tienden a pagar más por productos de las farmacéuticas que los países ricos a causa de  la completa falta de transparencia en los  precios. También influye que los países de mayor ingreso invierten en investigación y desarrollo, lo que puede abaratarle los costos. Por ejemplo, la Unión Europea consigue la vacuna de Pfizer/BioNTech, desarrollada en Alemania, a un precio más favorable que en los Estados Unidos, y que éstos compren las dosis de Moderna, subsidiada por el estado norteamericano, más barata que los europeos”.

Además, las polémicas cláusulas de indemnización en los contratos, sugieren que los laboratorios están presionando a los gobiernos a tomar grandes riesgos financieros a expensas de los desarrolladores de vacunas. Una de las razones por las que las vacunas son autorizadas como uso de emergencia.

Jonathan Cushing de TI expresó preocupación acerca de este punto porque “muchos países como Argentina y México, están firmando cláusulas de responsabilidad e indemnización, lo que significa que, por ejemplo, en casos de efectos secundarios, los gobiernos nacionales asumirán la responsabilidad y los costos de responder a este tipo de demandas, en vez de los fabricantes”.

Finalmente el trabajo concluye con una serie de recomendaciones para mejorar la transparencia e impulsar la confianza del público en la inoculación contra el coronavirus.

Uno de los puntos señalados es que los gobiernos adopten y hagan cumplir la legislación que requiera el registro previo de todos los ensayos clínicos y  la publicación de los resultados resumidos en un  plazo de 12 meses tras su finalización. Y, que todos los estados importadores y compradores de vacunas sigan el ejemplo de Estados Unidos y hagan públicos sus contratos. Al igual que imiten a República Dominicana que los publicó sin tachaduras ni cláusulas ocultas.

Y, una vez más, se pide a los desarrolladores de vacunas que publiquen los resultados de los ensayos clínicos, junto con el análisis de datos, en una revista médica que permita la revisión de la comunidad científica mundial.