En la vorágine de los múltiples problemas que envuelven a la Argentina, la corrupción parece que se ha corrido del centro de la escena. Durante los últimos años, atrajo la atención de la opinión pública como consecuencia de una serie de denuncias cruzadas, investigaciones judiciales (muchas de las cuales continúan) y algunos episodios condenables y patéticos, como la imagen de José López escondiendo sus famosos bolsos en un convento.

Según datos de D’Alessio IROL – Berensztein, la impunidad de la corrupción kirchnerista ocupa el sexto lugar (51%) entre los 10 temas que más preocupan a los argentinos, compartiendo esa posición con la falta de propuestas para lograr el crecimiento económico. Se ubican por debajo de la inflación, la incertidumbre económica, la inseguridad y el coronavirus (el temor a la enfermedad y las consecuencias económicas).

Los votantes de Juntos por el Cambio le otorgan a la cuestión de la corrupción una importancia relativa mayor. Para ellos, la impunidad de la corrupción kirchnerista ocupa el tercer lugar (85%), compartido con la inseguridad. A su vez, entre los votantes del Frente de Todos aparece la impunidad de la corrupción macrista en un cuarto lugar (50%). Llamativamente, entre los 10 temas que más preocupan a los votantes del oficialismo también aparece la impunidad de la corrupción kirchnerista (20%).

En resumen, aunque la corrupción sigue siendo una cuestión de interés para los argentinos, hoy predominan otros problemas, principalmente aquellos vinculados a la crisis económica, el aumento de los precios, la pandemia y la inseguridad. El tema tampoco está presente en la agenda política y no hay verdaderos proyectos de reforma pro-transparencia impulsados desde el gobierno o desde la oposición. De hecho, tampoco los hubo en el pasado: cuando la preocupación por la corrupción se encontraba en su cúspide, la política no mostró un interés genuino por avanzar en reformas institucionales que garantizaran la transparencia y erradicaran los manejos espurios que caracterizan a la Argentina.

No lo hizo el gobierno de Cristina Kirchner: reformas en esta dirección (no por convicción, sino por interés político) hubiesen permitido borrar, al menos parcialmente, las manchas autoprovocadas por la corrupción K. Sin embargo, cuando las pruebas de casos de corrupción empezaron a aflorar (algunas irrefutable y admitidas por los propios protagonistas, como el caso de los Cuadernos o la confesión de culpabilidad de Ricardo Jaime) el kirchnerismo prefirió arremeter contra los medios y la justicia.

Tampoco lo hizo el gobierno de Mauricio Macri: a pesar de que Cambiemos llegó con la promesa de transparentar la administración pública, lo cierto es que tan solo se dieron algunos pasos tímidos e incluso se adoptaron decisiones polémicas en sentido contrario, como el nombramiento de Laura Alonso al frente de la oficina anticorrupción. Como no era abogada, se modificó vía decreto presidencial los requisitos necesarios para ocupar el cargo y así poder nombrarla. Dicho sea de paso, la Oficina Anticorrupción se trata de un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que no tiene autarquía ni autonomía del Poder Ejecutivo. En los hechos, resulta imposible que adopte una posición independiente al poder de turno.

Por el momento el gobierno de Alberto Fernández tampoco impulsa una agenda de reformas destinadas a garantizar una mayor transparencia en la administración pública. Por el contrario, decidió avanzar de manera unilateral en una reforma de la justicia federal (encargada de investigar la corrupción del gobierno nacional) e intenta modificar la mayoría calificada que se requiere para nombrar al Procurador General.

Algunas organizaciones de la sociedad civil muestran el interés y la iniciativa que no exhibe la política. Recientemente, el “Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia” (FORES), una ONG creada hace 45 años para mejorar el sistema judicial, confeccionó un documento que estudia la corrupción en Argentina para el periodo 2009-2021. Dicho documento, que lamentablemente pasó casi inadvertido para la opinión pública, fue elaborado para el “Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción” (MESICIC), mecanismo anticorrupción de la OEA.

Según FORES, en la República Argentina existe un sistema disfuncional donde la realidad no corresponde con el mundo del derecho y existen serios problemas en la implementación de las normas anticorrupción. El país tiene un sistema normativo aceptable para combatir y reprimir la corrupción. El gran problema es que este no se cumple. Por el contrario, sea en forma deliberada, o por omisiones y negligencias, lo que termina prevaleciendo es un sistema funcional a la corrupción.

Específicamente, la investigación de FORES identifica ocho problemas que sirven para comprender la actual situación de la justicia y la corrupción en Argentina: la falta de estadísticas actualizadas y la inconsistencia de los datos existentes; la obstrucción de acceso a la información pública por órganos del Poder Ejecutivo; las demoras en las causas de corrupción, que son funcionales a la impunidad; la falta de elementos tecnológicos, humanos y de infraestructura; las amenazas institucionales (como la amenaza para modificar la Corte Suprema sugerida por una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo); la interferencia de la política en la Justicia; la eliminación de normas que prohibían la corrupción (en el último tiempo se han dictado normas que excluyen la aplicación de normas preventivas); y la falta de condenas.

Como consecuencia, el país vive en un gigantesco estado de sospecha permanente, donde los funcionarios o exfuncionarios no son condenados, pero tampoco declarados inocentes. De las recomendaciones que el MESICIC hizo al Estado argentino en el año 2009, FORES no logró comprobar el cumplimiento de ninguna, ya sea porque efectivamente no se avanzó en tal sentido o porque no existe información pública que permita certificarlo.

El panorama es preocupante, sobre todo considerando que una solución real para estos problemas no se encuentra presente en la agenda de la política. En algún momento la Argentina deberá dar un debate sincero y enfocar sus esfuerzos en establecer reglas de juego claras, erigir instituciones que sirvan para garantizar la transparencia y reconstruir un sistema judicial, hoy muy desprestigiado, para que brinde respuesta de forma rápida y efectiva.